Universidad pública
La comunidad universitaria madrileña confirma sus peores temores ante el nuevo borrador de ley

La presión de la comunidad universitaria sobre la Comunidad de Madrid no para. Después de dos días de huelgas en noviembre, trabajadores, estudiantes y profesorado convocan una concentración para este jueves día 4 en la Asamblea de Madrid coincidiendo con la aprobación de los presupuestos para 2026. Unas cuentas “insuficientes” para una universidad pública ahogada por las deudas, con cada vez menos financiación y más problemas de retención de personal y de mantenimiento en sus instalaciones. 

Este era uno de los argumentos que provocó que durante el 26 y 27 de noviembre se paralizaran las facultades y miles de personas de la comunidad universitaria saliera a la calle. Otro de los motivos era la nueva norma autonómica llamada Ley de enseñanzas superiores de universidad y ciencia (Lesuc). Según un nuevo borrador que ha salido hace unos días, los peores temores de la comunidad universitaria se cumplen: esta nueva norma fomenta la financiación privada, reduce la autonomía de la dirección de las universidades e introduce un nuevo régimen sancionador. 

Este último punto es el que más preocupa a sindicatos como CGT y a la comunidad que ha podido analizar el borrador. “El régimen sancionador del borrador de la Leduc sigue siendo terrible: hasta 15.000 euros por colocar pancartas o símbolos sin autorización, o hasta 100.000 euros por ‘la omisión o falta de diligencia debida para evitar la ocupación de cualquier lugar del campus”, explican a El Salto.

Esto haría que situaciones como el encierro o hasta los piquetes informativos puedan ser puestos en duda como una acción legal y pondría en el punto de mira a las universidades, pues ellas serían las responsables últimas de evitar lo que la Comunidad de Madrid llama “altercados”. 

Critican que el borrador de ley “omite el enfoque de protección de los derechos humanos frente a la violencia, la discriminación, o el acoso” en el régimen sancionador

“El borrador está redactado para evitar censura a cualquier opinión, lo que deja sin mencionar los discursos del odio”, indican desde este sindicato que señalan que “se omite el enfoque de protección de los derechos humanos frente a la violencia, la discriminación o el acoso“, algo marcado en el artículo 3.3 de la Ley de Convivencia Universitaria. Si por un lado endurece las acciones o protestas en los campus, la nueva Leduc deja fuera hablar de discriminaciones o agresiones por motivos racistas, por orientación e identidad sexual, etc., señalan. Sí que apuntala que “se facilitará la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario cuando proceda”.

Respecto al control presupuestario, consideran que “se mantiene el organismo de intervención sobre gastos, que dejaría de ser unipersonal, con funciones de supervisión y control económico-presupuestario mediante la fiscalización previa de los gastos”.

Con ocho miembros a dedo, cuatro por el Consejero y cuatro por la Asamblea de Madrid, convierten el Consejo Social en un “títere” político 

Lo que empeora, respecto a la situación actual pero no al borrador conocido, es la reducción de la autonomía y la fiscalización de la comunidad universitaria con el Consejo Social: ocho de sus miembros serán nombrados “a dedo”, cuatro por el Consejero de Universidades (dependiente del Gobierno regional) y otros cuatro por la Asamblea de Madrid (con actual mayoría absoluta del PP). Esto, según los profesores y trabajadores que han analizado la situación, convierten en un “títere” político limitando hasta la independencia de la figura del rector. “Es un cuadro de dirigismo político total”, indica Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Un presupuesto imposible para continuar

La nueva concentración quiere hacer presión contra unos presupuestos que consideran injustos para las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. “Ayuso destina menos del 0,5% de su PIB al sistema universitario cuando por Ley Orgánica obliga a invertir un 1%”, explican desde la plataforma convocante que considera que “la Comunidad de Madrid está obligada a doblar el presupuesto actual que destina a la investigación y docencia universitarias”.

Sería una manera de evitar que Madrid siga situándose “en el último lugar en cuanto a dotación económica a sus estudiantes y a sus universidades, dotación que según Informes especializados no ha hecho sino disminuir drásticamente en los últimos años”. 

Denuncian que Ayuso ha ofrecido una partida de menos de 22 millones euros como un extra cuando el año pasado esa partida era de 40 millones con el mismo concepto

Después de la huelga del pasado mes de noviembre, la presidenta madrileña anunció una partida de 21,8 millones de euros para los presupuestos universitarios de 2026, con el concepto de compensación para reducir las tasas universitarias. “Era una partida que en los presupuestos del año pasado aparecían con unos 40 millones de euros y que en el proyecto de presupuestos de este año han desaparecido”, explica Mario Rísquez Ramos, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro de CGT.

Asegura que asegura que “sospechamos que ese presupuesto se habría incluido en las asignaciones nominativas a las universidades y justo anuncia esto como si fuera una transferencia directa”. El propio Rísquez ha hecho un análisis de las partidas presupuestarias de los últimos 15 años y califica de ‘asfixia financiera’: “No solo han hecho trilerismo político con este concepto para desactivar la huelga, si no que si lo comparamos pasa de 40 a 22 millones”.