Opinión
Radiografía del abandono: la crisis silenciosa de la dependencia y el cuidado de mayores

La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus miembros más vulnerables. Bajo esta premisa, el debate sobre el estado de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid ha dejado de ser una cuestión puramente administrativa para convertirse en una crisis social y política de primer orden. Las denuncias de familiares, trabajadores y colectivos ciudadanos dibujan un escenario de precariedad estructural que contrasta con los balances oficiales de la gestión autonómica.

Las reclamaciones que llegan a las instituciones y a los medios de comunicación no hablan de incidentes aislados, sino de carencias que afectan directamente a la dignidad y la salud de los residentes. Entre las principales quejas está el estado de las habitaciones, que carecen de una adaptación real a las olas de calor. En un contexto de cambio climático, la falta de aire acondicionado o de sistemas térmicos eficientes se convierte en un riesgo directo para una población especialmente sensible a las altas temperaturas.

Además hay denuncias recurrentes sobre menús escasos, materias primas de baja calidad y problemas de salubridad, plagas de ratas, cucarachas, hormigas y sarna o mantenimiento deficitario en los centros.

Por otro lado, sindicatos y plataformas de familiares coinciden en que las ratios de personal son insuficientes. Los trabajadores arrastran un agotamiento crónico que dificulta ofrecer una atención individualizada y humana.

Un elemento crítico es el temor expresado por las familias a sufrir represalias, traslados no deseados a residencias que los aleja de su entorno y amistades o expedientes de expulsión si formalizan sus quejas de manera insistente. 

Desde la administración autonómica, la perspectiva es diferente. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), defiende su gestión basándose en indicadores económicos y de control normativo que no reflejan la realidad.

 Colectivos sociales advierten sobre la proliferación de una suerte de “gerontofobia” institucional y social, donde el cuidado de los mayores se percibe como una carga económica en lugar de un deber ciudadano.

Más allá de las cifras y los cruces de acusaciones políticas, el conflicto destapa un debate ético subyacente. Colectivos sociales advierten sobre la proliferación de una suerte de “gerontofobia” institucional y social, donde el cuidado de los mayores se percibe como una carga económica en lugar de un deber ciudadano. La priorización de grandes inversiones en infraestructuras de ocio o macro proyectos frente al refuerzo del sistema de dependencia es uno de los puntos más cuestionados por la opinión pública.

La dependencia es una realidad que, tarde o temprano, afecta a la práctica totalidad de las familias. Exigir unos estándares mínimos de calidad asistencial no es solo un acto de justicia hacia quienes construyeron la sociedad actual, sino una garantía de futuro para las próximas generaciones.