Cádiz
Movimientos vecinales de resistencia en la costa de Cádiz: “El ladrillo no es progreso”

Casi cien años después de que el litoral central de Andalucía recibiera el nombre de Costa del Sol, en 2025 sigue habiendo dudas sobre dónde situar sus confines. Si a comienzos del siglo pasado se incluía la costa almeriense y terminaba al final de la provincia de Málaga, a día de hoy parece que esta comarca turística no tiene fronteras, se expande y abarca hasta Tarifa según algunos folletos de información para veraneantes.

Más allá de nomenclaturas, quienes gestionan el litoral gaditano no parecen haber aprendido la lección de la también denominada Costa del Golf, un referente turístico que ha esquilmado a la población local y los recursos naturales. Según la Junta de Andalucía, esta acabaría en Manilva, pero prácticamente todos los hoteles del pueblo colindante, San Roque (donde se encuentra el puerto de Sotogrande, homólogo del de Puerto Banús), se atribuyen como reclamo pertenecer a la afamada Costa del Sol, garantía de vacaciones exclusivas para visitantes y de malas condiciones para sus habitantes. Si continuamos viajando a través del mapa por el Campo de Gibraltar nos topamos con el municipio fronterizo de La Línea, a cuyo alcalde no le tiembla la voz al dejar claro que su tendencia es la de seguir el modelo turístico de Málaga, ciudad en la que las vecinas llevan años manifestándose contra este prototipo insostenible, erosionador del tejido local, que las expulsa de sus barrios y empobrece. Pasando Algeciras llegamos a Tarifa, donde este año se han invertido 100.000 euros en turismo pero el alcantarillado de la ciudad no da a basto y los espacios públicos se deshacen, víctimas del descuido premeditado. Continúa la costa de Barbate, donde se encuentran Zahora y Los Caños, pedanías donde la población se multiplica por quince en verano a pesar de no llegar el agua corriente ni contar con una recogida de basura eficaz. Lindando al Parque Natural de La Breña, cuya frondosidad se ha visto disminuida de malas maneras por una empresa privada de servicios medioambientales que no está poniendo en prácticas las medidas pertinentes del clareo, hay planeado un macroproyecto de viviendas exclusivas.

“Barbate no tiene capacidad para tanta gente, los precios han aumentado. Para el ayuntamiento es un éxito, pero tiene muchos inconvenientes”, expone Antonio Aragón de la asociación ecologista Enebro. 

Aunque sus gobernantes no escarmientan y vinculan construcción con progreso, la población del litoral gaditano lleva varios años organizándose y alzando la voz ante una situación de abandono y destrucción del ecosistema que no están dispuestas a permitir. Muy cerca, las vecinas de la capital de Cádiz han visto cómo en menos de una década su ciudad les ha sido arrebatada: la piedra ostionera de sus calles alberga cada vez más hoteles y pisos turísticos, lo que complica la vida de su población autóctona. Más acostumbradas a recibir visitantes han estado otras localidades, como Los Caños, Barbate o Tarifa, pero también han notado un incremento de prácticas invasivas en los últimos años, tanto urbanísticas como de ocio, que les ha hecho plantarle cara a la mala gestión del turismo, defensoras de su tierra y de su idiosincrasia. Este verano han ocupado la prensa un buen número de manifestaciones vecinales en todo el litoral; en ellas reivindican un modelo turístico controlado, la defensa del ecosistema y el derecho a los servicios mínimos de alcantarillado, agua corriente, luz y recogida de basura. En el siglo XXI, el estado del bienestar no funciona del todo bien en algunas partes del sur de Europa.

