Cárceles
Trabajo en prisión: la cadena invisible

“Llevo años trabajando, antes estaba en la cocina. Un día vino una pedagoga y nos preguntó si teníamos permisos de salida; dijo que les faltaban trabajadores en un taller fuera y que allí pagaban 700 euros al mes. No me lo pensé ni un segundo. Me dieron una jornada de formación en riesgos laborales de carpintería y otra de serrería, y enseguida me pusieron a trabajar”. Dani, que prefiere usar un nombre ficticio para este reportaje, es un preso que trabaja en el Taller de Raïmat del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) en Catalunya. Se trata del único taller productivo exterior con mano de obra carcelaria en España.

La primera nómina borró de golpe sus expectativas: 280 euros, muy lejos de los 700 prometidos. Le explicaron que era lo normal, que como operario sin experiencia empezaba abajo y que con el tiempo el sueldo iría subiendo. Tres años después, su salario apenas llega a 350 o 400 euros brutos al mes por una jornada de seis horas diarias, cinco días a la semana. Son entre 2,90 y 3,30 euros brutos por hora.

El discurso oficial presenta a España como un modelo de reinserción, y el empleo de internos luce como herramienta clave de ese éxito. En 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que ocho de cada diez exreclusos logran reinsertarse. Es una baja reincidencia —cuestionada por criminólogos y ONG— que atribuye a la política penitenciaria basada en la reinserción.

En la práctica —según denuncian internos, abogados y asociaciones de derechos humanos—, durante la condena los reclusos se convierten en mano de obra barata. Junto a otros factores ese es un factor que atrae incluso a empresas extranjeras.

En 2024, Civio, una fundación independiente que promueve la transparencia, recopiló datos que coinciden con la información facilitada por el sindicato Comisiones Obreras. Cerca de 300 compañías privadas recurren a la mano de obra carcelaria en España. Respecto a 198 de ellas se conoce el número de internos asignados a las tareas que realizan para estas compañías. Según estos datos, aunque las empresas extranjeras son pocas, concentran nada menos que el 34% de esta mano de obra. La mayoría de ellas pertenecen a grupos alemanes y franceses, dos países donde el trabajo penitenciario enfrenta mayores barreras. En Francia, a diferencia de España, el “pago por pieza” está prohibido desde 2009; en Alemania, desde 2014, existe un sindicato impulsado por los propios internos, una iniciativa que en España aún no tiene equivalente.

El Decreto que regula la relación laboral de los penados solo marca que el salario no debe ser inferior al 50% del SMI. Según Cutiño Raya, en realidad suele oscilar entre 280 y 400 euros brutos al mes

En España, como en otros países europeos, el trabajo en prisión se divide en dos grandes áreas. Por un lado, servicios de mantenimiento (o talleres de servicios internos): cocina, lavandería, limpieza, peluquería, economato. Son tareas básicas para la vida diaria tras los barrotes. Por otro están los talleres de producción. Allí se fabrican mesas y sillas para escuelas públicas, uniformes para funcionarios —incluidos los guardias de prisiones—, ropa para internos oproductos para empresas privadas como piezas de motores, cables eléctricos o envases ecológicos. Catalunya añade los servicios exteriores: internos del tercer grado que trabajan fuera de la cárcel en traslados, limpieza forestal o mantenimiento y reparación de infraestructuras públicas.

Según estimaciones del Ministerio del Interior, en 2023 (a falta aún de cifras oficiales para 2024) había unos 57.000 presos en el país. De ellos, cerca del 27% trabajaba en talleres productivos, donde parte de la actividad se destina a empresas privadas. La cifra incluye Catalunya y el resto del país, pero no el País Vasco, que no facilita estos datos.

La gestión del trabajo penitenciario recae en tres organismos: CIRE en Cataluña, Aukerak en el País Vasco (desde 2021) y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) en el resto del Estado. Son ellos quienes firman los contratos con las empresas: los presos no tienen vínculo legal con quienes se benefician de su trabajo.

