COP30
La COP30 arranca sin los deberes hechos y con un planeta en plena combustión

El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. 2024 superó a 2023 como el año más cálido jamás registrado. Con toda probabilidad, fue el más caluroso en la friolera de 125.000 años. Por primera vez se sobrepasó la línea roja de los 1,5ºC que marca el Acuerdo de París. Y 2025 va a pugnar con 2023 por la segunda posición, como acaba de adelantar el Servicio Climático Copernicus. Los gases que hemos expulsado a la atmósfera en los últimos dos siglos se han acumulado a niveles críticos —423,9 partes por millón— con un ritmo de acumulación que se está incrementando peligrosamente año a año. Como señala el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “corremos el riesgo de que el clima se adentre en un círculo vicioso”. La COP30 es la gran cita anual para que el conjunto de Homo sapiens frene su mayor amenaza: la desestabilización del clima del planeta que habita.

Este lunes comienza la agenda oficial de negociaciones de la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como oficialmente se llama la COP30. La cita, que acoge la ciudad amazónica de Belém en el Brasil postbolsonarista de Lula, durará, al menos, hasta el 21 de noviembre. Prevé la asistencia de 50.000 personas, aunque no todas ellas son integrantes de delegaciones para trabajar por frenar la crisis climática. En Bakú, la anterior cita, la cifra de lobistas mandados por la industria de los combustibles fósiles y sus aliados fue de 1.773 personas, un pequeño ejército que hizo muy bien su trabajo.

Tampoco ayudan a empezar con buen pie las ausencias. En el encuentro previo de mandatarios del pasado viernes, que sirvió como escaparate adelantado de las negociaciones de la COP30 con la presencia de medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, incluido Pedro Sánchez, no se vio ni al presidente chino, Xi Jinping, ni al estadounidense, Donald Trump, los mandatarios de los dos países que más emisiones de gases de efecto invernadero emiten, respectivamente. Si bien el primero envió una delegación encabezada por el viceprimer ministro, Ding Xuexiang, el segundo no mandó representación, en línea con su habitual desprecio a la lucha climática que llevó a la primera potencia del mundo a abandonar el Acuerdo de París, algo que se hará efectivo el 1 de enero de 2026.

Una cumbre que arranca sin ser lo que quería que ser

La historia de las Cumbres del Clima está plagada de claroscuros, y en la totalidad de ellas los acuerdos han ido por detrás de lo que la comunidad científica demandaba. En esta ocasión, ambas premisas se vuelven a cumplir. Antes de empezar, esta cumbre ya cuenta con su primer fracaso, pues hay que diferenciar entre “lo que ésta debería haber sido y lo que va a ser”, como sintetiza Javier Andaluz, coordinador de Energía y Clima de Ecologistas en Acción y buen conocedor de las negociaciones histórica de las COP. “Tenía que haber sido una cumbre de mitigación, el momento en el cual los países hubiesen puesto sus compromisos, tras lo que hubiésemos tenido un informe previo del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) que nos daría el dato de ‘los compromisos de los países nos llevan a un calentamiento global de equis’”. 

Andaluz se refiere a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los planes que sintetizan los esfuerzos a corto y medio plazo de cada país para hacer frente a la crisis climática, cuyas nuevas versiones para los próximos cinco años deberían haber estado sobre la mesa hace meses. Solo 79 firmantes del Acuerdo de París, algo más de un tercio, han presentado sus planes, y la mayoría de ellos lo han hecho tarde, lo que ha lastrado la agenda de la COP. 

“El giro hacia posiciones más negacionistas y retardistas de muchos países de la UE está minando los esfuerzos, que ya eran insuficientes, del ciclo europeo anterior”, lamenta Javier Andaluz

Sintomático es lo realizado por la Unión Europea, hasta ahora el bloque que remaba con más fuerza en la lucha climática —dentro de los estándares limitados de las COP—, un papel que está perdiendo fruto del aumento del poder en su seno de la ultraderecha partidaria de retrasar la lucha climática, cuando no negacionista. Sus ministros de Medio Ambiente presentaban las NDC conjuntas de los 27 este 5 de noviembre, apenas a una semana de la COP, con un objetivo a 2040 por debajo de las expectativas de la comunidad científica y con mucha trampas. Anunciaban un 90% de reducción de emisiones, pero con mecanismos de revisión que podían rebajar esa cifra al 80%, entre otros instrumentos de “flexibilización” aupados por los países más retardistas. “Una mala noticia”, para Andaluz, que señala que la UE debía tener como objetivo en 2040 la neutralidad climática, algo que los 27 planean para 2050. “El giro hacia posiciones más negacionistas y retardistas de muchos países de la UE está minando los esfuerzos, que ya eran insuficientes, del ciclo europeo anterior”, lamenta este experto.