Para conocer la realidad de estos territorios, quien escribe se ha movido por este tramo de costa atlántica en transporte público, lo que la ha llevado a hacer autostop de un municipio a otro, cosa normalizada debido a la falta de infraestructura y servicios básicos para su ciudadanía. En el horizonte, mientras un incendio arrasaba más de quinientas hectáreas de la zona turística de Atlanterra en Tarifa, teniendo que llegar a evacuar a quienes allí veraneaban, otro pequeño foco preocupó a los vecinos de Los Caños, aunque fue controlado en poco tiempo y no tuvo consecuencias graves. Los turistas que recorren esas carreteras y abarrotan esas playas se preocupan porque sus vacaciones se vean alteradas, por tener que elegir otro destino para el ansiado e insuficiente tiempo de descanso, mientras los vecinos luchan por conseguir unos servicios básicos para el día a día. Una vez controlados los incendios de la provincia, al tiempo que otras comunidades autónomas siguen sufriendo las consecuencias de la mala gestión forestal, consigo entrevistar a varias vecinas al frente de asociaciones que velan por la defensa de sus territorios, conscientes de que las infraestructuras turísticas no son la solución a un abandono por parte de las instituciones al que no tienen intención de acostumbrarse.

En el Puerto pesquero de Barbate hay un bar, pero pedimos un par de sillas prestadas a unos hombres que arreglan redes, charlan, fuman. Nos sentamos a la sombra frente al pinar y a la zona de desarrollo turístico del municipio, donde por ahora no hay planes de construcción. Antonio Aragón pertenece a Enebro, la asociación de Ecologistas en Acción en la zona y el primer tema que abordamos es la fiebre del atún en su municipio. Nos cuenta que “el Puerto de Barbate está sufriendo una crisis tremenda desque que Marruecos reclamara sus aguas territoriales en los años 70”; apenas salen barcos ya que la pesca la esquilmaron hace mucho tiempo en el Golfo de Cádiz. “El tema del atún actualmente es meramente turístico, siempre ha habido atún. Lo de ahora es un invento gastronómico que se ha promocionado muy bien”. Además, añade que “la almadraba debería ser explotada en régimen de cooperativa al estar instalada sobre el litoral barbateño y no de forma privada como casi siempre ha estado.” Actualmente la mayoría se vende al extranjero y lo que se queda se ha revalorizado y convertido en prácticamente un producto de lujo. “Viene gente de todas partes a comerlo, el atún nunca había sido un producto gourmet, había sido un producto de consumo para la población.” Esta tendencia gastronómica ha encarecido la vida en el municipio, donde se puede alquilar una casa solo de septiembre a junio. “Barbate no tiene capacidad para tanta gente, los precios han aumentado. Para el ayuntamiento es un éxito, pero tiene muchos inconvenientes: vivienda, aparcamiento, suciedad y masificación. El turismo está promocionado, no planificado.”

Actualmente en Barbate cuentan con un Plan General de Ordenación de Urbanística (PGOU) de 1995 en el que se establecen claramente las zonas de desarrollo turístico, frente al puerto y dentro del entramado urbano. Aun así, hay varios proyectos aprobados que se ubican lejos de estas zonas: lindando con parque natural y muy cerca de la línea de costa. Uno de ellos es la macro urbanización de El Següesal, planificada desde 2011 entre dos zonas del Parque Natural de La Breña, que proyecta viviendas turísticas, plazas hoteleras, centros comerciales y campos de golf. Un proyecto que ya “pararon hace dos años porque no respetaban la normativa medioambiental. Querían construir sobre Hábitat de Interés Comuniario (HIC) de especial protección, impidiendo la comunicación de especies entre dos partes del Parque Natural, y lo han vuelto a resucitar, el mismo proyecto con las mismas características.”   

El recién aprobado proyecto de Trafalgar-San Ambrosio hace que se constituyan como plataforma, ya que “es una construcción muy destructiva para el entorno”. En mayo fue aprobado en un pleno del ayuntamiento y desde entonces han presentado alegaciones, recogidas de firmas y enviado notas de prensa. “Quieren hacer más de dos mil plazas hoteleras, trescientos apartamentos y un centro comercial. Eso no va con la identidad de la zona, lo primero que tienen que hacer es regular lo que hay.” En cuanto a la falta de regularización en Los Caños y Zahora, “la excusa del ayuntamiento es que gracias al desarrollo urbanístico podrá legalizar el resto, pero yo creo que no, porque son sitios excluyentes, para gente de alto poder adquisitivo y la población se quedará al margen como siempre.” Aragón nos cuenta que el actual alcalde de Barbate, Miguel Molina, era agente inmobiliario. Barbate “ha vivido de la pesca, ahora del turismo, pero no lo han hecho bien. Se puede vivir del turismo pero hay que planificarlo, no queremos ser un escaparate, queremos continuar con nuestro carácter marinero. Estos macroproyectos son especulativos y encuentran una administración que está dispuesta a ofrecérselo.” Aragón lleva militando en asociaciones locales desde los años 80. Ante mi pregunta de si ha servido para algo, no lo duda: gracias a la presión ejercida por la ciudadanía, han conseguido parar varios proyectos, proteger el entorno y sus vidas de la especulación que han intentado ejercer los diferentes gobiernos.

