Agresiones sexuales
Protocolos de actuación ante violencia sexual: dispersos, obsoletos o inexistentes

Hacer de las necesidades de la víctima una prioridad es el primer aspecto que debería contemplar cualquier protocolo de actuación ante las agresiones sexuales, según explican varias expertas. Pero no siempre atender a las víctimas es lo que procuran en estos protocolos, cuando existen.

La llamada de atención que dieron varias voluntarias del Punto Violeta de Majadahonda, en Madrid, al denunciar la falta de conocimiento y tacto de los agentes que acudieron a atender una denuncia de agresión sexual tiene una correlación directa con la inexistencia, dispersión y desconocimiento de protocolos de buenas prácticas en la atención a la violencia sexual, como demuestran múltiples documentos de actuación en el ámbito local o regional que no responden a una estrategia integral. 

Según explica el propio Ministerio de Interior, no existen protocolos de atención a la violencia sexual de ámbito estatal de aplicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes de este organismo, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil. Pese a que están trabajando en ello, insisten, lo cierto es que en la actualidad no existen una pautas de referencia estatal para los agentes de estos cuerpos. Sin embargo, sí existe, por ejemplo, un protocolo de actuación para Policía y Guardia Civil en La Rioja y algunas comunidades cuentan con documentos de carácter territorial que se encargan de describir la coordinación entre diferentes recursos.

Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde existe un ‘Protocolo de actuación coordinada de los organismos competentes en materia de agresiones sexuales’. Este protocolo, que tiene una década, recoge el modo de actuar ante una denuncia de agresión sexual. Pero se aleja mucho de poner en sus prioridades las necesidades de las víctimas.

“No solo no protege a la mujer sino que es revictimizante”, explica Nerea García Llorente, de Generando red contra las violencia machistas. Según García Llorente, este documento “se centra en la violación con penetración, olvidando otras violencias, y tiene una preocupación meramente policial y judicial, como es el cuidar la cadena de custodia de las pruebas”. De hecho, el protocolo describe cómo debe hacerse esta recogida, poniendo énfasis en que los sanitarios “valoren la resistencia" de la víctima y consideren la importancia de restos hallados entre las uñas”. Es decir, en la línea del debate que ha abierto la sentencia que condena a La Manada por abuso y no por violación, incide en la demostración de resistencia activa y casi heroica a las víctimas para determinar si se ha producido una agresión.

¿Cómo debería entonces ser un protocolo de actuación ante de la violencia sexual? “Lo primero es poner a la víctima en el centro, su bienestar y su atención sanitaria”, dice García Llorente. También debe ser interseccional —tener en cuenta necesidades de mujeres migrantes o con diversidad funcional— y ser evaluado periódicamente. Pero el protocolo actual no incluye ninguno de estos aspectos.

Es la preocupación por el enfoque de este protocolo la que ha llevado a Asamblea Feminista de Madrid y Generando Red contra las violencias machista a elaborar una propuesta de protocolo que propone una serie de modificaciones urgentes del actual y esboza un plan integral contra la violencia sexual.

Entre las urgencias señala la falta de recursos: solo un hospital de la ciudad de Madrid, el hospital Universitario de la Paz, garantiza la presencia de un médico forense, una figura que es necesaria para que la víctima pueda interponer la denuncia en el mismo hospital.

Tras mantener varios encuentros y reuniones con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, el plan podría dar nuevos pasos este otoño. Las promotoras de la iniciativa son optimistas y confían en que otro enfoque es posible después de que el caso de La Manada o una propuesta de ley sobre violencia sexual mantengan en la agenda el debate sobre la violencia sexual: “Un protocolo de atención a la violencia sexual tiene que contemplar la justicia restaurativa y medidas de no repetición”, explica García Llorente, que pone como ejemplo el trabajo que se ha realizado en policías autonómicas como la Policía Foral de Navarra o la Ertzaintza.

