Ayuntamiento de Madrid
Sanidad advierte a Almeida de la posible ilegalidad de informar sobre el falso “síndrome post aborto”

“Lo llevan claro”. La Ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado tajante este martes 1 de octubre en rueda de prensa, después de que en la tarde del lunes el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez Almeida, aprobara con los votos de PP y Vox una propuesta de la formación ultraderechista que incluye informar a las mujeres embarazadas que quieren someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sobre el supuesto “síndrome post aborto”. Una situación, en palabras de García “inexistente” y “apocalíptica”, que implicaría que las IVE producen “depresión y alcoholismo”. “No hay evidencia científica”, ha insistido García para quien la propuesta es “violencia camuflada” de PP y Vox “que ya son indistinguibles”.

Al mismo tiempo, ha avisado de que desde su ministerio estudiarán la legalidad de esta acción, “en caso de que la lleven a cabo” y las posibles consecuencias jurídicas de difundir “bulos” desde organismos públicos. “Lo que es una realidad es que el aborto es un derecho adquirido por las mujeres desde hace mucho tiempo y que viene a cristalizar la emancipación de la mujer a la hora de decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra maternidad”, ha expresado la ministra.

La ministra ha indicado que queda camino por hacer en: ocho de cada diez abortos siguen teniendo lugar en la sanidad privada

García ha realizado estas declaraciones en una intervención ante medios para dar las cifras oficiales de abortos en 2024. Unas cifras que indican un “ligero” aumento con respecto a 2023, con un total de 106.172, 3.000 intervenciones más. La tasa por cada 1.000 mujeres continúa en el mismo rango: 12,36 frente a 12,22 el año anterior. 

En cuanto a los abortos en la sanidad pública, la ministra ha indicado que queda camino por hacer: en ocho de cada diez abortos siguen teniendo lugar en la sanidad privada. En 2024 hubo 2.366 intervenciones más en la sanidad pública que en 2023, un crecimiento ligero que demuestra que la sanidad pública está ganando peso, en palabras de la ministra. Mientras, en la privada hubo 500 menos que el año anterior. “Vamos en la dirección correcta pero aún no es suficiente. Muchas CCAA siguen sin cumplir con su parte”, ha indicado García que se ha detenido en la situación de la Comunidad de Madrid, donde en diez años, de los más de 162.000 abortos que se han realizado, 167 han sido en la red pública. “Esto es absolutamente inaceptable, contraviene la ley de 2023”, ha avisado García, normativa que indica que las IVE deben realizarse preferentemente en la red pública “que es la que garantiza la mayor equidad e igualdad en el acceso”.

Instalar un mecanismo de control

Volviendo a lo aprobado por PP y Vox, desde la Comisión por el Derecho al aborto de Madrid, explican a El Salto que lo que sí tienes consecuencias es la falta de acceso al aborto cuando una mujer tiene que ser madre sin desearlo o si debe de recurrir a un aborto inseguro.  “Así que nuestro derecho a decidir en libertad y sin coacciones no se toca”, expresa Gemma, vocera de esta comisión. “Lo que están haciendo es generar culpa y instalar un mecanismo de control para anular nuestra capacidad de decisión”, añade.

Para la Comisión por el Derecho al aborto de Madrid lo que sí sería deseable es que se tomen medidas para garantizar la vida, como facilitar el acceso a la vivienda o luchar contra la precariedad 

Lejos de esto, para la comisión lo que sí sería deseable es que se tomen medidas para garantizar la vida, como facilitar el acceso a la vivienda o luchar contra la precariedad de las vidas porque muchas madres recurren al aborto “por no tener recursos económicos”. 

Para suministrar la información sobre este síndrome, el Ayuntamiento utilizaría los centros de Madrid Salud, Samur y los Espacios de Igualdad, que en la actualidad quiere fusionar con los centros de atención a las víctimas de violencia de género. Desde la Federación de Planificación Familiar, Sedra, hablan de un intento de “extorsión” a las mujeres que quieren abortar. Insisten en la ausencia de estudios o de evidencia científica de la existencia de ese síndrome.

“Lo que nos dicen los estudios es que la mayor parte de mujeres que interrumpen su embarazo, una vez que que se ha interrumpido, se sienten mejor y no peor, se sienten más tranquilas, sienten que tienen más control sobre su vida, que pueden seguir adelante con sus decisiones reproductivas que en ese momento determinado, no incluyen la maternidad”, concluyen desde Sedra.