Para llegar hasta Zahora hago autostop al sol, sino tendría que llegar andando. Me paro junto a un paso de cebra en esa zona legalmente urbanizable, pero que no suscita el interés de ninguna constructora. Se acerca un vehículo y una mujer saca la cabeza por la ventanilla del copiloto, me dice que suba. Es el coche de una pareja gallega que lleva 20 años veraneando en Zahora. Me cuentan que siguen viniendo todos los años pero que ya no es lo mismo, que todo ha cambiado mucho, que cada vez hay más gente, pero siguen enamorados de las playas y la naturaleza del entorno. Me apeo en el cruce donde se encuentran algunos establecimientos hosteleros y llamo a José Antonio Mármol, secretario de la Asociación de Vecinos Costa de la Luz. Sorprendentemente, está en el mismo bar en el que he decidido entrar para ir al baño y tomar agua.

Esta asociación se constituye hace más de tres décadas en Zahora debido al abandono que sufre la pedanía. A pesar de pagar sus impuestos, muchas de las construcciones que se han ido llevando a cabo de forma descontrolada en la zona se encuentran en situación de ilegalidad. Casi la mitad de las vecinas de Zahora pertenecen a la asociación, son ellas quienes arreglan los caminos de tierra y velan por sus intereses, ya que se encuentran en “situación de abandono por parte del Ayuntamiento”. Llevan décadas solicitando la regularización de todas las viviendas y negocios además del agua corriente, un recurso de primera necesidad al que no tienen acceso. “Zahora ha crecido con el turismo, no nos ha quedado otra.”

Según nos cuenta Mármol, en el mismo PGOU del año 1995 estaba recogido un plan de desarrollo de la pedanía que nunca se llevó a cabo y que ha propiciado un “desarrollo posterior descontrolado”; un plan en el que se están haciendo modificaciones puntuales para llevar a cabo proyectos turísticos pero “no para desarrollar la pedanía”. En el año 2000 la asociación firmó un convenio de colaboración urbanística con el ayuntamiento que este nunca llevó a cabo, y por lo que en 2007 fue condenado a cumplirlo por sentencia judicial. A día de hoy, el ayuntamiento sigue sin cumplir lo acordado en cuanto a regularización de las propiedades y acceso al agua, pero continúa invirtiendo en desarrollar urbanísticamente una zona protegida. “En Zahora solo tienen agua dos campings y el colegio”, el resto de habitantes se apañan con pozos y suministro a través de camiones cisterna. En 2004 se instalaron unas tuberías que llevarían el agua a la pedanía, pero esta no se terminó y no existe red de saneamiento. 

Al igual que Enebro, la Asociación de Vecinos Costa de La Luz pertenece al movimiento “Salvemos Trafalgar” que lucha contra el proyecto especulativo Trafalgar-San Ambrosio para evitar la construcción de 70 hectáreas de instalaciones turísticas en zona protegida, interponiendo alegaciones y manifestándose. Mármol denuncia que se ha aprobado provisionalmente este proyecto “en verano, cuando estamos todos trabajando y la población se multiplica por quince”. Piden un desarrollo sostenible y que se cumpla lo establecido en el PGOU; se lamentan de que en su pedanía lo único que se busquen sean “pelotazos urbanísticos”. El tercer proyecto de la zona, además del de Següesal y Trafalgar-San Ambrosio, que también se encuentra aprobado provisionalmente es de Sierrezuela Playa, que ocuparía más de 20 hectáreas entre Zahara y Tarifa, ubicado al lado del río Cachón, fuera del Parque Natural pero “zona declarada inundable y de protección de algunas especies.”

