Universidad
El PP desoye al Ministerio de Universidades y deja en el aire 3.500 contratos de profesores en 11 autonomías

Los salarios de 3.500 profesores universitarios en todo el Estado penden de un hilo después de que hasta 11 comunidades lideradas por el Partido Popular bloquearan la distribución entre universidades de cerca de 150 millones de euros correspondientes al programa María Goyri. Este proyecto, cuya financiación depende directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permite la oferta de plazas de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) en las universidades públicas.

Desde 2024, año en que se lanzó por primera vez el programa, el Gobierno central transfiere dinero a las comunidades autónomas para financiar la incorporación de estos docentes —3.500 plazas durante seis años, el tiempo que duran en total estos contratos—. En total, el programa contempla la incorporación de 5.638 profesores ayudantes doctores de manera gradual hasta 2028, además de otros 600 millones de euros aportados por las comunidades autónomas para financiar 2.236 plazas adicionales.

De este modo, aunque el presupuesto provenga del Ejecutivo central, la distribución hacia las distintos centros de educación superior depende íntegramente de las autonomías. La convocatoria de estas plazas es, hoy por hoy, esencial para el sostenimiento de la actividad docente en un contexto de asfixia económica y endeudamiento crónico de las universidades del Estado.

El pasado miércoles 29 de julio estaba convocada la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), una reunión a la que estaban llamadas las comunidades autónomas para formalizar el reparto de estos fondos. Sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no acudieron, impidiendo así alcanzar el quórum exigido por el Reglamento de la Conferencia para distribuir el presupuesto, ya que se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas. El acuerdo, no obstante, ya había sido aprobado de forma unánime anteriormente por la Comisión Delegada de la Conferencia y este pleno realmente constituía una mera formalidad administrativa.

“El PP está en la línea de boicotearlo todo con tal de impedir la acción del Gobierno. El futuro de los contratos ahora dependerá de la presión que hagamos colectivamente”, infiere  Juan Varela-Portas, profesor de la UCM

Todo apunta a que la paralización responde, según fuentes de la comunidad docente interuniversitaria, a un boicot deliberado por parte de los populares en su eterna batalla contra toda iniciativa que emane del Ejecutivo central. Así lo expresa en conversación con El Salto Juan Varela-Portas, profesor de la facultad de filología Universidad Complutense: “El PP está en la línea de que se caiga todo. Es decir, boicotearlo todo con tal de impedir la acción del Gobierno. El futuro de los contratos ahora dependerá de la presión que hagamos colectivamente”, infiere el docente.

Bajo el pretexto de querer priorizar la lucha contra los incendios forestales que han asolado a buena parte de la Península este verano, Andalucía, Cantabria, La Rioja, País Valencià, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares solicitaron la suspensión de la conferencia sectorial. Murcia, por su parte, si bien había confirmado asistencia no llegó a conectarse. Solo los consejeros de Euskadi, Catalunya, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra sí mostraron su voluntad de participar en el pleno.

“Todos los esfuerzos, tanto de la administración central como las autonómicas, deben centrarse en combatir estas devastadoras calamidades”, alegó entonces la Consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo para justificar el desplante de su gobierno. Un argumento que replicó su homóloga valenciana Carmen Ortí al afirmar que “no es momento de mantener reuniones ordinarias”. El pleno iba a celebrarse de forma telemática, no debía durar más de media hora y los consejeros de educación podían ser sustituidos por otro cargo de su departamento en caso de que le fuera imposible asistir.

Un incumplimiento de los compromisos marcados por la LOSU

Tras el plantón, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha señalado públicamente que “quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento”. La ministra ha recalcado que la dilatación en los tiempos para transferir el dinero puede hacer que los recursos no lleguen finalmente a las universidades ya que “el calendario previsto ya no puede garantizarse”. Es decir, cabe la posibilidad de que ahora no puedan pagarse los sueldos de los ayudantes de doctor contratados tanto el año pasado como este.

En Andalucía, el grupo parlamentario Por Andalucía ha subrayado que la postura de Moreno Bonilla responde a un servilismo hacia la estrategia general de Alberto Núñez-Feijóo. “Moreno Bonilla ha preferido obedecer a Génova antes que defender el futuro de las universidades andaluzas y combatir la precariedad en la carrera investigadora”, ha aseverado esta formación en declaraciones a Europa Press.