“La ausencia total de responsabilidades jurídicas es solo uno de los factores que atraen a esas empresas. Hablamos de un contexto en el que, además, la administración penitenciaria facilita toda la infraestructura; no existen conflictos laborales; no hay obligación de negociar colectivamente las condiciones y la mano de obra resulta muy barata”, explica el profesor Santiago Cutiño Raya,responsable de la Unidad de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y miembro de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Opacidad sobre los salarios

Entender cómo y cuánto se paga a los reclusos en España es, según coinciden internos, abogados y ONG, un auténtico rompecabezas. El Real Decreto que regula la relación laboral de los penados solo marca una referencia: el salario no debería ser inferior al 50% del SMI. Según Cutiño Raya, en realidad suele oscilar entre 280 y 400 euros brutos al mes. El resto —baremos, fórmulas de cálculo y sistemas de pago— queda en manos de los organismos que gestionan el trabajo penitenciario. Y ahí las diferencias son claras: mientras que el TPFE prioriza el “trabajo efectivo”, en Cataluña se recurre con frecuencia al “pago por pieza”, una práctica prohibida en buena parte de Europa.

“El TPFE paga menos de lo debido alegando que es imposible controlar las horas realmente trabajadas”, explica Valentín Aguilar Villuendas, abogado de Córdoba especializado en derecho laboral. “Según ellos, el trabajo se interrumpe constantemente, por visitas familiares o reuniones con sus letrados. Una lógica absurda, cuando cada movimiento en prisión se registra escrupulosamente”.

En Cataluña, como explica la también abogada Laura Rodríguez Murciano, en pago por pieza, en lugar de nóminas, “los internos reciben hojas con un número de producción que ni yo, abogada laboralista, entiendo. Muchos me dicen que han producido más de lo registrado y sienten que deberían haber sido mejor remunerados”.

“Muchas veces los presos no saben para qué empresa trabajan, e incluso nosotros, al presentar la denuncia, tampoco lo averiguamos. Es todo muy opaco”, subraya la abogada Rodríguez Murciano

A veces los presos recurren a los juzgados para denunciar salarios o despidos, pero en lo salarial es casi imposible rebatir el criterio del “trabajo efectivo”. Como explica Aguilar Villuendas, los jueces alegan que no hay pruebas de las horas trabajadas. En despidos, lo máximo que suele lograrse es la nulidad del cese —que obliga a readmitir—, aunque a menudo la sentencia llega cuando el interno ya está en libertad, y en cualquier caso la parte demandada nunca son las empresas, sino el TPFE o el CIRE. “Muchas veces los presos no saben para qué empresa trabajan, e incluso nosotros, al presentar la denuncia, tampoco lo averiguamos. Es todo muy opaco”, subraya Rodríguez Murciano.

La información que TPFE y CIRE ofrece al público en nombre de la transparencia resulta más bien limitada. El portal de TPFE menciona 130 acuerdos de colaboración con empresas, mientras que CIRE detalla 122 clientes privados y 63 públicos en su actividad productiva. Los nombres de esas compañías, sin embargo, siguen siendo un tema aparte. Al entrar en los talleres de producción de la prisión de Quatre Camins, en Catalunya, una de las primeras instrucciones dada a los periodistas fue que evitaran que los logotipos comerciales aparecieran en las fotografías. “Algunas empresas prefieren no mostrarse públicamente; todavía pesa mucho el estigma sobre este trabajo”, explica Matilde Fructuoso Ariño, portavoz del CIRE.

Una de estas compañías que prefieren el anonimato es la filial española del grupo francés Cahors.Desde 2019, la multinacional ha multiplicado los planes de despidos en su plantilla en Francia. En Cataluña, en cambio, moviliza de media a 67 presos, frente a 130 trabajadores contratados en sus instalaciones externas.

La comparación con otras empresas de origen francés presentes en cárceles españolas es reveladora: los porcentajes de mano de obra penitenciaria frente a la plantilla fuera son muy altos. Octé Electric recurre en el País Vasco a 168 presos, y tiene 230 empleados fuera. Veripack Embalajes concentra la mayor parte de su mano de obra penitenciaria en Catalunya: 215 internos frente a los 183 empleados que tiene fuera.

