Huelva
Puñetazos y patadas: la UE señala malos tratos en las cárceles de Huelva, Algeciras y Puerto III

Bofetadas, puñetazos, golpes con porras, patadas y falaka (método de tortura que consiste en golpear la planta de los pies con porras), son algunas de las violencias que se producen en las cárceles del Estado Español denunciadas por el último estudio del Comité para la Prevención de la Tortura de la Unión Europea.

El informe recoge las denuncias en centros penitenciarios entre enero de 2024, año en el que se produjeron 281 denuncias, y el primer trimestre de 2025, en el período se recogieron 81 denuncias. Este estudio de la UE “demuestra una tendencia al alza” ya que en tanto en 2023 como en 2022 se produjeron menos denuncias de este tipo: 262 y 247 respectivamente.

“Si no se pueden monitorizar las agresiones puede pasar de todo”, expone el activista anti tortura Jorge del Cura sobre la falta de registro de muchos casos de malos tratos en las cárceles.

Este informe pone especial foco en los tres centros penitenciarios donde más se han recogido estas agresiones en todo el territorio, los tres son andaluces: Huelva (20 denuncias), Algeciras (17) y Puerto III (16). Estas tres instituciones concentran más del 14% de todas las denuncias cometidas en los 70 centros penitenciarios del Estado español.

La cárcel de Huelva, “un agujero negro”

Un interno en silla de ruedas entrevistado por la delegación del Comité antitortura denunció que el 22 de febrero de 2025 “un grupo de funcionarios de prisiones entró en su celda y procedió a proponerles golpes con porras en la cabeza y el torso, así como patadas en la pierna” , la agresión se produjo tras que el prisionero anunciara su intención de autolesionarse.

Otro preso en la prisión onubense denunció ante el comité de la UE que el 7 de agosto de 2024 “tras ser escoltado a la sala de registros del Módulo 16 esposado a la espalda fue objeto de una serie de insultos homófobos tanto verbales como físicos por parte de los funcionarios de prisiones”. La supuesta agresión incluyó: bofetadas en la cara, puñetazos en el pecho y golpes con una porra en las nalgas y la parte posterior de las piernas. Un certificado médico del mismo día corrobora las lesiones.

Estas son dos de las denuncias que recoge el informe elaborado por la UE. La respuesta del Gobierno acerca del episodio de febrero de 2025 es que “las lesiones que constan en el informe médico del interno. difícilmente encajan con el relato de hechos que se recoge en el informe de elevación de Jefatura de Servicios” y que la actuación está siendo objeto de una investigación aún en proceso. También expone que no se visionaron las cámaras ni extrajeron las grabaciones de las imágenes que pudieran existir.

“La cárcel de Huelva es un agujero negro, es muy complicado saber lo que pasa en el informe anterior, en 2020, la CPT ya dijo que llegaba información conflictiva que era muy difícil de contrastar”, expone Jorge de la Cura, activista contra la tortura y Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. El último informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, órgano perteneciente al Defensor del Pueblo, en 2025 expuso acerca de la cárcel onubense que el centro penitenciario no había cumplido con lo exigido en una visita en 2021 “ dotar a los centros de cámaras fotográficas o dispositivos análogos que permitan la captura de fotografías o imágenes de las lesiones”.

En la visita que el organismo estatal realizó en 2021 tras la petición del Comité antitortura de la UE que visitó el enclave en 2020, el MNP elaboró una serie de indicaciones que fueron rechazadas por el CP Huelva como eliminar las concertinas y mallas en los patios del módulo de régimen cerrado, cubrir las vacantes de funcionarios, especialmente de facultativos médicos o que se dicten las ordenes oportunas para que se tomen fotografías de las lesiones. Del Cura recuerda “si no se puede monitorizar las agresiones puede pasar de todo”.

Según el sindicato CSIF la cárcel de Huelva alberga actualmente a 1.350 personas, un 134% más de su capacidad. En 2022 los sindicatos Acaip y UGT ya denunciaban que “el centro penitenciario de Huelva vive uno de los peores momentos de su historia” y que tenía un déficit del 50% de los trabajadores sanitarios que se necesitan para la asistencia.

Puerto III, sin personal médico

El 4 de marzo de 2025, según alega a la comisión un interno de la cárcel Puerto III, tras pedir en varias ocasiones tabaco y “en vista de su estado de agitación, un grupo de diez funcionarios de prisiones entró en su celda, lo inmovilizó y procedió a agredirlo físicamente con puñetazos, patadas, golpes de porra incluso en la planta de los pies mientras yacía en el suelo esposado”.

El informe del MNP de 2024 exponía que en el Puerto III hay un déficit del 67% en personal médico

El certificado médico emitido ese mismo día confirma las heridas que le produjo la supuesta agresión. La respuesta del Gobierno español a este caso expone que la “agitación y violencia” del interno provocó que se “ordenara la intervención con uso de fuerza”.

