Salud
La mutua privada que controlará los historiales clínicos de Osakidetza para imponer los intereses de la patronal

La Ley de Mutuas, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, tuvo como fin ulterior modificar su régimen jurídico y convertirlas en entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Esta iniciativa, aprobada en el Congreso gracias al apoyo del PNV, trataba de “reducir el absentismo laboral injustificado” para “mejorar la competitividad de las empresas”. No obstante, el acuerdo entre Mutualia y el Gobierno Vasco va mucho más lejos en la cesión de competencias públicas hacia las empresas privadas. Firmado el pasado mes de mayo, la Ley de Mutuas habilita el acceso a expedientes de Osakidetza a la mutua, es decir, a los historiales clínicos de casi 420.000 trabajadores. Se refiere a datos que contienen información sobre su salud, los tratamientos que reciben y los resultados de sus análisis clínicos.

Si bien el PSE se mostró contrario a la Ley de Mutuas del PP en 2014, ahora ha ayudado al PNV a reforzar el poder de Mutualia con el objetivo declarado de introducir las tesis neoliberales en los servicios públicos. En este caso, por ejemplo, tratando de controlar bajas laborales por accidentes o enfermedades y dar altas inmediatas que favorecen los intereses de la patronal. En el fondo, este convenio también sirve para ejercer presión y sembrar sospechas sobre los profesionales de Osakidetza que emiten las bajas, un colectivo en el que los pacientes depositan confidencias en torno a sus relaciones sociales y laborales. Esto es, trata de atacar la relación médico-paciente, tal y como se concibe en el sistema sanitario público, debido a que introduce lógicas de control más propias del management. A este respecto, ¿y si los pacientes no quieren que conste en su historial médico atenciones o daños que crean pueden ser utilizados en su contra en el mundo laboral?

Hace un mes, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se concentraron ante la sede de Mutualia para denunciar esta intromisión que viola el derecho a la confidencialidad de los datos médicos. El motivo, que “el acceso de profesionales ajenos al sistema sanitario conculca el derecho a la confidencialidad de los datos médicos como personas usuarias del Sistema Público de Salud-Osakidetza”.

En opinión de LAB, “estamos ante una nueva privatización de la sanidad pública en beneficio de los intereses patronales, intereses que siempre ha defendido el PNV”. Comisiones Obreras, en la línea de cargar sobre el trabajador las consecuencias de las reformas económicas,  indica que la mutua puede “utilizar los datos en contra de la persona trabajadora”, por ejemplo, “derivando a enfermedad común patologías cuyo origen está en el trabajo.” Recientemente, EH Bildu pidió anular la cesión de historiales médicos a Mutualia.

Grant Thornton, la consultora detrás del plan para desmantelar la Atención Primaria de Osakidetza

Ahoztar Zelaieta

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Sanidad vasca Grant Thornton, la consultora detrás del plan para desmantelar la Atención Primaria de Osakidetza

Ahoztar Zelaieta

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Esta firma recibió 40.000 euros para dar soporte a la Consejería de Gotzone Sagardui en la nueva estructura organizativa y la distribución de los recursos del servicio público.

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Una junta directiva sospechosa

La relación entre la patronal y Mutualia es sobradamente conocida. En 2014, el entonces presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, cobraba más de 200.000 euros al año como director general de Mutualia. Meses más tarde, Mutualia vendió su sociedad de prevención al grupo sanitario privado Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ). Para cerrar el círculo, Lujua fue nombrado director general del grupo sanitario privado. Lo que ha pasado inadvertido hasta ahora para la opinión pública es el perfil de los máximos representantes de Mutualia en la actualidad.

A tenor del último informe corporativo publicado por Mutualia, su presidencia la ostenta Urtsa Errazti en representación de la empresa JEZ Sistemas Ferroviarios. En 2016, la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) y la Competencia impuso una multa de 1,07 millones de euros a JEZ Sistemas Ferroviarios por integran un cártel de suministros ferroviarios que se repartió adjudicaciones de la entidad pública Adif durante 15 años, entre los años 1999 y 2014.

