Sevilla
El Banco Santander desahuciará a once familias con nueve menores en Sevilla

Cuando Lorena entró a vivir en un piso de la calle Verdad en el sevillano barrio de Palmete en 2015, no imaginaba que el que iba a ser su hogar, y en el que iba a poner sus ilusiones, iba a ser también un foco de incertidumbre y ansiedades. Al principio pagaba su alquiler, con derecho a compra, con total normalidad al dueño del inmueble; pasado un tiempo, el casero expuso que tenía problemas con la cuenta del banco y comenzó a recoger el alquiler en mano; después dejó de pasar por el dinero y a no poder recibir pagos a la cuenta. Los vecinos pasaron a pagar en una consigna en el juzgado hasta que les refirieron que no podían seguir haciéndolo; era 2018. “Yo no iba a pensar mal; en la consigna me dijeron que guardara el dinero como creyera conveniente, que ya recibiría alguna notificación”, explica Lorena.

 “¿Dónde metes tú toda tu vida? Cuando yo llegué a este piso estaba todo vacío, los cables estaban pelaos”, sostiene Lorena, vecina afectada

El edificio, donde viven desde hace años once familias, era propiedad de la compañía Solar de Palmete S.L. y, tras alegar estar en quiebra, la compró la inmobiliaria Altamira, que pertenece al Banco Santander. Ninguna de las personas que habitan ese edificio pensó que esta acción comercial les iba a afectar hasta que les llegó la primera notificación de desahucio fechada para el 21 de marzo. “Decidimos hacer una colecta entre las familias para contactar con un abogado privado que nos orientara y nos explica que no han seguido el procedimiento como debería ser; no ha seguido el procedimiento como debería ser, deberían haber enviado una notificación a cada vecino y estudiar la vulnerabilidad de cada uno”. Finalmente, el desahucio no se produjo ese día, pero tras un juicio en el que fueron notificados para asistir solo una parte de los vecinos, mientras otros ni siquiera tienen abogado de oficio, hay una nueva fecha para el desahucio el próximo 5 de diciembre, según el fallo emitido por el Juzgado número 8 de Sevilla.

“Mi pequeña me dice que no sabe si hacer la carta a los Reyes Magos por si no tenemos casa donde nos envíen los regalos”, explica Natalia, vecina del edificio con dos hijas y trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio. “Me está afectando muy mal, tengo cajas apiladas por toda la casa, yo sola con dos niñas a cargo y con mi sueldo, ¿a dónde voy?”, se lamenta. La presión vecinal ha conseguido que Emvisesa valore cada caso para una posible reubicación, una solución que seguiría suponiendo que los vecinos se marchasen del edificio. “Las administraciones —Ayuntamiento, Emvisesa y Defensor del Pueblo— han calificado a estas once familias como daños colaterales”, exponen desde el colectivo Barrios Hartos.

“Durante el pleito no se ha escuchado a las familias, ni se han tenido en cuenta los informes de Servicios Sociales que detallan su situación regular y su compromiso continuo de pago”, denuncian desde Barrios Hartos

Natalia y Lorena, como el resto de vecinos, esperaban que el cambio de titularidad del inmueble no les afectara. “Creíamos que nos iban a notificar que había una nueva propiedad y que teníamos que pagarle el alquiler a esa nueva empresa”, expone Natalia. Una realidad que nunca pasó; de hecho, las inquilinas exponen que en ningún momento en estos años Altamira se ha puesto en contacto con ellos. “En el juicio el banco dejó claro que no se quiere hacer cargo de nosotros y que no tenemos derecho a nuestras casas”, matiza Lorena. 

Once vecinos sin alternativa

La mayor parte de los once vecinos llevan más de cinco años en sus viviendas, y en tan solo varias semanas se verán obligados a desarmar sus hogares y marcharse. “¿Dónde metes tú toda tu vida? Cuando yo llegué a este piso estaba todo vacío, los cables estaban pelaos”, sostiene Lorena. Se enfrentarán al mercado inmobiliario de la ciudad de Sevilla, que se encuentra en una subida constante. “Está todo imposible, un piso en un barrio obrero cuesta 900 euros”, se queja Lorena.

 El Banco Santander es el tercer gran tenedor en toda Andalucía; como exponen desde Civio, la entidad bancaria cuenta con más de 1.500 inmuebles en el territorio

Desde Barrios Hartos denuncian la situación de este vecindario: “Durante el pleito no se ha escuchado a las familias, ni se han tenido en cuenta los informes de Servicios Sociales que detallan su situación regular y su compromiso continuo de pago. Tampoco se han valorado los nueve menores que crecen en este bloque, mantenido y cuidado por los propios inquilinos”. En el primer trimestre de 2025 en Sevilla se produjeron 225 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial; en todo 2024 se produjeron 675. 

Desde la organización denuncian que a través de la inmobiliaria Altamira “el Santander pretende quedarse con el inmueble para especular, ignorando que hay vecinos dispuestos a pagar un alquiler justo de acuerdo a las condiciones sociales propias de un barrio castigado por la precariedad y el paro que genera el propio sistema”. El Banco Santander es el tercer gran tenedor en toda Andalucía; como exponen desde Civio, la entidad bancaria cuenta con más de 1.500 inmuebles en el territorio. El Banco Santander ha motivado desahucios de familias en todo el Estado, como el de tres familias en Barcelona en 2023 o el de Rosa, una mujer víctima de violencia de género, en Madrid en 2024.