Opinión
Mentiras, salarios y espejismos: por qué la educación pública extremeña merece algo más que promesas

El pasado 11 de septiembre comenzaron las clases. Como suele ser habitual, a las ocho y media de la mañana ya estaba en mi centro. Tomo un café, preparo la clase, enciendo el ordenador, la pantalla, preparo el material con el que vamos a trabajar… pero aquella mañana no pude. Unos operarios se afanaban en cambiar de lugar la pizarra de mi clase. Desconcertado, fui a buscar a algún compañero del equipo directivo. Me dijeron que, pese a que se había solicitado el cambio en junio, hasta entonces no se había podido hacer. No pasa nada, damos clase igual. Llena de polvo, con los muebles descolocados, haciendo malabares, apenas consigo sacar una sonrisa al grupo y comenzamos la tarea.

Otro detalle. El pasado 18 de septiembre el aumento gradual de las temperaturas hace que el aula esté a más de 30 grados a las 9 de la mañana. Poco a poco, la temperatura va subiendo y no puedo evitar sudar y sudar. El alumnado está habituado a verme con la camiseta empapada y alguna de mis alumnas se queja, cansinamente: ¡Qué calor, profe, así no se puede dar clase!

Son detalles rutinarios, de los miles de menosprecios que, permanentemente, sufrimos en el aula los docentes de hoy. Ya sé, ya sé, nuestro verano, nuestras condiciones… son mucho mejores que las de la mayoría, pero no hablo de mí, hablo de la Educación de nuestra juventud y creo que eso sí merece una reflexión colectiva de toda la sociedad. Esas personitas, que mañana formarán parte del futuro de nuestra sociedad, deberían poder aprender en las mejores condiciones. Y los docentes que les enseñan deberían estar especialmente preparados y motivados ante este brutal reto. Pero no sentimos que eso sea así. Históricamente, más en los últimos años, el profesorado ha sido vilipendiado y maltratado. Y los que más sufrimos ese menosprecio somos el profesorado de la escuela pública.

La mayoría de la clase política insiste en la importancia de la Educación, pero las palabras no se traducen en hechos. Año tras año, curso tras curso, seguimos viviendo situaciones inadmisibles en pleno siglo XXI

La mayoría de la clase política insiste en la importancia de la Educación, pero las palabras no se traducen en hechos. Año tras año, curso tras curso, seguimos viviendo situaciones inadmisibles en pleno siglo XXI: equipos directivos que hacen de conserjes, maestras obligadas a limpiar sus propias aulas o docentes que soportan temperaturas extremas en colegios sin condiciones adecuadas, especialmente en una región como la nuestra que está siendo castigada por el cambio climático. La brecha entre el discurso y la realidad de la escuela pública es tan grande que se convierte en un insulto para quienes sostienen, día a día, la educación de toda la ciudadanía.

No, yo no he pedido un aumento de sueldo. Yo exijo trabajar dignamente. Más allá del problema salarial late un debate mucho más profundo: el de la salud de la educación pública, su valor social, sus carencias históricas y los mitos que la rodean. Como advierten Jesús Rogero y Daniel Turienzo en “Educafakes”, vivimos rodeados de medias verdades que distorsionan la percepción de la escuela pública. Y esas falsas creencias, convertidas en sentido común, pesan tanto como los recortes o los retrasos en las nóminas. Frente a los bulos y creencias extendidas que presentan a la educación pública como menos eficaz en términos de resultados académicos, los datos demuestran que las diferencias atribuidas a la concertada o la privada desaparecen cuando se consideran factores como el nivel socioeconómico del alumnado; es decir, la supuesta ineficiencia de la escuela pública es más un mito social que una realidad educativa. Pero nada mejor que algunos datos para rebatir esas falsas creencias.

Los mitos que enferman el debate

Durante años, el debate educativo en España ha estado atravesado por prejuicios que, lejos de apoyarse en datos, han reforzado una narrativa interesada sobre la supuesta “crisis” de la escuela pública. Uno de los más repetidos es que “el nivel educativo ha caído en picado”. Nada más lejos de la realidad: el abandono escolar temprano alcanzaba el 32,2 % en 2004 y hoy se sitúa en torno al 13,9 %. Lejos de deteriorarse, el sistema ha mejorado en dos décadas, escolarizando a más alumnado y siendo más inclusivo.

