Comunidad de Madrid
Las seis universidades públicas de Madrid convocan huelga para protestar por la “asfixia económica”

“Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian”. Con esta contundente consigna ha anunciado la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas (UAM, UCM, URJC, UPM, UC3M y UAH) su próxima huelga para el 26 y 27 de noviembre. Un parón de estudiantes, docentes y trabajadores que podría extenderse de forma indefinida si los presupuestos de la Comunidad para 2026 no revierten la hiperprecarización vigente en los centros universitarios públicos.

“Esta huelga lleva tejiéndose desde el año pasado, en distintas asambleas por la pública que fueron surgiendo en cada universidad y en cada facultad. Al principio surgieron de forma deslocalizada, bajo una misma línea organizativa pero sin que tuvieran cierta conexión entre sí. Poco a poco, a medida que iba avanzando la movilización, íbamos dándonos cuenta de que necesitábamos comenzar a coordinar la lucha porque al final todas teníamos un enemigo común que es el gobierno de la Comunidad de Madrid”, explica Jorge Pérez-Huet, estudiante Grado Filosofía en la UCM sobre el proceso de convocatoria interuniversitaria.

El pasado 11 de octubre, las seis universidades se congregaron finalmente en una asamblea interuniversitaria en la que se acordó sacar adelante tanto una hoja de ruta común como una tabla reivindicativa que desembocaban en la convocatoria de este parón. El mismo ha sido secundado por CGT, CNT, UGT y CC.OO, aunque se espera “que el apoyo se extienda al resto de la sociedad, que haya pronunciamientos públicos de solidaridad, tanto personales como colectivos y esperamos también que la Conferencia de Rectores de la Comunidad de Madrid (CRUMA)”, traslada a El Salto Víctor Rocafort, vicedecano de Ciencias Políticas de la UCM.

La infrafinanciación sistémica por parte de la Comunidad de Madrid se ha traducido en la práctica en  contrataciones abusivas de profesores asociados y sustitutos para reemplazar a catedráticos

El ahogamiento económico que sufren desde hace años todos estos centros, hasta el punto que algunos han tenido que pedir un crédito de 34,4 millones de euros para poder pagar próximamente las nóminas de sus trabajadores, es ya crítico. La infrafinanciación sistémica por parte de la Comunidad de Madrid se ha traducido en la práctica en contrataciones abusivas de profesores asociados y sustitutos para reemplazar a catedráticos, la congelación salarial y la supeditación de la retribución a indicadores individuales, la ausencia de medios técnicos para llevar a cabo trabajos de campo o investigaciones académicas, falta de ayudas para proyectos y redes de cooperación internacional y un largo etcétera de carencias estructurales.

15 años de infrafinanciación autonómica

El presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid por el Gobierno de la Comunidad no llega ni al 0,5% del PIB cuando la ley estatal de educación universitaria en su artículo 55.2 debe ser del 1% del PIB comunitario, más del doble de lo destinado actualmente. “Seguimos con una infranfinanciación brutal desde hace 15 años que ahora se ha redoblado con esta estrategia de motosierra, se sigue por debajo de la media europea que está en el 1,2% del PIB”, incide Alonso. Varios docentes de la Complutense han señalado estos días que estas cifras resultan totalmente insuficientes tanto en términos de nóminas de los trabajadores como de infraestructuras de las universidades, por lo que tan solo mantienen el déficit crónico actual.

Ante esta falta de medios económicos, desde las universidades exigen un aumento del PIB destinado en 2030 acorde a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (conocida como la LOSU), así como financiación adecuada para el desarrollo de docencia, investigación y del mantenimiento de infraestructuras y patrimonio común de las universidades y un aumento de la contratación de personal PDI y PTGAS y ratios adecuadas. Si la región se empecina en seguir incumpliendo la legalidad vigente, asegura Alonso, “debería incluirse algún tipo de modificación en la LOSU para que contemplarse algún tipo de sanción que permita proteger de forma efectiva el sistema público universitario”.

“Esta infrafinanciación no es casual ni un error, se trata de una estrategia deliberada para llevar a las universidades públicas madrileñas a la bancarrota y obligarlas a asumir financiación privada", sostienen desde las plataforma en lucha

Desde las plataformas en lucha denuncian que esta infrafinanciación está llamada a fortalecer el crecimiento de las privadas. En este sentido, en su último informe 10 ataques de la CAM a la universidad pública, critican elitización de la Universidad y el adelgazamiento de las públicas para trasvasar estudiantes y recursos a privadas para que “chiringuitos que se lucren con la educación superior”. “Esta infrafinanciación no es casual ni un error, se trata de una estrategia deliberada para llevar a las universidades públicas madrileñas a la bancarrota y obligarlas a asumir financiación privada y modelos de gestión basados en la búsqueda del beneficio empresarial por encima de la educación integral y los derechos laborales", sostienen. La plataforma UCM por la Pública ya incidió hace tiempo en que, frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 estudian en alguna privadas presenciales, un 31% del total.

