Vitoria
Grupos antiaborto responderán ante la justicia por primera vez por acosar a mujeres en una clínica de Gasteiz

Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre en un juzgado de Vitoria-Gasteiz. Se les acusa de hostigar, en el marco de la campaña “40 días por la vida”, a las y los profesionales de la clínica acreditada para la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Askabide, y especialmente a las mujeres que acudieron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 a este centro médico. La denuncia fue interpuesta por profesionales del centro médico Askabide en agosto de 2023.

La denuncia recoge cómo en el marco de esta campaña, que de forma recurrente y periódica llama a “rezar por el fin del aborto” durante 40 días, las personas acusadas actuaron respondiendo a instrucciones concretas de este movimiento organizándose en grupos frente a la clínica y siguiente instrucciones de la página web de la campaña, que ofrece instrucciones concretas y señala las localizaciones de los centros a los que acudir.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de coacciones previsto en el artículo 172 quater del Código Penal, que se introdujo en 2022 para penar el acoso a mujeres y profesionales en las clínicas

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de coacciones previsto en el artículo 172 quater del Código Penal. Este artículo fue introducido en 2022 para castigar a quienes, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosen a una mujer o a profesionales de centros donde se practican IVEs mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, y contempla sanciones de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a los acosadores que se plantan fuera de las clínicas.

A pesar de esta modificación, estos centros han seguido viendo cómo operaban estos grupos en sus inmediaciones y pidiendo medidas para evitarlo.

Cinco meses y prohibición de acercarse

La denuncia, que interpone el director de Askabide en nombre de varias profesionales, argumenta que la finalidad última de estos actos de acoso es impedir el libre ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el cierre de los centros acreditados que hacen posible un derecho reconocido por la legislación vigente en nuestro país. Las personas que llevaron a cabo estos actos de hostigamiento contra mujeres y profesionales, aseguran, los llevaron a cabo de manera puntual, pero también recurrente y en turnos rotatorios, por lo que sus actuaciones se convirtieron en un presunto acto delictivo, reiterado y consciente.

En el proceso se ha presentado como acusación particular la Fiscalía, que solicita cinco meses de prisión sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad para cada acusado, la prohibición de ubicarse a menos de 100 metros del centro durante tres años y una multa de 20.000 euros. Naroa Iturri, directora de la clínica Askabide de Donostia, explica que lo único que quieren el personal, tal y como consta en la denuncia presentada, es una de las medidas: la de no acercarse a menos de 100 metros. “Lo demás no nos importa en absoluto”, relata a El Salto. 

Las actividades que constan en la denuncia incluyen la interpelación a las mujeres con el objetivo de hacerles desistir de su intención difundiendo información falsa o distorsionada

Las actividades que constan en la denuncia y que explica Iturri a este medio incluyen la interpelación a las mujeres con el objetivo de hacerles desistir de su intención difundiendo información falsa o distorsionada. Para ello ocupaban el espacio público y personal, interferían en la deambulación y utilizaban las infraestructuras urbanas para disponer material, cartelería y simbología religiosa que acompañaron de reiteradas oraciones, apelando directamente a las mujeres y a las y los profesionales.

Abortar es underecho fundamental de todas las mujeres, un derecho que está amparado por una ley y que se tiene que dar con “todas las medidas de libertad tranquilidad seguridad”, valora Iturri. “¿Quieren rezar? Muy bien, que lo hagan, tienen un montón de sitios para hacerlo, pero no en nuestra puerta”, dice.

“Somos los primeros en el Estado en iniciar un proceso así, pero sabemos que la situación en otros sitios como Madrid o Zaragoza es aún más terrible y esperamos que nuestra denuncia siente un precedente en el Estado”, cuenta a El Salto. Iturri avanza que la vista oral será dura, ya el escrito de defensa mantiene las posiciones de los acosadores: “En el escrito nos llaman genocidas, nos dicen que algún día nos enjuiciarán como en el proceso de Núremberg y sugieren que a una de las pacientes le deberían hacer una prueba para ver si tiene síndrome postaborto, aunque no exista”.

Las clínicas asociadas en ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), como Askabide, llevan años denunciando el acoso en sus centros, tanto a las pacientes como a las profesionales. En un estudio de 2019, cifraban en 8.000 las mujeres que habían sido acosadas. Según el último informe estadístico del Ministerio de Sanidad, cuatro de cada cinco IVEs se realizan en la sanidad privada, con fuertes diferencias territoriales: Cantabria y Galicia realizan más del 70% de las IVE en centros públicos, frente al escaso 0,2% de Andalucía o el 0,4% de Madrid.