Comunidad de Madrid
Carlos Mur asegura que el exconsejero de Sanidad de Ayuso conocía los protocolos de la vergüenza

Por primera vez, y tras cuatro intentos de zafarse bajo diferentes excusas, el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, ha declarado en los juzgados por la causa abierta por las 7.291 muertes en residencias madrileñas sin asistencia médica ni traslado hospitalario durante los meses más duros del covid. Y, tal y como explican los abogados de las familias de residentes, Mur ha tirado balones fuera en cuanto a su responsabilidad sobre los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, que establecían la no derivación de personas mayores enfermas en función de su situación física o cognitiva. Mientras, a las puertas del juzgado de Instrucción número 23 de Plaza de Castilla, familiares de residentes se concentraban para pedir justicia en una fría y lluviosa mañana.

En una declaración telemática, realizada desde Andorra donde reside desde hace algún tiempo, Mur ha cargado la responsabilidad sobre Francisco Javier Martínez Peromingo, que termino sustituyéndole en la ya mencionada dirección, como autor de estos protocolos junto a 22 geriatras más, siempre según el relato de los abogados de la acusación. En una declaración de diciembre, Peromingo habría acusado a Mur como autor de los protocolos, siempre según la versión de los abogados de la acusación, ya que las declaraciones se suceden a puerta cerrada.

“Se están echando la culpa unos a otros”, explica la abogada de la acusación Alejandra Jacinto, presente este lunes durante la declaración. Por otro lado, Mur habría apuntado que tanto la entonces viceconsejera de Sanidad y actual Consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, como el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, eran conocedores de los protocolos. Desde la asociación 7.291: verdad y justicia para las víctimas de las residencias, valoran positivamente este aspecto ya que “supone un dato nuevo y va en la línea que marcábamos los familiares”.

“Ha dicho que él mandó los protocolos a la viceconsejera Dávila y quien ordenó crear las figuras de geriatra de enlace fue Escudero. Estos nombres, hasta la fecha no habían aparecido en escena”, relata Jacinto. Los geriatras de enlace fueron los encargados de atender el teléfono y decidir la derivación o no de cada residente durante esos meses.

Mur ya expresó que las residencias no fueron medicalizadas en la comisión de investigación abierta en la Comunidad de Madrid y cerrada de manera abrupta por el adelanto electoral planteado por Ayuso

En su declaración, que atendía al caso de un fallecido en la residencia de Amavir de Valdebernardo, Mur ha reconocido que los protocolos tenían sentido en tanto en cuanto se medicalizasen las residencias, y que esto no habría sido así. Durante la comisión de investigación abierta en la Comunidad de Madrid y cerrada de manera abrupta por el adelanto electoral planteado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Mur ya expresó que las residencias no fueron medicalizadas.

Jacinto explica que Mur no ha querido responder a sus preguntas. “A mí no me ha respondido y eso que ha dicho que estaba encantado de estar ahí para poder dar todas las declaraciones oportunas”, se queja la abogada, quien ha adelantado a El Salto que pronto se van a conocer más citaciones.

Querella por delito de denegación de la prestación sanitaria

La declaración de este lunes se produce en el marco de la lucha de los familiares de residencias, quienes en 2024 activaron una nueva vía judicial. En el mes de octubre de ese año,familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia dentro de las residencias. Lo hacían utilizando una nueva estrategia para conseguir juzgar a los altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso: denuncian que se cometió un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

En octubre de 2025, los abogados de la causa comunicaron en rueda de prensa que los altos cargos de Ayuso durante la pandemia Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca (director del SUMMA 112) estaban siendo investigados en ocho procedimientos judiciales.