Derecho a la vivienda
Crisis ecosocial y turistificación en Málaga

Málaga es la provincia española con mayor número de viviendas turísticas. Las políticas llevadas a cabo están haciendo que suban los precios de la vivienda hasta hacerlos impagables. La gente está siendo expulsada de sus barrios y la precarización del trabajo del tercer sector está agravando la desigualdad social. Se está sobreexplotando la ciudad y los ecosistemas de los que formamos parte para ponerlos al servicio de la especulación inmobiliaria y de la industria turística. Una industria fuera de control, que está colonizando el espacio público y convirtiendo los hogares en pisos turísticos. Málaga es la materia prima de quienes especulan a costa de Málaga. Hasta que se agote.

Las políticas públicas que se están impulsando pretenden poner a Málaga en el mapa de los inversores internacionales y convertir la ciudad en un monocultivo del sector turístico para competir en la carrera por ser una ciudad global. El modelo planifica y ordena la ciudad para la industria turística y sustituye la estabilidad del tejido local por la fragilidad de la economía global. Se está perdiendo la economía local y los comercios de toda la vida están siendo sustituidos por pisos turísticos. 

Málaga es la provincia con mayor presencia del mercado inmobiliario de lujo de todo país, acaparando el 34% de las vivienda de este sector. El precio de las viviendas de lujo se ha disparado un 17% en la ciudad de Málaga, la segunda capital de provincia con una mayor subida. La llegada de población con un mayor poder adquisitivo y la compra de propiedades inmobiliarias por parte del capital extranjero, no revierte positivamente sobre la mayoría, solo contribuye a subir los precios y empobrece a lxs vecinxs que no pueden asumirlo. El modelo de ciudad actual precariza el trabajo, niega el derecho a la vivienda y alimenta a una industria turística de manera insostenible. En el centro de Málaga ya hay más viviendas turísticas que personas censadas. 

La turistificación y la crisis ecológica

La turistificación conlleva una forma específica de degradación del territorio y de los ecosistemas y tiene efectos negativos sobre la gestión de bienes naturales limitados que están siendo explotados sin control, especialmente el suelo y el agua. 

A pesar de la tregua que dieron las lluvias de 2024, la sequía sigue siendo una amenaza a medio y largo plazo. Los embalses de Málaga están a un 26% cuando la media de los diez últimos años es de un 60%. El acceso al agua continúa en riesgo por una gestión completamente irresponsable que sigue sin abordar el impacto del turismo. Mientras el Ayuntamiento de Málaga hacía una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el consumo responsable del agua, el concejal de Turismo iba a Alemania para asegurar el suministro en verano. En una emergencia por sequía se le da garantías a la industria turística y se le exige ahorro a los habitantes, que consumen mucho menos de media y cuanto mayor es el poder adquisitivo mayor es el consumo. Los clientes de hoteles de lujo consumen el doble de agua que en un hotel sencillo. Es el perfecto ejemplo de injusticia climática. Se ha bajado la presión del agua en las zonas de Málaga más pobladas para reducir el consumo, se anuncian subidas drásticas en la tarifa del agua y las restricciones y los cortes de agua ya son una situación cotidiana para cientos de miles de personas. Se prohíbe llenar las piscinas de las comunidades de vecinxs pero se asegura que se podrán llenar las de los hoteles. Vecinofobia.

Es crucial que se tomen medidas justas para gestionar los recursos hídricos. Estamos consumiendo más agua de la que tenemos, en parte por el uso excesivo de la industria turística, lo que nos lleva a una situación de déficit hídrico. Hay que reducir el consumo, pero debe hacerse con criterios de proporcionalidad y justicia social priorizando el suministro a la ciudadanía. 

El desarrollo de proyectos urbanísticos vinculados a la industria turística y a la atracción de capital internacional es otro de los factores que está agravando la situación, generando una presión crítica sobre el territorio y el paisaje mediante el cambio de usos del suelo para su mercantilización y financiariación. 

Pretenden arrasar con los pinares del Monte de San Antón para construir 285 chalés de lujo con tres plazas de garaje cada uno, en el entorno del Lagarillo. Quieren hacer una macrourbanización de casi 3.000 viviendas y otro campo de golf en Churriana, aunque el proyecto fuese anulado tras dos sentencias judiciales por falta de garantías de que el desarrollo inmobiliario iba a disponer de recursos hídricos suficientes. Continúan los trámites para construir un hotel de lujo de 116 metros en el dique del puerto de Málaga, promovido por el fondo de inversión catarí Al Alfia. Ejemplos de la explotación del territorio y la especulación urbanística que tiene secuestrado el derecho a la vivienda. Desde el boom inmobiliario y la crisis de 2008 sabemos bien las consecuencias de la economía del ladrillo: degradación ambiental y un reparto injusto de la riqueza. La construcción de nuevas viviendas no va a solucionar la situación mientras la vivienda siga siendo un activo financiero con el que especular y no un bien social. En la ciudad de Málaga hay 16.638 viviendas vacías y más de 11.000 viviendas que están destinadas al uso turístico. 

