Derecho a la vivienda
El PNV tumba la renovación de los alquileres y salva al casero que quiera echar a la inquilina para cobrar más

Con el único escaño que tiene en la Diputación Permanente del Congreso, el PNV ha decidido este 12 de noviembre la última votación de calado de la legislatura en materia de vivienda. Ha sumado su voto al de PP, Vox y Junts y ha hecho caer el Real Decreto-ley 28/2026, que obligaba a renovar los contratos de alquiler de vivienda habitual por periodos de cinco años, o de siete si el propietario es una empresa, y a indemnizar al inquilino cuando el propietario decidía no renovar. El decreto ha caído por 35 votos contra 34. Con las Cortes disueltas por las elecciones del 29 de noviembre, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos tenían 34 escaños en la Diputación Permanente, los mismos que PP, Vox y Junts, por lo que el diputado jeltzale tenía en su mano los dos decretos.

El instrumento que ha caído era el que intervenía en la crisis habitacional a favor de las inquilinas que viven de alquiler con un contrato que ya ha cumplido su plazo mínimo de cinco años. Según su preámbulo, los contratos firmados entre 2019 y 2022, que son la mayoría de los vigentes, vencen entre 2027 y 2030. En Euskadi hay 86.522 contratos de alquiler libre en vigor. Sin el decreto, esas inquilinas solo podrán pedir la prórroga extraordinaria de dos años que sí ha salido adelante, pero únicamente si su contrato vence antes de 2028 y están al día en el pago. Cuando termine, el propietario podrá no renovar y volver a alquilar la vivienda al precio que fije el mercado, contribuyendo así a especular con la vivienda.

Esa prórroga forma parte del otro decreto, el Real Decreto-ley 29/2026, que el PNV sí ha apoyado y que ha salido adelante por 35 votos contra 34. Se le conoce como decreto Maricarmen por la mujer de 87 años cuyo desahucio, el cual le provocó la muerte pocos días después, cita su preámbulo. Suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables que no tengan alternativa habitacional, limita las compras de vivienda de los grandes tenedores y aplica un IVA del 10% a los alquileres turísticos de treinta noches o menos. Ese IVA era la condición que el PNV había puesto para votar a favor.

Con este voto, es la tercera vez en esta legislatura que el PNV impide que salga adelante una protección para los inquilinos que se quedan sin contrato. En abril se abstuvo cuando PP, Vox y Junts derogaron la prórroga de dos años de los alquileres que vencían, y a finales de septiembre votó en contra del primer decreto de renovación, el 27/2026, que el Gobierno volvió a aprobar en octubre con otro número.

A qué propietarios se dirigía el decreto

Aitor Esteban defendió el voto de su partido en una entrevista en EITB el 8 de octubre. El decreto que el PNV apoya era, según su presidente, un “parche momentáneo” que da “seguridad a los pequeños propietarios”. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, había calificado el otro de “ataque” al pequeño propietario. Vaquero repitió este jueves el argumento en la Diputación Permanente, donde acusó al Gobierno de impulsar una reforma que “busca la confrontación”. “No aceptamos que para proteger a unos haya que negar los derechos a otros”, dijo, en referencia a los pequeños propietarios.

El decreto que han tumbado distinguía entre dos tipos de propietario. El primero es el que necesita la vivienda para vivir en ella, o para que vivan sus padres, sus hijos, sus nietos, sus hermanos o su excónyuge. Ese propietario podía recuperarla sin pagar nada a la inquilina, con la única condición de mudarse en tres meses. El segundo es el que quiere cambiar de inquilina para subir el alquiler. Ese último obligaba al dueño a pagar a la inquilina que se iba un mínimo de doce mensualidades, calculadas sobre el índice estatal de precios, o una por cada año que hubiera vivido en la casa si esa cantidad era mayor. Tampoco pagaba nada el propietario que ofreciera a la inquilina un contrato nuevo de cinco años con una renta dentro de ese índice. El pequeño propietario al que se refería el PNV no tenía que pagar, y el voto jeltzale ha salvado al otro, al que cambia de inquilina para cobrar más.

El propietario que necesitaba la vivienda para su familia podía recuperarla sin pagar; el que quería subir el alquiler con una inquilina nueva tenía que indemnizar a la anterior

Cuánto gana ese segundo propietario se puede calcular con los datos del depósito de fianzas del Gobierno Vasco. Los contratos de alquiler libre vigentes a finales de 2025 pagaban de media 801,4 euros al mes, y los firmados en el último trimestre de ese año se cerraron a 885,5 euros, un 10,5% más. Son 84 euros al mes, algo más de 1.000 al año, por cambiar de inquilino. Con el decreto, el propietario que quisiera cobrarlos tendría que indemnizar antes al que expulsaba de la casa. Sin el decreto, le basta con no renovar el contrato y seguir acumulando riqueza con la especulación inmobiliaria.

La oferta y los vulnerables, según los datos

Esteban sostuvo en la misma entrevista que la oferta de alquiler ya está bajando y que el decreto llevaría a su “colapso absoluto”. Vaquero lo repitió este jueves en la sesión parlamentaria. El efecto del decreto, dijo, “sería detraer la oferta de la vivienda”. El argumento es que los propietarios retirarán sus pisos del alquiler si no pueden recuperarlos cuando quieran. El decreto no ha llegado a aplicarse, dado que su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre, así que no hay datos sobre su efecto.

