Comunidad de Madrid
Las universidades públicas de Madrid convocan una huelga ante el “estrangulamiento institucional” que sufren

La “asfixia económica” que atraviesan las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), se ha convertido en los últimos años en una patología crónica. Estudiantes y docentes son hoy víctimas directas del déficit estructural que atraviesan los centros educativos a causa de la falta de inversión pública. Tal es la situación de “estrangulamiento” que vive, por ejemplo, la Complutense, a la que si el Ejecutivo regional no concede un préstamo de 34,4 millones de euros, le será prácticamente imposible pagar las nóminas de los trabajadores a partir de enero. Un informe publicado por la plataforma UCM por la Pública, 10 datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia económica de la universidad pública en Madrid, da cuenta de esta realidad: Madrid es la Comunidad que más ha disminuido su oferta de plazas universitarias públicas en los últimos cinco años, con un descenso del 7,8%, ya que desde 2009 el recorte efectivo en las públicas madrileñas ha sido del 34,9%.

También es la región donde los salarios de los trabajadores son más bajos y la que menos invierte por estudiante, 5.362 euros, frente a los más de 9.000 de Navarra, La Rioja o Euskadi. Mientras tanto, la financiación de los centros a través de los costes de matrículas (cada día mayores incluso en la pública) no hace más que aumentar en la región más rica de España, en cuanto al tamaño de su PIB.

Por todo ello, La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas ha decidido establecer dos días de huelga para el mes de noviembre, si bien las fechas todavía están por concretarse. CGT llevará a cabo la cobertura sindical del parón, a falta de saberse si algún sindicato más se suma en los próximos días. Se espera que estos paros sirvan de tirón de orejas a la Comunidad y obliguen al ejecutivo madrileño a aumentar la inversión pública en educación universitaria pública, de cara a 2026. La cartera presupuestaria autonómica comenzará a tramitarse a partir de la última semana del mes de manera que, si el gobierno de Ayuso hace caso omiso a estas demandas, la huelga podría extenderse de forma indefinida. No solo está en juego el futuro académico de las nuevas generaciones de estudiantes, sino también la calidad educativa y el prestigio de la enseñanza superior pública en España.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Hay que remontarse hasta 2008, año en que la Comunidad de Madrid comenzó a implementar severos recortes presupuestarios en la educación pública. Los presupuestos de las universidades públicas madrileñas llevan sin actualizarse ni revisarse aproximadamente desde ese año. Desde CGT explican que la inversión pública de la UCM dedicada a gastos de personal ha sufrido un recorte acumulado del 15,5% entre 2008 hasta 2024. Durante esa horquilla de años, la tasa de reposición docente fue nula, por lo tanto, cada vez que un trabajador se jubilaba, tanto si era administrativo como docente, ese puesto quedaba vacío.

“Ese ingreso que nos estaban haciendo nos lo debían del pasado, de manera que cuando se termina de devolver esta deuda y empieza a verse que hay déficit, que no nos llega ni para pagar las nóminas, llegan los problemas”, alega a El Salto Mariu Ruiz Gálvez, de CGT

En 2015, tres años después de finalizar el Gobierno de Esperanza Aguirre, el Tribunal Supremo obligó a la Comunidad de Madrid a devolver a las universidades públicas 280 millones de euros por incumplimiento del plan de inversiones durante su legislatura. 43,3 millones de los cuales fueron destinados a la Complutense. “Se fueron devolviendo año tras año y eso hizo ver erróneamente que no había un déficit, cuando realmente sí que lo había. Ese ingreso que nos estaban haciendo nos lo debían del pasado, de manera que cuando se termina de devolver esta deuda y empieza a verse que hay déficit, que no nos llega ni para pagar las nóminas, llegan los problemas”, alega a El Salto Mariu Ruiz Gálvez, economista y miembro del Comité Confederal de CGT. A partir de ahí, todo ha ido progresivamente cayendo en picado hasta quedar en un estado agónico.

Ruiz forma parte del personal docente investigador (PDI) de la Complutense y actualmente ejerce de profesora ayudante doctor de economía en la Facultad de Políticas de este centro. Al igual que el resto de sus compañeras en lucha, incide en que la desinversión presupuestaria en Madrid no responde a problemas de solvencia económica del gobierno regional. De hecho, la Comunidad de Madrid es la que más ha crecido económicamente desde la crisis. Por el contrario, el estudiantado habla desde hace tiempo de una estrategia basada en depauperar progresivamente a la pública hasta sangrarla para que se produzca un trasvase de estudiantes y profesionales hacia la privada, esta sí engrosada con suficiente dinero y recursos públicos.

“Hoy los presupuestos de las universidades públicas madrileñas son inferiores, en euros constantes, a los del año 2009. La inversión en edificios es 12 veces menor a la que era en 2007, y la financiación pública por estudiante se sitúa a la cola del país”, infiere recientemente en un artículoVíctor Alonso Rocafort, profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, ya el año pasado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) publicó una carta conjunta en la que calificaban como “insostenible” la situación que afrontaban las seis universidades públicas. Ese año la conferencia estableció que, para que las universidades pudieran mantenerse de forma estable, necesitaban una inversión de 200 millones de euros, a lo que Díaz Ayuso respondió con una transferencia de 47 millones, una cantidad muy inferior a la reclamada. De hecho, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) señala que ha de alcanzarse en 2030 un 1% del PIB en la financiación pública de las universidades, si bien la Comunidad de Madrid tan solo dedica actualmente un 0,43%.