Otro mito habitual sostiene que la concertada garantiza mejores resultados. Sin embargo, las pruebas internacionales como TIMSS o PISA muestran que esas diferencias desaparecen al descontar el nivel socioeconómico del alumnado. La comparación es injusta: la escuela pública escolariza al 67 % del total del alumnado, pero asume al 77,3 % del alumnado extranjero, revela que la red pública es la que sostiene el peso real de la diversidad social y cultural en nuestro sistema educativo. Es decir, la pública cumple de facto con la misión de integración y equidad que justifica la inversión pública en educación. En cambio, la concertada, que escolariza al 24,8 % del alumnado total, apenas acoge al 15,4 % del alumnado extranjero. Este desequilibrio muestra cómo la red concertada selecciona de forma indirecta a su alumnado —a través de cuotas, criterios de admisión o, simplemente, por la ubicación de sus centros— y queda menos expuesta a la complejidad social que define a la escuela pública.

Tampoco se sostiene que la concertada sea “más exigente”. Al analizar la cantidad de deberes, la relación entre notas de Bachillerato y resultados en la EBAU (hoy PAU), o la probabilidad de superar curso con iguales competencias, los datos apuntan a que la pública mantiene estándares más rigurosos y realistas. La supuesta ventaja de la concertada es, en gran medida, un espejismo construido sobre la base de un alumnado más homogéneo.

Extremadura: precariedad y promesas incumplidas

En nuestra región, los problemas de la educación pública no están relacionados con la tecnología, que muchas veces sobra por la falta de mantenimiento, sino con la falta de personal: más docentes para reducir ratios, se necesita más personal y más variado en los equipos de orientación, necesitamos personal de administración y servicios en los colegios, personal técnico que mantenga los aparatos electrónicos y personal administrativo que apoye el trabajo de las secretarías. Además, la inmensa mayoría de los centros sufrimos los problemas de climatización, afectando tanto al confort como al rendimiento del alumnado y del profesorado. La falta de recursos humanos adecuados y la sobrecarga administrativa dificultan la implementación de políticas inclusivas y de calidad, convirtiendo la gestión diaria en una tarea agotadora y burocratizada. A eso se suma el incumplimiento de la homologación salarial, un compromiso que la Junta repite desde hace años, pero nunca cumple. Si nada cambia, el 1 de enero de 2026 el profesorado extremeño estará oficialmente entre los peor retribuidos de España.

La paradoja es evidente: se exige mucho a quienes se reconoce poco

Mientras tanto, el colectivo docente sigue trabajando más allá de su horario, se implica en actividades extraescolares, tutorías y programas voluntarios y trabaja en unas condiciones indignas, sufriendo el cambio climático con aulas que llegan a los 38 grados a partir de mayo o, sin ir más lejos, el pasado día 18 de septiembre. La paradoja es evidente: se exige mucho a quienes se reconoce poco. Cada día, veo y escucho docentes que reclaman una jubilación al llegar a la edad mínima afectados por el incremento de horas lectivas, la desatención del alumnado y la presión de las administraciones y las familias. No, yo no he pedido un aumento de sueldo. Yo exijo dignidad.

Qué necesita la escuela pública extremeña

La huelga del 7 de octubre no es solo por un salario digno. Es por un modelo educativo que no puede seguir debilitándose. Entre las medidas urgentes destacan:

Recursos humanos suficientes y estables: reducción de la temporalidad docente, estabilidad para el colectivo interino, mejores ratios por aula, refuerzo de profesorado de apoyo y especialistas (educación especial, atención al alumnado con dificultades, etc.). El artículo 109 de la Ley de Educación (LOE), en sintonía con la Ley de Extremadura, establece que la programación de las plazas escolares y la planificación de la red de centros deben garantizar el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los datos aportados, se debe priorizar la oferta de plazas en la red pública y destinar los medios allí donde mejor se asegure la calidad del servicio educativo y la igualdad de oportunidades. Es decir, los recursos para la educación pública que demuestra mayor eficiencia.