No es la única relación de directivos de Mutualia. En un informe de Medicus Mundi sobre las amenazas a la salud pública en Euskadi, a esta empresa se le atribuyen actividades monopolistas o de captura corporativa. En la junta directiva de Mutualia Gipuzkoa destaca la presencia de Bilbomática, empresa investigada en estos momentos por la Autoridad Vasca de la Competencia por integrar un supuesto cártel de informática que se habría repartido contratos del Gobierno Vasco. Ibermática estuvo presidida hasta el año 2013 por el jeltzale José Luis Larrea, exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco. En 2018, la consultora nombró director de la zona norte a Guillermo Dorronsoro, exmiembro del Consejo Económico y Social Vasco y del Consejo de Acción Exterior del Gobierno Vasco. En la actualidad, Dorronsoro lidera el lobby vasco Zedarriak. En Madrid se le conoce por confrontar el “ayusismo fiscal” al Concierto Vasco, es decir, este es un grupo que apuesta por implantar las políticas fiscales de Isabel Ayuso en Madrid porque cree que Euskadi ya no es competitiva.

En la junta directiva de Mutualia también encontramos a empresarios vinculados a la erosión fiscal. El vicepresidente tercero de Mutualia en representación de Prodol Meditec, Alberto Delclaux, es miembro de la familia más offshore del capitalismo vasco. Su nombre y el de tres miembros más de su familia aparecen vinculados a una sociedad de los Paradise Papers, Rasa Land Investors, radicada en Malta desde el año 2007. Otro miembro de esta saga de Neguri, Pedro Delclaux, está relacionado con cinco empresas con domicilio fiscal en Luxemburgo y otra más ubicada en Suiza. 

La vicepresidenta segunda de Mutualia, Marta Barredo, estuvo vinculada a dos sicav, herramienta para la elusión fiscal utilizada por las grandes fortunas. En esta línea cabe mencionar que en la junta directiva de Mutualia Bizkaia figura CIE Automotive, presidida por el hermano del jeltzale José Alberto Pradera, exDiputado General de Bizkaia implicado en los Papeles de Panamá.

En Mutualia no faltan conexiones con tramas de corrupción y clientelismo del PNV. En el consejo de la junta directiva de la mutua ejerce de vocal el expiloto de carreras automovilísticas Ricardo Echave en representación del holding minero Sainsa, una empresa a la que la Fiscalía de Araba atribuyó un papel destacado en la malversación de fondos en torno al caso Hiriko. Precisamente, por la quiebra de este proyecto, el fallido coche eléctrico que recibió 20 millones en ayudas públicas, fueron condenados Jesús Echave, cerebro de la operación y vinculado a la financiación de medios de comunicación jeltzales, e Iñigo Antía, exconcejal del PNV en el Ayuntamiento de Gasteiz.

Aitor Ardanza, hijo de José Antonio Ardanza, el exlehendakari que presidió la empresa privada Idoki para recibir dos millones de ayudas públicas antes de ser liquidada, ejerce de vocal suplente de la Comisión de Prestaciones Especiales de Mutualia. El hijo del exlehendakari es vocal en representación de la empresa Ikusi. Se trata de una proveedora de Osakidetza y la Consejería de Seguridad que está integrada en el grupo Velatia. El director de seguridad corporativa de Velatia es Natxo Ormaetxe, exalto cargo de la Ertzaintza que dirigió una empresa de seguridad privada denominada Abymatic. El presidente de Velatia, Javier Ormazabal, llegó a ser el único accionista de Widewall International, con sede en Luxemburgo, tras la cesión de las acciones al empresario vasco por parte de Waterside Financial, una sociedad con sede en las Islas Vírgenes británicas que figura en los Papeles de Panamá. Después de estallar el escándalo de los Papeles de Panamá, la familia Ormazabal, integrada en el lobby vasco que apuesta por implantar en Euskadi las políticas fiscales de Isabel Ayuso en Madrid, decidió liquidar la sicav Atienza Inversiones.