La precarización se ha hecho notar en los últimos años con la contratación abusiva de profesores asociados para sustituir a catedráticos, ya que sus salarios a penas rozan los 500 euros mensuales

Esta precarización se ha hecho notar en los últimos años con la contratación abusiva de profesores asociados para sustituir a catedráticos, ya que sus salarios a penas rozan los 500 euros mensuales. La figura de este profesorado no depende de la futura ley universitaria madrileña (la llamada LESUC, que prevé aprobarse en febrero del año que viene) sino de la LOSU, de carácter estatal. “La figura del asociado es un profesor que puede dar las cargas igual que un ayudante doctor, pero cobrando muchísimo menos. Muchos éramos falsos autónomos, necesitábamos entrar en la universidad, habíamos estudiado sin beca porque desaparecieron las becas y sabíamos que la única entrada a la universidad era vía asociado o falso asociado”, confiesa Ruiz, que añade que en algunas plantillas el porcentaje de estos trabajadores temporales ha llegado a alcanzar el 50% del total.

Sin recursos para la investigación académica

Al estar bajo mínimos, los medios técnicos para llevar a cabo trabajos de campo o investigaciones académicas brillan por su ausencia. Esto es especialmente grave ya que grados como biología o geología requieren de conocimientos puramente prácticos. Lo denuncia Eva Aladro, catedrática de la UCM y miembro de la plataforma UCM por la Pública, que subraya que este año no se han convocado ayudas para los grupos de investigación. Tampoco para financiar proyectos de innovación educativa, ya que la Complutense carece de fondos: “Las ayudas Erasmus para profesores tampoco se están convocando y si queremos convocar congresos internacionales o establecer redes de cooperación internacional, no lo podemos hacer salvo que lo financien proyectos externos europeos”, incide.

“Vamos a tener que despedir a personal docente e investigador, a personal de administración y servicios y asumir más estudiantes por aula, eso disminuye la calidad”: Raquel Herrera Espada (URJC)

A su juicio, la pública se encuentra en un estado de “quiebra técnica” estructural. Como actualmente no hay ayudas para proyectos, añade, “no podemos tomar la iniciativa en ningún sector de avance de investigación”. Desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), una de las que más ha notado las carencias presupuestarias, alertan sobre las repercusiones de estas carencias en la calidad de la enseñanza. “Vamos a tener que despedir a personal docente e investigador, a personal de administración y servicios, incrementar el tamaño de los grupos, con lo cual vamos a tener que asumir más estudiantes por aula, y eso disminuye la calidad”, establece Raquel Herrera Espada, profesora Titular del Área de Geología de esta universidad.

Teniendo en cuenta que el presupuesto autonómico apenas permite asumir los costes básicos y ordinarios del día a día, lo mínimo para que la universidad pueda subsistir, los recortes afectan a la mayoría de recursos docentes. Desde la compra de equipos tecnológicos, salidas de campo o materiales para laboratorios hasta préstamos interbibliotecarios, que en muchas ocasiones no se conceden al no haber fondos para solicitar libros, como sucede en la Complutense. “Desde hace 10 o 12 años, incluso más, se contrata lo mínimo imprescindible porque se parte de la base de que no hay dinero. Es una situación y cada vez es más grave. En las aulas tenemos que utilizar programas informáticos gratuitos porque no tienen dinero para pagar las licencias. Lo paradójico es que sí hay dinero, pero lo invierten en otras cosas”, recalca Aladro. En la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, por ejemplo, se consiguió instalar estudios de grabación gracias al esfuerzo de muchas docentes pero el proyecto se congeló después de que se cortaran los fondos.

Un “balón de oxígeno” en un contexto de déficit estructural

La inyección de dinero que prevé recibir la Complutense por parte del gobierno regional posibilitará cubrir algunos costes esenciales. No obstante, considerando el déficit estructural que padece el sistema educativo, a penas supondrá un “balón de oxígeno”. En CGT defienden que un crédito puntual no puede sustituir jamás a una financiación regular y estable de la enseñanza pública en la región: “No podemos admitir que el derecho a la educación pública dependa de préstamos o de una financiación por objetivos propia del negocio privado, exigimos que un servicio público como es la educación debe ser financiado al 100% y no someterse al lucro. Exigimos más personal y mejores condiciones retributivas para una universidad digna”, deslizan.

“El consejero de Educación, Emilio Viciana, presumía de estar financiando las universidades con un 4% del PIB de la Comunidad de Madrid y hoy continúa presentando el rescate financiero como una ayuda y un interés por parte de la CAM. En la práctica, lo que nos encontramos es con un favorecimiento de la educación privada, a la par que se va deteriorando la situación económica de la pública”, infiere a este medio Alfonso Casani, profesor ayudante doctor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración y militante de CGT.

Además, el préstamo permite la supervivencia de la pública a costa, destacan, de “comprometer la autonomía universitaria”, imponiéndose así un plan de ajuste económico orientado a la reducción del coste de nóminas y la limitación de futuras contrataciones. Mientras tanto, la fuga de cerebros hacia las universidades privadas es ya una realidad palpable: “A medida que decrece el tamaño de las universidades públicas y aumenta el de las privadas, nos enfrentamos a un trasvase del estudiantado de las universidades públicas a estas últimas, igual que ha sucedido de forma similar con la sanidad”, traslada Casani. Desde UCM por la Pública inciden en que, frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 estudian en alguna privadas presenciales, un 31% del total.

En efecto, el año pasado por primera vez el número de estudiantes matriculados en máster en universidades privadas superaba al de las públicas. Esta tendencia percibe igualmente en los grados. En la URJC lo llevan notando desde hace años, como subraya a El Salto Jesús Esteban Hernández, Profesor Titular de Universidad (TU) del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública: “Desde el curso 2018-2019 hemos perdido unos 3.000 alumnos tanto en grado como en máster. Esto entra dentro de la estrategia de la Comunidad de Madrid de favorecer lo privado y estrangular lo público”.