Políticas de equidad e inclusión: educación inclusiva real, que atienda la diversidad, reduzca la segregación escolar, garantice la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, jóvenes inmigrantes, de entornos socioeconómicos desfavorecidos, con apoyo educativo suficiente. No habrá inclusión sin los recursos apropiados para hacer que los centros educativos cambien la mirada.

Revisión de los conciertos con la enseñanza privada: transparencia en la financiación, evaluación real de su impacto, aseguramiento de que no se conviertan en refugios de desigualdad, revisión de criterios de concertación para evitar que se fomente la segregación. No puede ser que las familias decidan llevar a su hijo con problemas (llámese discapacidad) a la escuela pública mientras llevo al concertado al hijo con aspiraciones.

Zonas escolares seguras e inclusivas. La principal fuente de segregación escolar (el factor más desequilibrante en un sistema educativo en el que España está claramente por debajo de la media de otros países) son los conciertos educativos. La segregación escolar no es solo un fallo social, sino uno estructural: se alimenta de políticas de zonificación y de la (supuesta) libertad de elección y, así, convertimos a los centros públicos en guetos. Esto refuerza la idea de que la escuela pública se convierte en escuela de quienes no tienen medios para escoger, lo que socava la equidad, la calidad educativa y la función redistributiva de la educación. Mejorar el sistema educativo implica no solo invertir en recursos, sino reformar las reglas de zonificación, revisar la oferta concertada, garantizar que los conciertos respeten criterios de servicio público y asegurar que la ubicación de centros y acceso no se conviertan en factores determinantes del éxito o el fracaso educativo. Curiosamente, en los pueblos no hay segregación: será que allí la concertada no encuentra negocio.

Formación docente continuada de calidad y reconocimiento profesional: no solo subidas salariales, también formación permanente bien reconocida, incentivos para la innovación educativa (no solo certificados), adaptación al presente (digitalidad, cambio climático, competencias sociales) y establecer una pasarela formativa que, como se hace en países como Noruega, permita al profesorado conjugar docencia y formación actualizada.

El artículo 109 de la Ley de Educación es claro: los recursos públicos deben destinarse con criterios de eficiencia y calidad, lo que significa priorizar la escuela pública y no seguir desviando fondos hacia una red concertada que no asume la misma responsabilidad social

Infraestructuras y dotación material adecuado, especialmente en zonas rurales: transporte, conectividad, equipamientos digitales, laboratorios, bibliotecas, espacios culturales. Pero, por encima de todo, la climatización de los centros educativos. El artículo 109 de la Ley de Educación es claro: los recursos públicos deben destinarse con criterios de eficiencia y calidad, lo que significa priorizar la escuela pública y no seguir desviando fondos hacia una red concertada que no asume la misma responsabilidad social.

Participación democrática y transparencia: que los centros, las familias y el profesorado participen en la elaboración de políticas educativas, en la planificación presupuestaria, en los procesos de evaluación institucional.

Políticas que afronten la ruralidad y el despoblamiento: la crisis del transporte ha demostrado que la Educación no es una prioridad. Hay que implementar proyectos integrales para nuestros pueblos que incluyan medidas de compensación para zonas con mayor dispersión, para evitar el cierre de colegios y la pérdida del servicio educativo en localidades pequeñas.

Homologación salarial efectiva, con fechas y partidas concretas asignadas. Sin dilaciones ni “de presupuestos depende”. Un sueldo digno acorde al compromiso, extraesfuerzos y vocación que se le exige. La docencia sigue siendo uno de los pilares de la sociedad en un momento en el que educar exige nuevas competencias, nuevas habilidades y una formación constante.

Un punto de inflexión

La educación pública extremeña no necesita discursos, sino compromisos reales. La huelga del 7 de octubre es un aldabonazo: un recordatorio de que, sin profesorado motivado, reconocido y bien retribuido, la escuela pública corre el riesgo de convertirse en un servicio de mínimos.

Defenderla es mucho más que una reivindicación laboral: es garantizar un modelo de sociedad más justo, inclusivo y democrático. Si la ciudadanía apoya esta huelga, estaremos diciendo alto y claro que no aceptamos espejismos ni promesas vacías. Porque la educación pública extremeña merece algo más que palabras.