El informe señala que además de las agresiones físicas se produjeron en el período de estudio en el centro penitenciario del Puerto III 348 medidas de aislamiento, y en aproximadamente el 29% de los casos, por un período de 10 a 14 días. El informe del MNP de 2024 exponía que en el Puerto III hay un déficit del 67% en personal médico.

Es bastante habitual en la prisión de Puerto III que los presos se quejan de la retirada de su medicación. La falta de personal sanitario afecta a toda la prisión pero se ceba especialmente con las personas más vulnerables”, expone Marta Hornos, responsable de Cárceles en la Apdha.

Algeciras, una de las cárceles con mayor mortalidad

Una interna de la prisión de Algeciras, según expone el informe del comité de la UE, denunció que el 8 de diciembre de 2024 al “mostrar signos de agitación aparentemente debido a su solicitud de medicación” un grupo de “seis funcionarios de custodia entraron en su celda y la golpearon varias veces con una porra en las piernas”. Posteriormente como indica el informe fue trasladada a una celda de aislamiento.

El certificado médico posterior indicaba la presencia de varios hematomas en las piernas “compatibles con las medidas de sujeción aplicadas”. La respuesta del Gobierno español sobre este caso es que “ante la imposibilidad de mantener con ella una comunicación normal, la incoherencia de su discurso y la agresividad con la que se le enfrentaba decide la intervención con uso de fuerza física personal y defensas de goma”.

En 2022 el Defensor del Pueblo realizó una visita al centro penitenciario Botafuegos-Algeciras en el que expuso entre distintas cuestiones la deficiencia en el registro de las denuncias de malos tratos así como que muchas de las denuncias de internos realizadas durante 2020 no estaban anotadas en el Libro de Registro de Quejas de Malos Tratos de la institución.

 “Hay una opacidad absoluta que suele venir por la existencia de descontrol de algunos espacios, lo que genera impunidad”, expone Marta Hornos, portavoz de Cárceles de la Apdha.

Otro de los focos era la preocupación por la desaparición de la unidad de apoyo a drogodependientes y a la atención a la salud mental. La cárcel de Algeciras es uno de los centros donde más muertes a causa de suicidio y sobredosis se registran en todo el Estado español. Según el sindicato ACAIP entre 2018 y 2024 al menos 34 reclusos habían fallecido en el centro a causa de sobredosis o suicidio. En 2025 se produjeron 4 fallecimientos por sobredosis en este Centro penitenciario y el pasado marzo según fuentes policiales varios internos murieron al consumir drogas impregnadas en cartas.

Impunidad y silencio

“La práctica de la tortura en los espacios de privación de libertad en el estado español, en especial las prisiones, preocupan a todos los organismos internacionales”, sostiene Hornos, que añade que se conoce muy poco al respecto “Hay una opacidad absoluta que suele venir por la existencia de descontrol de algunos espacios, lo que genera impunidad”.

Según la portavoz de la Apdha es muy difícil que las internas e internos denuncien este tipo de situaciones: “En la mayoría de los casos no llegan a plantear denuncia ante el juzgado de guardia por miedo a las represalias y a que no confían en que la denuncia prospere, pues en la mayoría de las ocasiones estas denuncias son archivadas, sobre todo si no van acompañada de un parte de lesiones que corrobore el relato y en muchas ocasiones, es difícil obtenerlo”.

En el caso de que la persona agredida consiguiese denunciar y que prosperase no se asegura que se realice una investigación exhaustiva como expone Del Cura “los jueces de instrucción generalmente piden información a los centros penitenciarios y con eso mismo archivan la denuncia”.

La tendencia al alza de este tipo de denuncias corresponde según el activista a un contexto “de mano dura cada vez más fuerte, se han olvidado de la inserción” y que esta violencia se encuentra muy legitimada dentro de la sociedad “el 99% de las películas y series de policía son una apología a la tortura y los malos tratos”. Y además añade “es muy difícil cambiar esto, no hay voluntad política, se niega la existencia de estas torturas o se minimiza”.

Hornos pone el foco en señalar en la falta de funcionamiento de los protocolos “Faltan mecanismos efectivos e independientes de control: el Mecanismo Nacional por ejemplo no entra a investigar casos concretos y el Defensor del Pueblo se inhibe afirmando que es un tema judicial”.

Según el informe SPACE I 2025 del Consejo de Europa los centros penitenciarios tienen una de las tasas de suicidios más elevadas de toda EU, con una media de 7,5 por cada 10.000 internos. En las prisiones españolas además se cumplen de las condenas más altas, una media de permanencia de 20 meses, muy superior al promedio europeo de 8,8 meses.