Además de la pésima gestión urbanística, el municipio de Barbate está sufriendo la mala gestión de su Parque Natural. Desde el pasado otoño se están llevando a cabo en la Breña unas labores de clareo que están acabando con el ecosistema y que ha hecho saltar las alarmas en su población. Para hacerle frente al ecocidio se ha reactivado la Asociación Zahora Natural y ha surgido el movimiento “Por la Breña”, que se está dedicando a solicitar la documentación de las prácticas incontroladas de tala y a exigir que se retomen las formas tradicionales de trabajo forestal que no pongan en peligro el entorno.

“La línea costera está llena de negocios de hostelería con licencias temporales, muchas sin licencia de música, pero acaban montando discotecas que no cumplen medidas básicas como la insonorización”, explica Zara,  del movimiento Basurero El Palmar

Una amiga me alarga en su coche hasta el Parque y quedamos en el área recreativa Majales del Sol con Eva Fuentes, parte activa de la Asociación. Según nos cuenta, tener personalidad jurídica es una estrategia que les permite “actuar a nivel legal para conseguir documentos que estaban negando a la ciudadanía e interponer denuncias.”  Manifiesta que, para llevar a cabo las labores de clareo necesarias en el pinar, gestionadas por la empresa privada Noceda, “se han saltado muchos criterios del plan de regulación del Parque Natural, como son entrar con maquinaria pesada o poner en peligro especies protegidas, como son el enebro, el camaleón o la orquídea Orchis collina; la tala abusiva, y eliminación de árboles con un perímetro de más de 25 centímetros, cosa que no está permitida.” Además, las labores se han llevado a cabo en época de cría, y aunque han parado la actividad en verano, retomarán próximamente la actividad hasta finales de año. Esta asociación cuenta con el asesoramiento de abogadas y se ha centrado en labores administrativas, ya que consideran que es el medio de “llegar a algún lado que bloquee sus acciones, bloquearlos a nivel legal”. El colectivo se ha dedicado a registrar y hacer públicas todas sus acciones, y gracias a la repercusión en los medios “han conseguido que les hagan caso”. Las solicitudes de información en muchos casos no han sido tenidas en cuenta o no han atendido a los plazos de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, incumpliendo reiteradamente la ley de transparencia y el Convenio de Aarhus. Según Fuentes, les ha sorprendido que las malas prácticas en el pinar se hayan hecho sin ningún tipo de miramiento, a la vista de todos los vecinos, actuando con total impunidad. Mientras, los políticos mantienen que estos trabajos son “por el bien de la ciudadanía”, sin mostrar ninguna preocupación por proteger el territorio. Además, les consta que este tipo de malas prácticas se está llevando en otras zonas naturales protegidas del Estado. Por último, nos transmite un dato curioso: la provincia de Cádiz es la que cuenta con más asociaciones ecologistas del territorio español, llegando a un total de dieciséis. Abandono La Janda tras caminar a la vera de la carretera desde donde se ve atisba el faro Trafalgar y los límites del parque en los que se planifican miles de plazas hoteleras que ocultarían el horizonte. Vuelvo a hacer autostop y un  empresario brasileño que lleva cinco años viviendo en la comarca me acerca a donde puedo coger un autobús para volver a casa. Tiene varios negocios de sandalias, uno de ellos, ubicado en El Palmar, lo cerró hace poco porque aquella zona ya no le gusta por su masificación.

Mala planificación turística en El Palmar y Tarifa

Este es otro territorio que también sufre cada verano las consecuencias de la mala planificación turística: la pedanía de El Palmar, perteneciente a Vejer de la Frontera. Según nos cuenta por teléfono Zara, del movimiento Basurero El Palmar, “la línea costera está llena de negocios de hostelería con licencias temporales, muchas sin licencia de música, pero acaban montando discotecas que no cumplen medidas básicas como la insonorización”. Esto ha causado que la ciudadanía denuncie estas prácticas que hacen que durante el verano no puedan vivir tranquilas debido al nivel de ruido, iluminación y residuos que colman su pedanía. La activista achaca el descontrol que se vive en aquella zona en verano a la inexistencia de ordenanzas municipales que hagan responsables a los dueños de los establecimientos del cuidado del entorno. 