Cahors se especializa en distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones; Octé Electric, integrada en un grupo internacional con presencia en Francia y la Republica Checa, produce conjuntos eléctricos y electromecánicos para la automoción, ascensores y energía; mientras que Veripack, filial del grupo Guillin, lidera el sector de envases alimentarios ecológicos. Ninguna de estas tres compañías ha respondido a las preguntas de El Salto. Ni sobre cuántos presos emplean en otros países, ni sobre cuántos exprisioneros han incorporado a sus plantillas en España.

Sin pruebas ni currículum

A Dani le quedan casi dos años antes de cumplir su condena. Poco le importa para qué empresas trabajará en ese tiempo: sabe que, al salir, llamar a sus puertas probablemente no le servirá de nada. El nombre de la compañía no figurará en ningún documento: ni en su vida laboral, ni en el certificado que emite la administración penitenciaria. No tendrá forma de probar el vínculo con la compañía y, mucho menos, de usarlo como carta de presentación para conseguir empleo.

“A pesar de todas las ventajas de las que gozan, estas empresas no tienen ninguna obligación de incorporar a antiguos presos en su plantilla externa”, subraya el profesor Cutiño Raya, quien añade que “y hubiera sido coherente imponer esta exigencia al firmar el acuerdo, sobre todo desde una perspectiva de reinserción”.

Catalina (nombre modificado para este reportaje) es una pedagoga del CIRE que, desde hace siete años, acompaña a internos en la fase de preparación y búsqueda de empleo antes de que terminen su condena. Ella comparte su experiencia: “Muy pocas personas logran un puesto en la misma empresa en la que trabajaban en la prisión. Ocurre, pero es muy raro, y en general el empleo que consiguen después poco tiene que ver con las tareas que realizaban dentro”.

“Lo que se busca son empleados dóciles, que trabajen bien, de manera uniforme y sin causar problemas. Y si, además, son eficaces y quieren acumular horas, mejor todavía”, señala Catalina, pedagoga del CIRE

En los talleres de producción esas tareas suelen ser repetitivas, en cadena o limitadas al ensamblaje de piezas: habilidades difíciles de trasladar a otros empleos. Sin embargo, los responsables del trabajo penitenciario —entre ellos el director del CIRE, Daniel Ortiz i Llargués— insisten en que ese empleo debe entenderse como un programa integral, en el que trabajo, formación y reinserción pesan por igual y se articulan en planes individuales para cada interno. Más allá de competencias transversales, defienden que lo que los presos adquieren realmente son hábitos laborales que, aseguran, muchos no poseen.

“Es cierto que hay personas que carecen de estos hábitos y que necesitan aprenderlos —reconoce la pedagoga Catalina—, pero la mayoría ya han trabajado antes y lo que requieren es una formación concreta. En la realidad, los programas individualizados de formación y reinserción pasan a segundo plano. Lo que se busca son empleados dóciles, que trabajen bien, de manera uniforme y sin causar problemas. Y si, además, son eficaces y quieren acumular horas, mejor todavía”.

Tanto TPFE como CIRE ofrecen planes de formación para internos, centrados en hostelería, gestión documental, soldadura o floristería. En Cataluña, “los cursos son los mismos que imparte el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) fuera de prisión”, explica la responsable de formación del CIRE en CP Quatre Camins. “Al finalizar, los internos obtienen un certificado de profesionalidad validado por el SOC y reconocido en todo el Estado. Este organismo fija también la duración —normalmente tres meses— y el número máximo de alumnos, que suele ser 12, tras una inspección que evalúa condiciones como el tamaño del aula, la ventilación o el mobiliario”.