El retraso en la entrega de los planes nacionales supone que el IPCC, máximo exponente científico en materia climática del planeta, no tenga la información necesaria para trabajar con tiempo y sacar conclusiones de cara a nuevas actualizaciones de la lucha climática. Ese análisis, con el que inicialmente contaba la presidencia de la COP30, es clave para llevar a cabo el Balance Mundial o Global Stocktake, el instrumento del Acuerdo de París por el que se monitorean los esfuerzos de los países de cara a implementar nuevas mejoras y poder cuadrar las decisiones con las necesidades que marca la comunidad científica.

El primer Balance Global culminó en la COP28 de Dubai incluyendo, por primera vez en la historia —por increíble que parezca—, la mención a los combustibles fósiles en un acuerdo final de una Cumbre del Clima. Éste dicta la necesidad de llevar a cabo una “transición que deje atrás los combustibles fósiles”, para lo cual aboga por triplicar la capacidad mundial de renovables, duplicar la tasa anual de mejora de la eficiencia energética o eliminar progresivamente las subvenciones “ineficientes” a los combustibles fósiles. 

“En julio, la Corte Internacional de justicia emitió una Opinión Consultiva que dice que ‘los países responsables de la crisis climática tienen que financiar los costes de las pérdidas y daños que sufren los países afectados’”, señala Rubiera

“Cómo implementamos este primer Balance Mundial es algo que a la presidencia de Brasil le parece muy importante”, señala Andaluz, quien sin embargo destaca que existe una “brecha de ambición” muy amplia entre los datos que revela el primer Balance Global y los NDC presentados hasta ahora. Es un descuadre que aleja los planes de los países de un alineamiento con un planeta que no sobrepase un calentamiento medio de 1,5ºC. La COP30, no obstante, no tiene en su agenda un espacio dedicado a discutir sobre esta brecha de ambición, aunque algunas de las Partes está presionando para tener un debate sobre ellas en Belém. Según el Informe de la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se necesitan recortes de emisiones del 42% para 2030 y del 57% para 2035 comparados con niveles de 2019 para encaminarse hacia el objetivo de 1,5°C.

Una cumbre clave para la financiación de la transición global

La pasada cumbre de Bakú finalizó con un acuerdo in extremis para aumentar la financiación climática de los 100.000 millones de dólares anuales pactados a 300.000 millones de financiación pública al año para 2035. La cifra es considerada un acuerdo de mínimos y está muy alejada de la demanda de los países del Sur global, más afectados por las consecuencias de la crisis sin ser sus causantes históricos. Pedían un mínimo, ya rebajado de sus expectativas, de 500.000 millones de dólares, mientras que las organizaciones de la sociedad civil hablaban de la necesidad de hablar de una cifra  muy superior: en torno a una decena de billones. La exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, calculaba el pasado año en al menos tres billones de dólares las necesidades reales del Fondo Verde para el Clima, instrumento clave para ayudar a los países en desarrollo en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Paralelamente, en Bakú se señaló la necesidad de complementar esos 300.000 millones de fondos públicos con capital privado hasta llegar a 1,3 billones en 2035. Este epígrafe sí tendrá un espacio claro en Belén: la llamada Hoja de Ruta de Bakú a Belém (B2B) que discutirá el grupo homónimo. No obstante, Andaluz se muestra escéptico al respecto, ya que “no quedan muy claras” las fuentes de ese dinero. Si bien el Grupo B2B ha tenido avances, “no hay un plan de acción claro ni indicadores claros de cómo se van a implementar esas medidas”, señala Andaluz, muy crítico, al igual que la inmensa mayoría de organizaciones medioambientales, con el hecho de que sea la financiación privada la que suponga el grueso del monto necesario para la financiación de la adaptación y la mitigación del cambio climático de los países en desarrollo. 

Eliminado el perfil de cumbre centrada en la mitigación, y ante la falta de acuerdo en materia de financiación, uno de los puntos que la presidencia promoverá es el Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa

Estos números son una “hipocresía evidente” para los grupos de la sociedad civil en lucha contra el calentamiento del planeta, que llevan años pelando por una financiación climática justa mientras ven aumentar gastos militares como los recientemente anunciados por la OTAN y observan cómo perviven las subvenciones a la industria del gas o del petróleo. “Mientras nos cuesta prometer financiación para la emergencia climática, en la UE nos gastamos 46.700 millones anuales en subvenciones a los combustibles fósiles”, lamenta Andaluz.

