Desahucios
El Banco Santander desahucia a una mujer víctima de violencia de género y convaleciente de una operación

Hasta cuatro furgones de la policía municipal de Madrid se han presentado la mañana de este lunes para desahuciar a Rosa, una mujer víctima de maltrato por violencia de genero y convaleciente de una operación reciente. Rosa alquilaba desde hace siete años un piso propiedad del Banco Santander y su negociadora, la Unión de Créditos Bancarios (UCI). Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la asamblea Stop Desahucios de Usera y la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Rosa venía solicitando un tiempo razonable para resolver su situación y buscar un lugar donde se sintiera más segura. Sin un sitio seguro a dónde ir y con el desahucio ejecutado la Coordinadora considera que han dejado a esta mujer “a merced de su maltratador”.

El dueño dejó de pagar a las entidades que le había otorgado la hipoteca, y por tanto comenzó un proceso de desahucio por impago que finalmente llegó a afectar a los inquilinos del piso

El dueño del piso, ubicado en el bloque número 7 de la calle Adora en Usera, le había hecho un contrato a Rosa quien vivía con su hermano, su entonces pareja y un amigo de este. Durante siete años pagaron religiosamente un alquiler de 750 euros. Con el tiempo se enteraron que el dueño dejó de pagar a las entidades que le había otorgado la hipoteca, y por tanto comenzó un proceso de desahucio por impago que finalmente llegó a afectar a los inquilinos del piso. De acuerdo con la PAH, todas las negociaciones que se intentaron con el banco y la UCI no llegaron a buen puerto y solamente pudieron llegar a postergar el desahucio en febrero pasado porque Rosa estaba hospitalizada por una operación de vesícula e hígado.

Llegan los antidisturbios al desahucio #Rosasequeda Ni la enfermedad
Ni violencia machista importan

Los policías están entrando ya en su casa sin la orden judicial y
sin esperar a la comisión judicial

Culpa de @AnaBotin @sanchezcastejon @Yolanda_Diaz_ @IdiazAyuso @AlmeidaPP_ pic.twitter.com/30QngomwpL

— PAH Vallekas (@pahvallekas) April 8, 2024

El caso llegó al límite cuando las entidades bancarias no quisieron reconocer a Rosa como inquilina, ni le hicieron un contrato de alquiler que, en opinión de las asambleas de vivienda que han acompañado a Rosa en este proceso, era lo justo ya que ella había pagado su alquiler todos estos años. Santander e UCI optaron por cerrar a cal y canto la vivienda y ponerle una alarma. Ni la enfermedad ni su situación como víctima de violencia machista -actualmente su expareja tiene una condena firme con orden de alejamiento vigente- han sido razones suficientes para que el banco le diera una nueva oportunidad a esta vecina de Usera. Hay que recordar que el Banco Santander batió en 2023 su propio récord de ganancias registrando un beneficio de 8.143 millones hasta septiembre, un 11% más en el mismo periodo de año anterior.

“Esta casa es el refugio de Rosa como mujer maltratada que tiene que escapar de su ex pero a la UCI le ha dado igual", relatan desde la PAH

Para más inri, ella tendrá que enfrentar, esta misma semana, el juicio contra su expareja como víctima de violencia de género. Por ello, tanto la PAH como la Coordinadora de Vivienda no entienden que Santander y UCI hayan sido incapaces de ofrecer a Rosa un buen trato y permitirle quedarse en su casa al menos hasta que recuperase la salud, pasara su juicio y encontrara otra alternativa habitacional. “Esta casa era el refugio de Rosa como mujer maltratada que tiene que escapar de su ex pero a la UCI le ha dado igual. Como si fuéramos las activistas de la PAH los que tuviéramos que solucionarles el problema al banco. Nos dijeron que durante 17 años no han sabido quien vivía allí dentro”, relata a El Salto Mercedes Revuelta, de la PAH.

Vecinas afectadas por la especulación de Cerberus salen a reivindicar su derecho a la vivienda

Alejandra Mateo Fano

Fondos buitre

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Más de 60 inquilinas y activistas de la PAH llevan cabo una acción en contra este fondo en su sede en el barrio de Hortaleza, bajo la consigna “Traficantes de casas”.

A Rosa los servicios sociales le habían expedido el certificado de vulnerabilidad. Sin embargo desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid aseguran que la reciente Ley de Vivienda introdujo que el juez debería informar de los procedimientos a servicios sociales para tomar medidas “pero no se hace. Luego depende de la valoración de servicios sociales y no todos tienen un criterio objetivo”. Insisten en que continúa sin cumplirse el Real Decreto aprobado en 2020 que suspende los procedimientos judiciales y los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. "Hay un margen de discrecionalidad para los jueces que, aún viendo la vulnerabilidad, no la conceden”, remata la Coordinadora de Vivienda.