“La paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso”, advierten desde la CREUP

Quienes también han estallado contra el bloqueo del reparto han sido los integrantes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). En un comunicado lanzado el día de la frustrada reunión, el alumnado expresaba que “la paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso”. Si esta parálisis se mantiene, aseguran, “las universidades podrían verse obligadas a asumir con sus propios presupuestos unos costes que corresponden a las comunidades autónomas o, por el contrario, retrasar o paralizar contrataciones imprescindibles para garantizar una docencia de calidad”.

La reposición de estas plazas es actualmente más necesaria que nunca, teniendo en cuenta el elevado número de jubilaciones que se producirán en las universidades en los próximos diez años, aproximadamente el 60% del profesorado. Es por ello, asegura Varela-Portas, que resulta “absolutamente urgente una renovación del profesorado, una atracción del talento que asegure ese relevo generacional en las públicas de toda España”.

Incrementar la proporción de profesorado a tiempo completo, un objetivo que “el programa ayuda a alcanzar”, ha puntualizado la ministra de universidades

Además, desde Comisiones Obreras Enseñanza han puesto de relieve el grave incumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que supone el bloqueo. La ley estatal exige a las universidades impulsar estructuras de investigación y de transferencia e intercambio del conocimiento y establece que la investigación es una de las funciones fundamentales de las universidades. También incrementar la proporción de profesorado a tiempo completo, un objetivo que “el programa ayuda a alcanzar” según ha puntualizado Morant estos días. Moncloa ha explicado que las autonomías disponen ahora de un plazo hasta el curso 2027-2028 para completar las contrataciones de las plazas asignadas.

Una maniobra política que culmina años de “asfixia presupuestaria”

El sentir general dentro de la comunidad universitaria docente es que a muchas comunidades no les interesa alimentar con personal estable los centros, ya que la tendencia en los últimos años ha virado hacia la privatización. Las comunidades ya se mostraron en el pasado, durante la primera convocatoria de estas plazas, reticentes al proyecto porque tras los seis años de duración del contrato las autonomías deben comprometerse a estabilizar las plazas.

“Que un profesor pueda dedicar su tiempo completo a la docencia hace que la titulación sea de una mayor calidad, si hay una ausencia de esa dotación presupuestaria y no se puedan realizar las contrataciones, esto perjudica directamente al estudiantado”: Mario Rísquez, ayudante doctor

El personal ayudante doctor debe, una vez finalizados los contratos de ayudantes, convertirse automáticamente en personal permanente laboral y disponer de convenios indefinidos en la universidad. Un modelo que se contrapone radicalmente, explica el profesor ayudante doctor en el departamento de Economía Aplicada en la UCM y miembro de CGT-UCM Mario Rísquez, “a la precarización de las plantillas a través de contratos de sustitución de profesores asociados, que salen mucho más baratos para las autonomías”. “Que un profesor pueda dedicar su tiempo completo a la docencia hace que la titulación sea de una mayor calidad, si hay una ausencia de esa dotación presupuestaria y no se puedan realizar las contrataciones, esto perjudica directamente al estudiantado”, alega en sintonía con Rísquez César González, Secretario Ejecutivo de CREUP.

Como llevan años denunciando las Plataformas por la Pública de todo el Estado, esta última maniobra de los populares “corresponde a una política sostenida de imposibilitar una correcta financiación de las universidades públicas”, destaca González. Este año, la Plataforma Interuniversitaria x la Pública, que aglutina a las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, ha venido señalando el grave contexto de “asfixia económica y presupuestaria” que atraviesan en esta región. Mientras que la LOSU exige una inversión del 1% del PIB regional para universidades, Isabel Díaz Ayuso destina tan solo un 0,45 %.

El cierre de grados, la falta de recursos para préstamos bibliotecarios, los bajos salarios de los docentes o la falta de reparación de las infraestructuras son hoy moneda corriente en las universidades públicas españolas. Además, la puesta en suspensión de estos contratos supone la última estocada contra la docencia en estos centros públicos de enseñanza superior después de que Ayuso suspendiera la última convocatoria de ayudas para contratación de personal investigador predoctoral (PIPF) para 250 investigadores. “La captura por parte de las privadas de estos profesores que se ha formado en la mayoría de casos gracias a grandes inversiones públicas redunda así en el lucro de los centros privados”, destacan en un informe.