Gobierno de coalición
El Gobierno aprueba un proyecto de ley de secretos oficiales con plazos de clasificación de hasta 60 años

Desde el 22 de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una nueva oportunidad para que la Ley de Secretos Oficiales actual, que, con pocos cambios, lleva vigente desde el año 1968 sea sustituida por una Ley de Información Clasificada plenamente democrática. El proyecto de Ley presentado por Félix Bolaños, ministro de la presidencia, es un anhelo antiguo de distintas fuerzas en el Congreso, como PNV, EH Bildu, ERC y los partidos de la galaxia Sumar-Podemos, pero ni en la legislatura pasada ni en la actual ha cobrado el suficiente vuelo como para pasar de ser un anuncio a un capítulo en el Boletín Oficial del Estado. 

De momento, el proyecto de ley ha sido aprobado de forma definitiva por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, donde sí dan los números para su aprobación con el apoyo de la mayoría de investidura. Las primeras discrepancias para los partidos de la investidura tienen que ver con los plazos de prescripción, que llegan hasta los 60 años en el proyecto. 

Después de un viaje al Senado —donde cabe esperar la oposición de la mayoría del PP y de los senadores de Vox— regresaría al Congreso y de ahí al BOE. Según ha declarado Bolaños, la aprobación de la ley puede producirse en el último trimestre de este 2025, aunque la ley contempla una vacatio legis de un año, una moratoria para su entrada en vigor. Parece, por tanto, que esta vez puede ser la definitiva para una ley que nació desde la conciencia del régimen franquista de que necesitaba un manto legal para tapar sus crímenes pasados y los que iba a cometer para tratar de asegurar su supervivencia.

La campaña política para la derogación de la norma de 1968 ya tiene casi una década, y las promesas del PSOE de abordarla se remontan prácticamente al aterrizaje de Sánchez en La Moncloa en 2018

El proyecto presentado hoy incluye por primera vez una definición de la información clasificada y, lo que es la mayor novedad con respecto a la ley franquista, establece plazos de tiempo para desclasificar automáticamente los documentos clasificados. Las materias consideradas alto secreto tendrán un plazo de clausura de 45 años con una posible prórroga de 15 años más, las consideradas “secreto”: 35 años con posible prórroga de diez años, la información confidencial: entre siete y nueve años sin posibilidad de prórroga, y la información restringida: entre cuatro y cinco años sin posibilidad de prórroga.

Además, de forma excepcional, la Ley puede vincular la apertura de la documentación al fallecimiento de uno de sus protagonistas. También, teóricamente, puede desclasificarse cuando termina un hecho —como una guerra— o si su conocimiento ha dejado de afectar a la llamada “seguridad nacional”.

En ningún caso, ha apuntado Bolaños, se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad. También ha asegurado que en la desclasificación inicial prevista si se aprueba la norma, se priorizarán los archivos que afecten a casos de estas características.

El Régimen Sancionador Administrativo que contempla la ley también pasa a fase democrática en el proyecto aprobado, ya que hasta la fecha la divulgación de materia clasificada estaba siempre ligada a un tipo penal con condenas privativas de libertad, y según el proyecto se abre un esquema de sanciones que pueden llegar, eso sí, a 2,5 millones de euros, además de mantener penas de cárcel para los casos considerados más graves.

Los GAL, la Casa Real, o la venta de armas a países en conflicto se verán afectados

Los debates sobre la Ley de Secretos Oficiales que han tenido lugar hasta la fecha en el Congreso han estado marcados por la interpretación política de algunos de los hechos más siniestros de la historia de la democracia. La campaña política para la derogación de la norma de 1968 ya tiene casi una década, y las promesas del PSOE de abordarla se remontan prácticamente al aterrizaje de Sánchez en La Moncloa en 2018.

En febrero de 2024, el Congreso tomó en consideración proposición de ley del PNV para establecer una nueva norma, pero no ha sido hasta esta primavera cuando Sánchez se ha comprometido a reformar la legislación. El último intento, presentado hoy, comenzará su andadura de cero en el próximo periodo de sesiones, a la vuelta del verano de 2025.

Desde el Partido Nacionalista Vasco se ha anunciado que se apoyará, con enmiendas, la ley, pero que esta “llega tarde”

En 2020, durante la primera legislatura de un gobierno de coalición, el debate en el pleno del Congreso estuvo marcado por las referencias a la corrupción de la Casa Real, al papel del PSOE en el terrorismo de Estado o hechos de violencia política durante la transición como la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976.

Pero no han sido solo los partidos independentistas, las organizaciones memorialistas, y las historiadores y archiveras quienes han pedido la derogación de la Ley de Secretos Oficiales. Las autorizaciones de exportaciones de armas son secretas debido a la vigencia de la ley promulgada en 1968 y a un acuerdo del Consejo de Ministros de tiempos del presidente Felipe González, establecido para esquivar las críticas a su izquierda por la venta de material antidisturbios al Chile del dictador Augusto Pinochet. Esto ha llevado a organizaciones como el Centre Delàs, Amnistía Internacional o Greenpeace a señalar, e incluso a denunciar ante los Tribunales, al Estado español por autorizar la venta de armas a países en conflicto o que vulneran los derechos humanos.

La reacción de los partidos que sostienen el Gobierno ante la presentación del proyecto de Ley ha sido de apoyo crítico. Desde el Partido Nacionalista Vasco se ha anunciado que se apoyará, con enmiendas, la ley, pero que esta “llega tarde”. A nadie se le escapa que la situación política de crisis en el Gobierno tras el Caso Koldo hace muy difícil llevar a buen puerto ninguna ley. En rueda de prensa, la ministra portavoz Pilar Alegría ha defendido que el Ejecutivo ha conseguido aprobar más de 36 iniciativas en los últimos dos años a pesar de la dificultad para la composición de mayorías en el Congreso.

Pero, para conseguirlo, es posible que el PSOE tenga que poner un poco más de esfuerzo. La propuesta del PNV de febrero de 2024 pretendía que el plazo de desclasificación de los secretos oficiales sea de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de diez años. Para las materias reservadas, los jeltzales, pretendían que el plazo fuera de diez años. La actual propuesta, que puede alargar hasta los 45+15 años la desclasificación de altos secretos es insatisfactoria para los ponentes de la proposición aprobada en 2024.

Para EH Bildu también se trata de plazos exagerados y, tras una primera lectura, su portavoz ha lamentado que temen que siga “existiendo un riesgo de que se sigan manteniendo en la impunidad y en el secreto”.

El Gobierno ha anticipado en su proyecto una desclasificación de documentos anteriores a la ley que establece que toda la información clasificada con más de 45 años de antigüedad (es decir, anterior a 1980/1981) será desclasificada automáticamente, salvo que persista una razón justificada de seguridad nacional o defensa, pero esto deja fuera materias como las ya referidas del terrorismo de Estado llevado a cabo durante las primeras legislaturas del PSOE y la acción de los Grupos Armados de Liberación, así como la información sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Casos como el de Pegasus, el software de la compañía israelí NSO utilizado para el espionaje de políticos independentistas, tardarán aun décadas en ser conocidos. Si es que el proyecto sale adelante en esta legislatura, quizá la última oportunidad en mucho tiempo para despojarse, de una vez, de la norma franquista.