Cuidados
Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales

Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturakcontribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 470,3 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”.