Aborto
Madrid y Andalucía realizan menos del 0,5% de abortos en la sanidad pública

Si Madrid y Andalucía integraran el aborto en la sanidad pública España daría “un salto cuantitativo” en la práctica de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) por esta vía. Así lo ha expresado este martes 7 de octubre la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el Consejo Ministerial. Y es que estas dos comunidades agrupan el 50% de las 106.172 IVE que se realizaron en España en 2024 y, sin embargo, el porcentaje de abortos en la pública en ambas comunidades es inferior a 0,5%. Del otro lado estarían comunidades como Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%), que están por encima del 70%. “Con el cambio de apenas dos comunidades el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública”, ha expresado García.

En rueda de prensa la ministra ha presentado el informe “Situación del aborto en la sanidad pública, Evolución y medidas para la accesibilidad” que muestra la desigualdad territorial en la práctica en un país donde, en términos globales del total de abortos realizados en 2024, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) en privados.

En términos globales del total de abortos realizados en 2024, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) en privados

García ha apreciado una leve mejoría en el tiempo: en 2024 el 21% de los abortos se realizaron en la pública, frente al 14% en 2019. “Integrar el aborto en la sanidad pública es posible y funciona”, ha expresado en clara alusión a Andalucía y Madrid, las dos comunidades colistas en esta tarea, ambas gobernadas por el Partido Popular, y a las que aún no practican esta técnica en centros públicos: Extremadura, Ceuta y Melilla.

García ha defendido que el acceso a la sanidad pública de todas las mujeres es “clave” por varios aspectos: evitar la doble privatización, que supone por un lado que las administraciones públicas pagan a clínicas privadas para que realicen abortos y, por otro, que las mujeres expulsadas del sistema público deben de acabar pagando. Además, en palabras de la ministra, garantiza la libertad de elección de las mujeres. “Que una mujer pueda elegir acceder por la pública o por la privada no puede depender del territorio”, ha explicado. Por otro lado, se debe garantizar la continuidad asistencial en el caso de embarazos avanzados que han de ser interrumpidos tras el diagnóstico de una malformación fetal. “Tras ser tratadas en la pública, las mujeres se ven obligadas a irse a la privada para abortar”, ha explicado la ministra.

A todo esto se añade una paradoja: tres de cada cuatro mujeres se informan en la sanidad pública sobre las IVE pero cuatro de cada cinco acaban abortando en la privada.

Para finalizar su intervención, García ha mandado un doble mensaje. Por un lado se ha referido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, cuyo consistorio aprobaba la semana pasada informar a las mujeres que acuden a abortar sobre un falso “síndrome del postaborto”. “No vamos a permitir coacciones y desinformaciones”, ha asegurado. Y, por otro, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien era requerida este lunes por el presidente Pedro Sánchez para que su comunidad cumpla con la ley y cree el registro de objetores. “La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas para que así sea”, ha advertido García. Con respecto al derecho al aborto, "el último en echar un pulso fue Gallardón y tuvo que hacer las maletas“, ha finalizado”