BRIGADAS ESPECIALIZADAS, pero no tanto

Javier Hernández, jefe del Grupo de Comunicación de la Policía Foral de Navarra, pone en valor el trabajo de este cuerpo autonómico. Sí, explica, existe un protocolo específico para que los agentes tengan referencias sobre cómo actuar en casos de agresiones sexuales. Sí, el primer paso de este protocolo en atender y proteger a la víctima.

El ‘Procedimiento Normalizado de Trabajo en delitos de agresiones sexuales’, explica, que se actualiza regularmente, contempla la actuación policial es tres fases: la primera, proteger y atender a la víctima; la segunda, localizar al agresor; la tercera, proteger el lugar de los hechos.

“Nuestra primera obligación es la de asegurar que la agresión ha cesado y valorar el traslado al centro hospitalario”, indica. Según Hernández, aunque en el primer aviso se moviliza a la patrulla mas cercana, existe una Brigada Especializada, una figura creada en 1999, que está entrenada para atender las necesidades de las víctimas.

El aviso de agresión sexual moviliza otra serie de recursos como policía judicial y científica, así como una unidad psicológica de guardia. Sobre la toma de declaración y la posibilidad de interponer denuncia, Hernández explica que “no todas las víctimas reaccionan igual” y asegura que la obligación de la Policía Foral es informar y respetar los tiempos y la decisión de cada persona.

Tere Sáez, de Lunes Lilas, reconoce que el trabajo que se ha hecho en Navarra desde 2008, año del asesinato de Lagore Laffage, ha calado, lo que explica que tanto la Policía Foral como entidades locales tengan protocolos específicos. “Lo que estamos conociendo en los últimos años es que hay una buena atención, al menos desde el aspecto de poner a la víctima en el centro, que es un aspecto en el que se ha insistido mucho”, explica, porque “el trabajo que se ha hecho desde 2008 ha sido muy potente y ha repercute en muchos ámbitos a nivel de Gobierno”.

Pero Sáez hace algunas puntualizaciones. En primer lugar, las brigadas de la Policía Foral no están especializadas en violencia sexual sino que son Brigadas Especializadas en violencia de género, agresiones sexuales, menores y personas vulnerables, por lo que se hace necesaria una especialización en violencia sexual. En segundo lugar, explica, esta formación debería extenderse más allá de la brigada. “Existen protocolos pero, y lo hemos visto con las mujeres asesinadas en estos días, sin formación los interpretan como les da la gana”, concluye.

Sáez pide que un buen protocolo de atención a la violencia sexual debe incluir un recurso específico con personal psicológico y jurídico especializado y, también, que ante una agresión se establezca que la atención a la víctima la de preferentemente una mujer.

También la Ertzaintza cuenta con un protocolo específico de actuación ante la violencia sexual. Creado en 2008, este cuerpo policial también parte de la base de atender, en primer lugar, a la persona que ha sido agredida. “El procedimiento parte de la base de poner a la víctima en el centro”, explica el jefe territorial de Bizkaia, Josugotzon Lujua Altuna. “Esto significa que se prioriza la atención médica”, añade. En esa primera aproximación se valora si la persona necesita ser trasladada a urgencias y, si así se decide, se activa el servicio forense, que acudirá al hospital para la recogida de muestras. 

La Instrucción Número 3 de la Viceconsejería de Seguridad es la que recoge este protocolo interno, en el que también se establece la coordinación institucional y se detalla que no debe priorizarse la toma de declaración de la víctima, que solo se hará después de haber asegurado que la agredida ha recibido la atención que merece.

Lujua añade que algunos casos de violencia sexual se rigen por el protocolo de atención a la violencia doméstica, ya que muchos casos se producen en ese contexto.

Según datos ofrecidos del Ministerio del Interior, en el año 2017 se conocieron 11.692 delitos contra la libertad sexual en España. Además, el macroinforme realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea calcula que al menos un 6% de las españolas de entre 18 y 74 años ha vivido algún suceso de violencia sexual después de los 15 años. Es decir, alrededor de un millón de mujeres han sufrido una agresión sexual en el Estado español.

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Gracias por no ser la víctima que el machismo dicta, por querer vivir y por querer hacerlo con dignidad.