La planificación de 1.300 viviendas en los terrenos del Bosque Urbano Málaga y la insistencia en cementar el Río Guadalmedina en lugar de renaturalizarlo, también ponen de manifiesto el conflicto sobre el uso del suelo en la ciudad. A pesar del beneficio que tienen las zonas verdes, Málaga está lejos de alcanzar el mínimo recomendable y el acceso a zonas verdes es muy desigual según los barrios. Mientras que las zonas verdes por habitante en barrios como La Malagueta-Limonar doblan la media, otros barrios como La Luz-San Andrés o la Trinidad no llegan al metro cuadrado por persona. Esta segregación urbana es incontestable, si además le añadimos otros datos. La zona de Malagueta-Limonar es la que tiene mayor esperanza de vida y mayor nivel de renta disponible. 

Mientras, a pesar de la falta de infraestructuras que resuelvan las verdaderas necesidades de movilidad de Málaga, con un servicio de transporte público, rápido y efectivo, se celebra la hiperconectividad del aeropuerto, con el impacto sobre el cambio climático que conlleva. El sector turístico supone el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero la industria sigue creciendo de espaldas a la realidad, en una dirección completamente insostenible que sólo está agravando la crisis social y ecológica. 

Las medidas anunciadas por el Ayuntamiento no van en la dirección adecuada. No van a servir para solucionar el problema y son completamente ineficaces. Estas medidas son una respuesta cosmética y solo sirven para aparentar que se está afrontando la situación cuando en realidad no es así. 

La normativa respecto a la entrada diferenciada de los pisos turísticos no afecta a los alojamientos que ya están operando, que son el verdadero problema. Además, esta medida fomentará aún más la conversión de los pisos bajos en alojamientos turísticos, lo que terminará de eliminar el comercio local de muchos barrios. Más allá de que esta medida no sea adecuada, el rechazo de la patronal al cumplimiento de esta normativa pone de manifiesto la absoluta impunidad y falta de control de la industria turística y la necesidad de organizar una respuesta. Una moratoria de los pisos turísticos o la prohibición de la compra de vivienda para no residentes, en una ciudad completamente saturada como Málaga, también serían una medida completamente insuficiente al no tener efecto sobre los pisos ya existentes.

Por otro lado, la tasa turística es una medida aún menos efectiva. Solo es un parche con efecto recaudatorio que no afronta la necesidad de establecer límites al crecimiento infinito de una industria turística fuera de control. En los lugares donde se han implantado este tipo de medidas, siguen teniendo exactamente los mismos problemas que tenían antes. En una ciudad en la que una de cada tres viviendas en alquiler es turística y en algunas zonas las viviendas turísticas llegan a ser el 70% del total, es necesario tomar medidas contundentes que tengan efecto inmediato, para garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas. 

La industria turística debe decrecer. No hay que confiar en los discursos sobre la transformación a un turismo sostenible, de alto nivel, responsable o de calidad. Las regiones más turistificadas son cada vez más ricas pero sus habitantes son cada vez más pobres. Por eso, hay que escapar del del falso dilema que nos hace elegir entre el derecho a la ciudad y un trabajo precario, temporal y mal pagado. La lucha contra las políticas que fomentan la turistificación no es una amenaza para las trabajadoras. La amenaza es el sistema que nos hace elegir entre ese trabajo y la vida. 

Pero el consenso que había sobre los beneficios de la industria turística se está rompiendo y el protagonismo del turismo se empieza a percibir como un problema. Una alternativa puede nacer de las grietas de ese consenso. Las movilizaciones contra la masificación turística y por la defensa del territorio se están multiplicando en Canarias, Cantabria, Baleares y muchas otras ciudades. El movimiento por la vivienda se renueva en Andalucía. El verano de 2024 puede ser el principio de un nuevo ciclo en el que se organice una respuesta y revertir esta situación, contra la explotación del territorio, por el derecho a la vivienda y por la defensa de la vida. 

El próximo 29 de junio habrá una gran movilización en la Plaza de la Merced convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir”. En Cádiz también saldrán a la calle ese mismo día. Aún faltan mucha gente, pero cada vez somos más.