La Corte Penal Internacional se cuela en el debate climático

Las pérdidas y daños —el tercer pilar del Acuerdo de París tras la mitigación y la adaptación al cambio climático—, entendidos como aquellos impactos que ya no pueden evitarse ni reduciendo emisiones ni adaptándonos a ellos, también estarán presentes en la COP30. Si en la COP27 se creó el Fondo para Responder a Pérdidas y Daños (FRLD) y al año siguiente se avanzó instaurándolo en el Banco Mundial, algo que no gustó al Sur global, en la COP29 de Bakú se perdió la oportunidad de garantizar financiación para éste. Ahora, en Belém se espera un compromiso claro sobre la ampliación de recursos basados en donaciones para el FRLD. 

Como explica Irene Rubiera, del gabinete jurídico de Ecologistas en Acción, hay necesidades de en torno a 400.000 millones de dólares” en materia de pérdida y daños, y aunque la empresa es ardua, el contexto ha cambiado y 2025 ha marcado un punto de inflexión en materia de derecho climático internacional que afecta a este epígrafe. “En julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva y mencionó específicamente el tema de las pérdidas y daños hasta el punto de decir que ‘los países responsables de la crisis climática tienen que financiar los costes de las pérdidas y daños que sufren los países afectados’”, señala Rubiera.

Si bien la Opinión Consultiva no es una sentencia vinculante en sí misma, sí supone un marco legal internacional nuevo al que los países deben acogerse. “La CIJ es el organismo jurídico más poderoso del planeta. Cuando la Corte habla todo el mundo escucha. Aunque solo sea como argumento negociador, esperamos que esto dé un poco de sopas con honda en la COP30”, apunta Rubiera.

Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa

Eliminado el perfil de cumbre centrada en la mitigación que inicialmente tenía la COP30, y ante la falta de acuerdo en materia de financiación, uno de los puntos que la presidencia promoverá con toda seguridad es el llamado Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), cuya aprobación podría convertirse “en el gran mensaje que saldría de esta cumbre”, según Javier Andaluz.

Este mecanismo, que podría ayudar a desatascar algunas cuestiones importantes, pretende acelerar una transición justa de los países del Sur global facilitando a los gobiernos poder planificar y financiar sus propios procesos de descarbonización sin obstáculos como la falta de fondos, disputas fronterizas, falta de tecnología o demandas de inversores. “Se está convirtiendo en una caja de herramientas para poner tanto las medidas necesarias para poner fin a esos combustibles fósiles como se acordó en Dubai como para acompañarlo de una financiación climática adecuada”, explica Andaluz.

En la Cumbre Climática de Bonn del pasado junio, uno de los eventos intermedios que han ido allanando el camino para la COP30, se avanzó en un primer texto al respecto que, no obstante, “incluye las mejores y las peores opciones”, indica el experto de Ecologistas en Acción. “Queda mucho trabajo aún, los bloqueos entre los países persisten y se repiten con la misma dinámica que se ve en otros temas”.

La agenda de la Cumbre de los Pueblos concentrará en la primera semana de la COP, con una fecha de movilización internacional global lanzada para el 15 de noviembre

En concreto, Andaluz destaca que, si bien los países ricos del Norte global exigen un programa de transición detallada, “no quieren entrar en cuestiones vinculadas con la financiación de todas estas medidas”. En el lado opuesto, desde el sur hay un cierre de filas con posiciones contrarias, “particularmente con los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se niegan a que cualquier paquete sea prescriptivo y punitivo; o sea, no quieren saber nada de que nadie les fiscalice”.

En cualquier caso, desde la sociedad civil y las organizaciones estarán vigilantes y, como viene siendo habitual, la COP acogerá una contracumbre paralela, que en esta ocasión se llamará la Cumbre de los Pueblos. Su agenda se concentrará en la primera semana de la COP, particularmente entre los días 12 y 16 de noviembre, con una fecha de movilización internacional global lanzada para el 15 de noviembre.

Otro de sus momentos clave de esta cumbre paralela será el 16 de noviembre, cuando sus demandas, recogidas en una amplio proceso de convergencia entre movimiento sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que empezó en agosto 2023, serán escuchadas en sesión plenaria de la COP de Alto Nivel.