Derecho a la vivienda
Presión contra el PNV por su ‘no’ a la renovación indefinida de los contratos de alquiler

El PNV volverá a desmarcarse este viernes de una medida destinada a reforzar la estabilidad de las personas inquilinas propuesta por el actual gobierno estatal. La formación nacionalista ha anunciado que votará en contra del Real Decreto-ley 27/2026, aprobado este martes por Consejo de Ministros y que debe ser refrendado en el Congreso, que establece un nuevo régimen de prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual una vez cumplido el periodo mínimo de cinco años —siete cuando el propietario sea una persona jurídica—. 

La formación sí que votará a favor del primer Real Decreto-ley 26/2026, que tiene medidas de protección como la prohibición de los desahucios hasta 2030, ciertas limitaciones a los llamados fondos buitres, a los alquileres de temporada y turísticos, así como ciertos beneficios fiscales para los caseros. Por contra, el segundo decreto convierte la continuidad del contrato en la regla, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no renovarlo, y establece una indemnización para el inquilino cuando sea el propietario quien decida poner fin al alquiler sin que concurra alguna de las causas previstas.

Ante esta decisión, la acampada de Bilbao por el derecho a la vivienda anuncian una manifestación esta tarde a las 19h y actualmente barajan otras movilizaciones ante el presunto rechazo a los dos decretos en la Cámara Baja. “Este movimiento debe de continuar para hacer frente a los fondos buitres, bancos, inmobiliarias y caseros rentistas que se enriquecen del negocio de la vivienda. Han podido hacerse de oro gracias a la complicidad del Gobierno estatal de PSOE y Sumar, y del Gobierno Vasco del PNV PSE”, explican en la convocatoria a la rueda de prensa que seguirá de una asamblea donde se tomarán las decisiones de lucha poco antes de la votación en el Congreso. 

No es la primera vez este año que el PNV se distancia de una medida destinada a prolongar la permanencia de las personas inquilinas en sus viviendas. En abril, se abstuvo en la convalidación del decreto que permitía prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencieran entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, es decir, los que se firmaron en tiempo de pandemia. El texto también limitaba al 2% las actualizaciones anuales de las rentas. Entonces, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, justificó la abstención por “razones formales y de fondo”. Entre las primeras situó la falta de negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios y cuestionó que la crisis habitacional se abordara mediante sucesivos decretos-ley. El presidente del PNV, Aitor Esteban, reclamó entonces “seguridad” tanto para propietarios como para personas que buscan un alquiler y defendió que hacía falta una normativa estable.

La formación considera que el texto es un “parche puntual con muchas carencias” y mantiene “serias reservas” sobre su impacto. También critica que el Gobierno legisle “en caliente”

“Llevamos seis ó siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los que quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo”, afirmó Esteban en abril. El dirigente jeltzale defendió entonces como alternativa las políticas desarrolladas por el Gobierno Vasco y reclamó “política concreta y con los pies en el suelo”. Seis meses después, el argumento de la seguridad jurídica vuelve a aparecer en el rechazo del PNV al nuevo decreto. La formación considera que el texto es un “parche puntual con muchas carencias” y mantiene “serias reservas” sobre su impacto. También critica que el Gobierno legisle “en caliente”.

La diferencia es que esta vez la medida sobre la mesa va más allá de una prórroga extraordinaria limitada en el tiempo. Los jeltzales han defendido que el decreto supone un “ataque” al pequeño propietario y han advertido de que la regulación puede afectar a la oferta de vivienda en alquiler. Su posición parte de una característica del mercado vasco que la formación utiliza como argumento central: según el PNV, más del 90% del mercado del alquiler en Euskadi está en manos de pequeños propietarios. 

El PNV sostiene, por tanto, que no se opone a reforzar la protección de las personas vulnerables ni a ampliar las garantías de quienes alquilan una vivienda. Su rechazo se concentra en el mecanismo que convierte la continuidad del contrato en la regla después del periodo mínimo establecido por la ley. En palabras de Vaquero, la formación considera necesario “proteger a los vulnerables” y acabar con los abusos, pero sin convertir en “enemigo” al pequeño propietario.

La posición jeltzale ha recibido críticas desde el espacio de Sumar, impulsor del decreto sobre los contratos indefinidos dentro del Gobierno. Fuentes de Sumar han pedido al PNV que cambie su voto y han defendido que la renovación automática constituye una medida para frenar la subida de los alquileres y aportar estabilidad tanto a las personas inquilinas como a los propietarios. También han señalado que mecanismos similares existen en otros países europeos.

Recuerdan que entre los diputados del PNV en el Congreso se encuentran propietarios de varias viviendas, en concreto tres de los cinco miembros del grupo poseen tres viviendas

En Euskal Herria, la discusión llega además en un contexto de movilización creciente en torno al acceso a la vivienda. La Red de Sindicatos de Vivienda y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han convocado para este viernes asambleas populares en Bilbao, Gasteiz, Donostia e Iruñea y reclama que la vivienda sea reconocida como un derecho garantizado. La organización sitúa los desahucios entre las urgencias de la crisis habitacional y asegura que en Euskal Herria se producen una media de 3,6 al día, según sus propios datos. Además, recuerdan que entre los diputados del PNV en el Congreso se encuentran propietarios de varias viviendas, en concreto tres de los cinco miembros del grupo poseen tres viviendas. 

El debate parlamentario de este viernes vuelve así a colocar al PNV ante una disyuntiva entre dos modelos de intervención sobre el alquiler. Por un lado, el partido defiende medidas dirigidas a aumentar la oferta, ampliar el parque de vivienda y establecer reglas diferenciadas para las distintas modalidades de arrendamiento. Por otro, rechaza que la estabilidad de los contratos de vivienda habitual se convierta en una obligación de continuidad más allá del periodo mínimo establecido por la ley.