Por último, cabe señalar que en las juntas directivas provinciales de Mutualia figuran empresas denunciadas por deslocalizaciones, precarización del empleo o represión sindical, entre otras cuestiones. Por citar algunas conocidas, Aernnova, Vidrala, Mercedes, Uniliver, Pine o Sidenor, esta última estuvo presidida por Sabino Arrieta, exalto cargo de la Ertzaintza que tras vender la citada empresa se convirtió en millonario y ahora protagoniza pelotazos inmobiliarios en Miami.

Keralty, la empresa que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional

Ahoztar Zelaieta Lu Barcenilla Román

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Sanidad pública Keralty, la empresa que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional

Ahoztar Zelaieta ,  Lu Barcenilla Román

Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.

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Mutualia contra las víctimas del amianto

La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi conoce bien a Mutualia y su defensa por los intereses de empresas mimadas por el PNV. La mutua privada ha llevado a juicio a varias víctimas del amianto para intentar frenar las indemnizaciones a las personas que estuvieron en contacto con esta peligrosa sustancia. Un modus operandi que Mutualia comenzó a aplicar años antes a trabajadores afectados por la silicosis. Según estimaciones de la asociación, al menos 25.000 trabajadores vascos han estado en contacto con el amianto a partir de los años 80, no se conocen datos de fechas anteriores, y se ha podido comprobar que 2.800 muertes fueron provocadas por el amianto. La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi solicitó al Gobierno Vasco un fondo de compensación que todavía sigue sin ser una realidad, pese a las promesas del PNV y PSE.

Además de ningunear las estadísticas de siniestros laborales, el Gobierno Vasco y Mutualia tratan de manipular el registro de enfermedades laborales. Este modus operandi pasa por catalogar como enfermedades comunes muchas enfermedades laborales y recaídas por secuelas cuyo tratamiento es derivado a Osakidetza. En opinión de Pacis García, parlamentaria de EH Bildu, “la salud de las personas trabajadoras se trocea artificialmente en dos partes: la salud laboral en las mutuas y la salud no-laboral en Osakidetza”. Para la parlamentaria, esta dualidad entre los dos servicios “se relaciona de forma conflictiva porque confronta dos modelos de cuidar la salud”: un modelo “humanista, no productivista” y un modelo “biologicista y economicista”; este último, “condicionado por el interés empresarial de que las bajas sean lo más cortas posibles. El interés por “la recuperación integral de la salud de las personas no es el interés superior” para las mutuas”, añadió García cuando se refirió al convenio firmado entre Mutualia y Osakidetza.

Dopada con inyecciones de dinero público

El Gobierno Vasco le resta importancia a esta dualidad y en 2019 adjudicó a Mutualia la “prestación de servicios de atención sanitaria en régimen hospitalario en la especialidad de traumatología a los usuarios del Sistema Sanitario de Euskadi en Gipuzkoa”, con un valor estimado de un millón de euros y duración inicial de un año, con prórroga anual y máximo de cuatro prórrogas.

Entidades públicas como Ikerbasque, Neiker y EVE, incluso el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, también han contratado servicios con Mutualia. Además, la Consejería de Educación del Gobierno Vasco contrató a Mutualia para impartir “formación a los designados responsables para la COVID-19 en los centros educativos”.

Desde su constitución en el año 2006, Mutualia recibió ingentes cantidades con contratos del Gobierno Vasco, una faceta de su modus vivendi. Entre ellos destacan los adjudicados por la Consejería de Seguridad. Durante este periodo, el representante del Gobierno Vasco en la Junta Directiva de Mutualia era Jon Uriarte, en calidad de director de la Ertzaintza entre los años 2006 y 2009. Posteriormente, Jon Uriarte se convirtió en directivo de la empresa de seguridad PCI Security Doctors, una firma por cuyos contratos con la administración pública se interesó la comisión de investigación política del caso De Miguel. PCI Security Doctors también se dedicaba a proteger los intereses del millonario Joseba Grajales, quien dirige el grupo sanitario privado Keralty con la ayuda de Jon Darpón, exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, y de Jon Azua, exvicelehendakari. 