Zara gestiona una cuenta de Instagram que comenzó visibilizando la acumulación de basura que se generaba en la zona cada verano y que a día de hoy mantiene una importante lucha por la conservación de la duna, un territorio que, según nos cuenta, en verano se convierte en “un baño público” y que nunca se han preocupado por proteger a pesar de su valor natural. Esta cuenta está sirviendo como medio de información y denuncia del abandono de la pedanía, que tampoco cuenta con agua corriente ni servicio de alcantarillado, y la proliferación de establecimientos turísticos que explotan la zona. Según nos cuenta, el ayuntamiento no muestra ningún interés por regularizar las viviendas ni apuesta por servicios básicos para su ciudadanía. 

Días más tarde llego hasta la estación de autobuses de Tarifa, donde me espera Juan Manuel, parte del colectivo Tarifa no se vende. Según nos cuenta, la asociación se constituye hace unos meses cuando se dio a conocer “el proyecto Gran parcela, que abarca todo el frente marítimo de Tarifa y que planea echar abajo escuelas,  el polideportivo, la piscina pública y casas”. Para llevar a cabo este proyecto, la promotora “ha comprado la antigua conservera de Tarifa, y con ese achaque quiere convertir toda la zona colindante en turística y construir las escuelas en el interior; hacer viviendas para guiris con pasta, de precios desorbitados. En ese momento salta la voz y la gente empieza a reunirse.” Deciden crear la plataforma y se constituyen como asociación porque “esto no se para en un día, necesita de un seguimiento”. “Estaba medio pueblo en contra. Vamos a hacer lo que podamos.” Según nos cuenta, este gran proyecto urbanístico es una iniciativa del partido político Nuevos Aires Tarifa, formación que “actualmente cuenta con dos diputados y su entrada fue clave para que gobernara el PP. ”

“La masificación del turismo es horrible y el pueblo no gana. Quieren que sea como la Costa del Sol, no tiene sentido”, se queja Juan Manuel, parte del colectivo Tarifa no se vende.

Desde Tarifa no se vende están presentando alegaciones ante todos los proyectos de construcción que no cumplen la legalidad, que son muchos. Actualmente, en la zona urbana de Tarifa hay varias urbanizaciones comenzadas y otras a punto. “En zonas del litoral como Bolonia y Valdevaqueros también quieren construir, aun siendo Parque Natural del Estrecho. Nosotros alegamos, es lo único que podemos hacer.” José Manuel mantiene que en Tarifa hay déficit de vivienda y que “el tarifeño no puede comprar” nada de lo que se está construyendo. “La masificación del turismo es horrible y el pueblo no gana. Quieren que sea como la Costa del Sol, no tiene sentido”. Otros de los planes son ampliar el puerto y construir campos de golf, a pesar del déficit de agua y el problema de saneamiento: es frecuente que haya escapes de pozos ciegos que vierten aguas fecales en la playa urbana de Los Lances.

La función de esta asociación es “velar por la legalidad y satisfacer una función informativa ante la falta de transparencia del ayuntamiento”. Mientras todos estos planes ocupan los plenos, “el pueblo se está cayendo a trozos.” Desde Tarifa no se vende mantienen que el abandono es premeditado para seguir construyendo en lugar de mantener los espacios tradicionales, como el Paseo de Miramar, donde se han cambiado bancos de azulejos tradicionales por bloques de hormigón y eliminando zonas verdes, eliminando mobiliario urbano identitario del municipio, una práctica que se lleva implementando muchos años en pueblos y ciudades de la Costa del Sol.

Las experiencias de estas asociaciones demuestran que, gracias a la presión comunitaria, es posible detener proyectos que no benefician a sus vecinas, ya que muchos de ellos se encuentran en situación de ilegalidad. Las redes sociales son un medio utilizado por todas ellas como altavoz y medio de información para dar a conocer la situación en otros territorios y conseguir que aumente la presión social. Resulta impactante que sea necesario que estos colectivos se dediquen a solicitar a las administraciones que lo que se haga esté dentro de la legalidad, solo eso; que tengan que defender lo público, paradójicamente, de los poderes públicos.