En vistas de que los próximos presupuestos autonómicos se aprobarán en el mes de diciembre, la convocatoria de huelga aparece como una herramienta que permite elevar la presión institucional e influir en las futuras decisiones económicas de la comunidad. “Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo es que el coste político de atacar a las Públicas sea el máximo para la CAM”, deslizan las públicas a través de un comunicado. Alfonso Casani, profesor de ciencia política y militante de CGT, transmite que el objetivo está, en este sentido, en “tratar de que aumente la cifra presupuestaria que ha sido anunciada por la Comunidad de Madrid, que es totalmente insuficiente para paliar el déficit presupuestario, antes de la publicación definitiva de los presupuestos”.

La LESUC, en el punto de mira

La futura aprobación de ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), en febrero de 2026 se encuentra también entre los motivos del parón. Los convocantes insisten en que esta legislación “atenta contra su autonomía económica con injerencias en sus órganos de gobierno y reprime con sanciones durísimas la libertad de manifestación y de expresión en los Campus”. En un comunicado lanzado por las plataformas por la pública, reiteran esta idea y alertan de un aumento del control de la Comunidad de Madrid hacia las universidades a través de sanciones de hasta 300.000 euros (art. 142-3 LESUC), “por infracciones como faltas de respeto, falta de decoro, colocar pancartas, o “referéndums”. De hecho, el Sindicato de Estudiantes ya denunció en julio del año pasado el contenido del borrador, que a su juicio busca “perseguir, castigar y silenciar las protestas estudiantiles a través de su ‘reglamento disciplinario’, que permite sancionar a la universidad en cuyas instalaciones se realicen actos “incívicos” que puedan perturbar la convivencia en el campus.

Por otro lado, el último hachazo de esta ley, de la que se conoce desde hace tiempo el borrador final, se encuentra en que pone a disposición de las universidades privadas las instalaciones públicas, como advierte la catedrática de la UCM Eva Aladro. “Esta medida aparece en la ley en los títulos finales y ahí se ve lo inconstitucional que es, porque todas las instalaciones privadas tienen que mantenerse al margen de lo público, porque si no es una privatización encubierta”.

Las vías de negociación con la Comunidad de Madrid llevan meses obstruidas. Hasta ahora, subraya Casani, la postura del gobierno de Ayuso y de los rectorados se ha caracterizado por la falta de información, transparencia y diálogo. Ello ha complicado cualquier atisbo de escucha por parte del gobierno regional. De hecho, la comunidad universitaria no ha participado de forma alguna en  la elaboración de los presupuestos relacionados con las universidades. “La postura de los seis rectores de las universidades públicas ha sido exactamente la misma, sin colaboración ni negociación con las mesas sindicales. La Comunidad de Madrid actúa como de costumbre de espaldas a las demandas y a las exigencias de la comunidad universitaria”, traslada con indignación. La huelga, así, reclama la inclusión de la voz de las docentes y trabajadoras de los centros para que sus demandas y exigencias puedan ser tenidas en consideración en la toma de decisiones.

Tampoco existe un diálogo activo con el gobierno estatal. De hecho, el pasado 23 de octubre el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid Emilio Viciana comunicó que no negociaría con el Gobierno nacional ningún tipo de acuerdo que pueda permitir a Madrid acercarse a ese 1% del PIB regional. En ese momento rechazó de lleno su participación en la comisión de trabajo que fue anunciada por el  Gobierno involucrando a las distintas comunidades autónomas para tratar de cumplir el objetivo de la LOSU.

Por todo ello, está previsto que la próxima semana arranquen escalonadamente distintas acciones de agitación preparatorias: Del 3 al 7 noviembre se llevarán a cabo charlas informativas en UAM, UCM, UPM y restantes universidades para apelar en esos días a Decanos, Directores de Departamentos y Rectores para que se sumen a las movilizaciones. Las acciones visibles, han anunciado las plataformas, comenzarán del 10 a 14 noviembre en UAM, UCM y otras universidades, con la organización de un llamamiento al envío de mensajes al buzón de quejas de la Consejería de Educación de CAM y en distintos campus se llevarán a cabo acciones visuales a cargo de los equipos artísticos de las universidades. Además, paralelamente a las asambleas preparatorias del parón, del  17 al 21 de noviembre se realizarán clases en la Calle para dar a conocer la situación y apelar a la ciudadanía.