En 2025, CIRE introdujo además becas de formación de once euros diarios para evitar que los presos tuvieran que elegir, por motivos económicos, entre estudiar o trabajar durante la condena, una medida que su director calificó de pionera. Todavía falta tiempo para evaluar su impacto y si podrá implementarse en el resto del Estado. Por ahora, los internos destacan, sobre todo, la escasez de la oferta formativa que suele ser entre dos o tres tipos de curso por centro penitenciario. “Los cursos te dan una llave: cuantas más llaves tengas, más puertas puedes abrir después”, dice un interno de Quatro Camins,matriculadoen el curso de gestión de datos y documentos. “Llevo cuatro años aquí dentro y en este tiempo hice un curso de camarero y ahora éste. No hay más, y es una lástima. Me gustaría hacer uno de fontanería o soldadura, con eso podría encontrar un trabajo luego”.

Detrás de las cifras

A primera vista, las cifras referentes a la formación en 2024, publicadas por el CIRE, invitan al optimismo: 3.560 presos trabajando, más que los 3.397 que están en formación. Pero al analizar la tipología de formaciones, los datos pierden fuerza. De esos 3.397, solo 342 cursaron formación profesional con certificado oficial del SOC y 618 hicieron una formación no formal (sin que se especifique en qué consiste). La gran mayoría —2.437— realizaron una formación, pero vinculada a la actividad laboral que desempeñan durante la condena y que, en general, se limita a un curso de prevención de riesgos laborales relacionados con el puesto.

La última pata del programa integral, cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de los penados fuera, suele implementarse a través de Re-Incorpora, una iniciativa destinada a los presos del tercer grado, puesta en marcha por la Fundación la Caixa en colaboración con la Generalitat de Catalunya, el Ministerio del Interior y la viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco.

“Evaluamos a la persona en sus competencias transversales y técnicas y le presentamos un itinerario adaptado”, explica Lourdes Dueñas, responsable de la oficina técnica de Re-Incorpora en Barcelona. “Aunque suele empezarse con formación primero y luego inserción, si alguien tiene experiencia laboral, ha estado poco tiempo en prisión, y mantiene hábitos de trabajo, vamos directamente a la búsqueda de empleo. Entonces entrenamos entrevistas, elaboramos el currículum, enseñamos portales de empleo y ofrecemos formación para quienes llegan con una brecha digital importante; lo cual es frecuente, ya sea por tiempo en prisión o por edad de la persona. El programa dura orientativamente un año, aunque algunos necesitan hasta dos años para conseguir trabajo”.

Dueñas reconoce que no puede decir cuántos de los inscritos en Re-Incorpora habían trabajado durante la condena: “No tenemos ese porcentaje, aunque me parece que no es mayoritario”. A veces, detalla esta técnica, “los momentos se superponen: por ejemplo, trabajar en el Taller de Raïmat exige muchas horas, lo que dificulta buscar empleo fuera a través de nuestro programa. Hasta que la persona sigue en el taller, no siempre es posible iniciar el proceso de reinserción al exterior. Depende mucho de lo que cada interno esté haciendo dentro”.

“Para mí, el principal responsable es quien hace la ley que permite todo esto”, afirma la abogada Rodríguez Murciano

Daniadmite que mientras trabaja aprende algo y recibe cierta orientación de los técnicos de reinserción para su futuro, pero asegura que no le da tiempo para buscar otra cosa. De lo que ocurrirá al salir no tiene idea. Mientras tanto, siente que su trabajo realizado tras los muros vale mucho más de lo que refleja su salario. Y allí, dice, está el verdadero problema.

Si se mira desde la perspectiva de un empresario, resulta difícil resistirse a una mano de obra que no representa riesgos, cuesta muy poco y carece de cualquier medio de defensa colectiva. El cálculo económico puede entenderse, pero no justifica vulnerar los derechos más básicos. Y aquí es donde el Estado juega un papel ambiguo: al invocar la reinserción, abre la puerta a abusos.

“Para mí, el principal responsable es quien hace la ley que permite todo esto”, afirma la abogada Rodríguez Murciano. “Al final, las empresas hacen lo que se les permite. Si no hay multas, no hay sanción. Y en nuestro sistema es al revés: solo existen ayudas para atraer a las empresas bajo el pretexto de la reinserción. Evidentemente, ellas tienen su parte de responsabilidad, pero si hubiera una ley clara y se aplicará, esto no ocurriría”, concluye.