Educación pública
Ayuso aprueba el nuevo plan de financiación de universidades públicas, tildado de “insuficiente” y “engañoso”

La Comunidad de Madrid ha alcanzado este martes 3 de marzo un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Se trata del primer pacto de financiación regional para las instituciones educativas que tendrá carácter plurianual. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado que el modelo contempla la inversión de 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031.

El presupuesto para la educación superior estaría asimismo cubierto en un 83% por la Comunidad de Madrid (cerca de 12.300 millones de euros) a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos. “Queremos garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas y permitir su planificación plurianual”, destacó en la mañana del martes la presidenta autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, sin ahondar en demasiados detalles sobre esta cuestión ni permitir preguntas de los medios presentes. En la firma estuvieron también los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, antes viceconsejera, tras la destitución del consejero Emilio Viciana. De este modo, se espera que las universidades puedan revertir paulatinamente la situación de extrema precariedad e infrafinanciación que llevan sufriendo y que ha afectado tanto a las condiciones de los docentes como a la calidad de la enseñanza.

La Comunidad de Madrid ha explicado que los centros universitarios tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios, y un fondo adicional que permitirá “corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad”. Cada universidad pública madrileña, adelantó Díaz Ayuso, “deberá aprobar un plan estratégico con un horizonte mínimo de cinco años alineado con los objetivos de este modelo. Este plan deberá contar con la participación del Consejo Social correspondiente e incorporará mecanismos de seguimiento anual. Cada universidad deberá presentar cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos de la Comunidad de Madrid”. La Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (sin tener en cuenta los fondos comunes).

La Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”

Pese a estos datos, que representan una tímida mejora en términos económicos, la Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”. La coordinadora interuniversitaria ha destacado en este sentido que estas partidas presupuestarias a cinco años vista “responden más a una operación de imagen que a un cambio estructural del modelo” ya que “se trata de un incremento acumulado hasta 2031 y que solo se materializa plenamente en el último año del periodo”. “Como tienen por costumbre, se nos lanzan cifras absolutas de millones que parecen muy abultadas. Pero es engañoso lanzar datos económicos y datos de subidas interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha fraguado en al menos dos décadas”, han aseverado tras conocerse los pormenores del acuerdo, fraguado a espaldas de las docentes en lucha.

De este modo, indican, la transferencia nominativa a las seis universidades públicas pasará tan solo de los 1.166 millones de euros actuales a 1.646 millones de euros en 2031, un cambio apenas perceptible en la práctica. En realidad, la inversión universitaria pasará en términos relativos del 0,4% al 0,45% del PIB regional (lejos del 1% del PIB reclamado por la comunidad docente y estudiantil, estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU). La media nacional se sitúa en el 0,7%. Por tanto, aclaran que el incremento del 41% anunciado por el Gobierno “no es una subida inmediata ni homogénea, sino un crecimiento acumulado a seis años vista” que obligaría en última instancia a las públicas a implementar planes de recortes. Para alcanzar un nivel asemejable al 1% del PIB para 2030 haría falta un incremento presupuestario de cerca de 2.700 millones de euros en los próximos seis años desde el presupuesto actual. Lo que actualmente propone Díaz Ayuso es una quinta parte de esa previsión.

Dependencia de financiación externa y más “estrangulamiento financiero”

La financiación continúa por debajo del resto de regiones del Estado español pese al crecimiento económico comunitario. “Madrid es la comunidad más rica, la que más crece y es la que menos invierte por alumno, el mismo modelo de privatización de la sanidad lo están aplicando a las universidades”, ha destacado esta semana Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma por la Universidad Pública. “Lo que pone blanco sobre negro este anuncio es que los fuertes recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades se van a consolidar durante los próximos años. Si no se incrementa sustancialmente la nominativa, no queda otra alternativa que recortar gastos —principalmente de personal—, o pedir prestado, o suspender pagos”, refieren a través de un comunicado.

Este déficit estructural se ha materializado en los últimos años a través de la contratación abusiva de profesorado sustituto y asociado, con contratos mucho más precarios que otras figuras docentes. “La Comunidad no va incrementando el presupuesto acorde al crecimiento vegetativo de las universidades y esa brecha que se ha ido generando estos últimos años es lo que ha provocado esos déficits y ese incremento de la deuda. Están con una situación de liquidez o de crisis de liquidez bastante extrema”, comenta Rísquez.

Actualmente, tal y como señala el informe 10 datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia económica de la universidad pública en Madrid, publicado por UCM por la Pública en septiembre de 2025, de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas. Este contexto de “estrangulamiento financiero” se resume, en palabras de las docentes en lucha, en bajos salarios y la caída de oferta de plazas y cierre de grados. La Plataforma por la Pública lleva tiempo alertando igualmente del trasvase de alumnos desde las públicas a las privadas, atribuyendo este proceso a una estrategia calculada del Gobierno regional para favorecer a estas últimas: “Frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las universidades privadas presenciales, un 31% del total; es decir, prácticamente uno de cada tres”, asegura el estudio. En los últimos cinco años, Madrid es la comunidad que más ha disminuido su oferta de plazas en las Públicas, un descenso del 7,8%.

La plataforma interuniversitaria no descarta nuevas movilizaciones

Para Eva Aladro, catedrática y miembro de UCM en Lucha, este modelo “obliga a las universidades a buscar fuentes de financiación externa. Esto es algo completamente inconstitucional si leemos la exigencia en la Constitución de autonomía y suficiencia financiera para las universidades públicas y si tenemos en cuenta que también la LOSU desarrolla la idea de que las universidades tienen que ser estables financieramente”. Esto significa que no se pueden poner unos objetivos desde un órgano político o designado políticamente, como es una consejería de educación, que puede desestabilizar las líneas de investigación o los trabajos académicos que desarrollen las universidades.

En suma, las públicas convergen en que existe un intento de maquillar la imagen del Ejecutivo autonómico ofreciendo “migajas presupuestarias” para pacificar a un sector que acumula una larga trayectoria de parones y protestas estudiantiles en el último año. En abril de 2025, la comunidad educativa celebró una huelga total convocada en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, lo que se sumó a otras dos días de parón en noviembre antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos. La Plataforma estudiará distintas movilizaciones a lo largo de las próximas semanas como respuesta al anuncio de Díaz Ayuso con el objetivo de alcanzar “una inversión digna” acorde a las reclamas del sector universitario. “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable. Tras la caída de ‘los pocholos’, pretenden atajar la crisis y desmovilizarnos con un cambio de Consejera y una burda escenificación. Pero la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales”, concluyen en su comunicado de respuesta a las instituciones firmantes.