Los contratos de alquiler en vigor en Euskadi aumentaron un 2,9% en 2025, sin rastro de la retirada de pisos que anuncia el PNV

Pero los datos del Gobierno Vasco sobre el mercado actual no muestran ninguna retirada en la inversión. Más bien al contrario, Euskadi cerró 2024 con 84.094 contratos de alquiler libre en vigor y 2025 con 86.522, un 2,9% más. Lo que sí ha subido es el precio de los contratos nuevos, un 6,1% en un año. Esa subida se produce cuando un piso cambia de inquilino, y es lo que el decreto quería frenar al obligar a indemnizar a quien no renueva para alquilar más caro.

Esteban dijo también que el decreto que sí apoyó su partido sirve para “proteger a los verdaderamente vulnerables”. La prórroga de dos años que incluye solo puede pedirla quien esté al corriente de pago y lo haya estado durante los ocho meses anteriores, un requisito que el PNV había pedido al Gobierno. Una familia que se haya retrasado un mes en el alquiler no puede acogerse a ella, y son precisamente esas familias las que terminan en los juzgados. En 2025 se practicaron en Euskadi 974 desahucios, un 60,2% más que el año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial, y en el primer trimestre el 77% fueron por impago del alquiler. La protección de las personas vulnerables no está en la agenda del PNV, pese a su discurso público.

En esa misma entrevista de octubre, Esteban se refirió a la huelga general por la vivienda. Expresó que le tenía “perplejo” y que “no va a construir más vivienda ni va a aumentar la oferta”. Pidió a los convocantes que aclararan “exactamente” por qué paraban, porque iban “unos por una razón y otros por otra”, y recordó que los ayuntamientos tienen “bastantes competencias” en vivienda y que “hay muchísimos de EH Bildu”.

Ciertamente, las razones estaban escritas a fuego en las pancartas. Los sindicatos de vivienda plantearon tres demandas que ELA, LAB y el resto de convocantes hicieron suyas: expropiar a los especuladores, prohibir la actividad especulativa y organizar el parque de viviendas según las necesidades de la clase trabajadora. A ellas sumaron el fin de los desahucios, la bajada de los precios y un salario mínimo propio de 1.500 euros.

En otras palabras, la huelga exigía cambiar quién controla las viviendas que ya existen y a qué precio se alquilan. Más de 200.000 de personas de todas las capitales vascas la secundaron ayer en las calles. El decreto que el PNV ha tumbado al día siguiente regulaba una pequeña parte de esa realidad social cada vez más complicada para muchas personas: cuánto tiempo puede quedarse una familia en la casa que ya alquila.

Esa es una competencia que el propio PNV ejerce en Euskadi, que gobierna con el PSE, y sus decisiones van en la misma dirección que su voto en Madrid. Desde el 28 de octubre, el Gobierno Vasco ofrece a los propietarios de las zonas tensionadas el programa Alokaplus, que les paga entre 14 y 20 mensualidades si el inquilino deja de pagar. El dinero público asegura así al propietario frente al impago, mientras el PNV rechaza que el propietario compense al inquilino al que no renueva para lucrarse con un bien básico.

El Gobierno Vasco entregará al propietario hasta 20 mensualidades si el inquilino deja de pagar

Entre los cargos del PNV hay también propietarios que viven en parte del alquiler. El senador por Bizkaia Igotz López Torre, que ha pedido más jueces y fiscales para resolver con “rapidez” las ocupaciones, declara en el Senado tres viviendas alquiladas en Madrid, Bilbao y Zamudio, por las que ingresa 12.412 euros al año, según su declaración de bienes y rentas, que ha difundido Ahoztar Zelaieta. Asimismo, en los pisos turísticos, la ley de vivienda que PNV y PSE aprobaron en el Parlamento Vasco en diciembre de 2025 suspende la apertura de nuevos en las zonas tensionadas, pero deja funcionar los que ya estaban inscritos. Hordago ha publicado quiénes son sus dueños: 52 sociedades con cinco o más pisos, que suman 855 alojamientos, entre ellas empresas de exconcejales del PNV, de miembros de la cúpula de la patronal y de grandes constructoras.

En la vivienda pública, además, el Departamento de Vivienda encarga a consultoras los planes que deciden dónde se construye vivienda protegida. Como ha publicado Hordago-El Salto, cinco firmas han cobrado 3,56 millones en 58 contratos desde 2015, la mitad sin concurso, mientras 104.280 personas o unidades de convivencia esperan una vivienda en Etxebide. Para ampliar el parque, el Gobierno de Imanol Pradales va a pagar 100 millones a Testa, la socimi del fondo Blackstone, por las 510 viviendas de protección oficial de Benta Berri, en Donostia, levantadas sobre suelo público. Son unos 196.000 euros por vivienda, frente a los 38.800 que pagó por cada una de las 148 que compró en Arrasate en 2025.

La gran apuesta de la legislatura, el Fondo Social de Vivienda de 2.000 millones, promete 10.000 alquileres asequibles con el Gobierno como socio minoritario: aportará entre el 25% y el 30%, y el control, entre el 70% y el 75%, quedará en manos privadas. De nuevo según las informaciones de esta revista, la patronal de la construcción que presidieron tres excargos del PNV ha presionado para que así sea. Mientras tanto, los contratos de alquiler firmados en 2019, los primeros con el plazo mínimo de cinco años, empiezan a agotar sus prórrogas en 2027.

Sin el decreto que ha tumbado el PNV, sus propietarios podrán no renovarlos y volver a alquilar esas casas al precio del día sin pagar nada a las familias que viven en ellas.