Debido a este tipo de conexiones, no es de extrañar que Bmasi, sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2021 por integrar el cártel de consultoras y dirigida hasta ese momento por el hermano del exvicelehandakari, Sabin Azua, fuera la encargada del “proceso de reflexión y definición del modelo de negocio de futuro integral de Mutualia y de las unidades de negocio que la conforman”.  Todo queda en casa.

Negocios de Mutualia con IMQ

El proyecto de ley de Mutuas lanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 planteaba que estas entidades vendieran sus sociedades de prevención. Mutualia hizo lo propio con su sociedad de prevención al grupo IMQ por cuatro millones de euros. Así nació IMQ Prevención, una compañía que facturó 16 millones de euros en 2014, dando cobertura a 115.000 trabajadores y a más de 5.000 empresas a través de 19 centros. Hace dos años, el Tribunal de Cuentas español fiscalizó estas operaciones de venta de las mutuas. En el caso de Mutualia el tribunal  destaca que “a pesar de manifestar que fue requisito del proceso que las ofertas recibidas partieran del valor del informe de tasación y que, por tanto, rechazó ofertas por este motivo, la SP se acabó vendiendo a un precio inferior a la tasación, motivo por el cual el procedimiento de publicidad y concurrencia no tuvo como consecuencia los efectos que debía”.

Joseba Grajales y Jon Azua, directivos del grupo sanitario privado Keralty en compañía de Jon Darpón, fueron consejeros de IMQ, grupo sanitario privado que tiene convenios con el Servicio Vasco de Salud y en el que solicitó ingresar el propio Darpón tras su cese por las irregularidades en la OPE de Osakidetza. La actual correa de transmisión entre Sabin Etxea y el grupo IMQ-Igurco es el exburukide Iñaki Isasi, director de operaciones de IMQ. Por otra parte, Igurco había sido la división del sector de la salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa. Es más, Igurco llegó a fichar como apoderados al jelkide José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia, y a Roberto Otxandio, exalcalde del PNV en Basauri que ahora ejerce de consejero de Iberdrola y dirige una consultora que trabaja para la Administración Pública Vasca.

El año en que se produjo la venta a IMQ de la sociedad de prevención de Mutualia, el Departamento de Salud, liderado entonces por Jon Darpón, exdirectivo de IMQ y ahora directivo del grupo privado sanitario Keralty, adjudicaron a la mutua privada los servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del área de Salud de Gipuzkoa. Se trataba de un contrato negociado y sin publicidad por un importe máximo de hasta dos millones de euros.

Tres años después, en 2017, durante la inauguración de la nueva sede de Mutualia en Gasteiz, el lehendakari Iñigo Urkullu afirmó que la “colaboración público-privada es un modelo de referencia en los países más avanzados” y es “imprescindible para seguir mejorando” el sistema sanitario vasco. Urkullu consideraba a Mutualia como “un complemento relevante para el sistema sanitario público vasco”. Por este motivo, el Gobierno Vasco otorgó a Mutualia el “premio a la gestión avanzada en el elemento clientes” en el año 2018. Lo hizo de la mano de Jon Darpón. También le entregó el “premio a la gestión avanzada en el elemento estrategia” del año 2020, esta vez entregado por Gotzone Sagardui, quien recientemente ha sentado polémica por sus declaraciones sobre el “cambio cultural” que necesita Osakidetza.

Sobre el significado de esas palabras orwellianas, en la ceremonia de graduación de Medicina, Enfermería, Odontología y Fisioterapia de la Universidad Pública Vasca, celebrado recientemente en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la representante del alumnado de Medicina reivindicó un sistema público de sanidad “frente a lo que se está construyendo al otro lado de la Ría, que defiende los intereses de unos pocos”, en referencia a la instalación en Zorrotzaurre de universidades privadas y la sede del grupo privado sanitario IMQ-Igurco. Casualmente, en 2018, esta carrera universitaria fue incluida en el convenio de colaboración entre el Hospital Alta Resolución de Mutualia y la Escuela Universitaria de Enfermería de Gasteiz para la realización de prácticas académicas del alumnado de grado.