Paraísos fiscales
¿Por qué Luxemburgo no es considerado un paraíso fiscal y por qué debería serlo?

Siempre que se señala a un Estado por sus prácticas fiscales agresivas, salta el mismo debate y las mismas preguntas: ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar a un territorio un paraíso fiscal? ¿Que la Unión Europea o el Estado español no consideren a uno de ellos un paraíso fiscal lo exime de toda culpa y responsabilidad? ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional ante las políticas fiscales agresivas proempresa de dichos países y ante las consecuencias en la recaudación tributaria del resto? ¿Es normal que ningún Estado miembo esté en la lista negra europea cuando son bien conocidas las técnicas utilizadas por las multinacionales en países como Irlanda, Países Bajos, Malta o Luxemburgo?

Esta semana el debate vuelve a ponerse encima de la mesa y a señalar directamente a Luxemburgo por dos motivos. La principal es la nueva investigación realizada por un grupo de medios de comunicación como el francés Le Monde, Suddeutsche Zeitung de Alemania, Le Soir de Bélgica, McClatchy de Estados Unidos, Woxx de Luxemburgo, IrpiMedia de Italia y el Consorcio de periodistas de investigación (OCCRP). El #OpenLux, como han llamado a la investigación, revela que “Luxemburgo es un imán para las fortunas de todo el mundo” y que en el Ducado tienen su residencia fiscal al menos 279 de las 2.000 personas más ricas del planeta y que 55.000 sociedades pantalla sin oficinas ni empleados gestionan activos por más de seis billones de euros, cinco veces el PIB español.

OpenLux, 55.000 sociedades pantalla en el corazón de Europa

Yago Álvarez Barba

Paraísos fiscales

Evasión de impuestos OpenLux, 55.000 sociedades pantalla en el corazón de Europa

Yago Álvarez Barba

Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Shakira, Amazon o Pfizer entre los primeros nombres de una investigación sobre Luxemburgo y las riquezas que se ocultan allí para eludir impuestos.

La otra es la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), que deberá ser revisada este próximo 16 de febrero y que sigue sin incluir a ningún Estado miembro, pese a que los escándalos sobre Luxemburgo se siguen publicando y organizaciones internacionales como Oxfam o Tax Justice Network (TJN) lo han señalado como uno de los principales agujeros fiscales del globo. “Luxemburgo ocupa actualmente el sexto lugar tanto en el Índice de Secreto Financiero 2020 como en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2019, lo que lo convierte en el sexto país del mundo que más facilita el secreto financiero y el abuso del impuesto de sociedades”, explica a El Salto Javier García-Bernardo, Investigador de TJN y doctor en economía política.

En concreto, TJN coloca al Gran Ducado de Luxemburgo en la sexta posición, de un listado de 133, solo por detrás de Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán, y otros dos países en el corazón de Europa, Países Bajos y Suiza, que ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente.

Tax Justice Network señala a Luxemburgo como el sexto país del mundo que más facilita el secreto financiero y el abuso del impuesto de sociedades

¿Qué ofrece Luxemburgo a las empresas?

La investigación OpenLux ha desnudado el registro mercantil de empresas y ha buceado en él. Eso es lo que le hacía efectivamente opaco al Ducado, las lagunas de información y control que tiene dicho listado oficial de empresas, que podemos agrupar en tres tipos.

Facilidad para registrar empresas pantalla. Varios de los tipos de formas jurídicas, como las SA, SAS o las empresas extranjeras, no están obligadas a especificar su titularidad. Al contrario de la gran mayoría de registros mercantiles, no tienen que decir quién es dueño de la empresa, sus participantes ni aportar ninguna información sobre ellos. A esto se le suma que las empresas con inversores extranjeros tampoco están obligadas a dar información sobre la titularidad real en algunos casos, lo que permite que las personas detrás de dichas empresas puedan usar las sociedades en Luxemburgo como verdaderas pantallas para ocultar su identidad y operar con total opacidad. 

Un fondo de inversiones en Luxemburgo solo tiene que especificar quiénes son sus propietarios legales y efectivos si alguno de ellos supera el 25% de sus acciones

Opacidad sobre quién está detrás de un fondo de inversión, es la segunda laguna. Un fondo solo tiene que especificar quiénes son sus propietarios legales y efectivos si alguno de ellos supera el 25% de sus acciones. Esto permite que los propietarios e inversores de dichos instrumentos financieros, acostumbrados a tener su capital repartido en varios de ellos, lo tengan muy fácil para no tener que revelar su identidad. Además de esta exención, Luxemburgo no siempre exige que los inversores de un fondo se registren como propietarios legales, lo que vuelve a crear un escenario en el que una entidad legal puede operar con total impunidad en caso de que se quiera perseguir la pista del dinero.

Los accionistas también pueden ocultarse. La tercera laguna es la que permite que las acciones al portador sean mantenidas y registradas a nombre de una empresa, en vez de ser registradas a nombre del verdadero dueño. Esto evita que los grandes inversores tengan que especificar qué porcentajes y cantidad de acciones tienen de una empresa en concreto. En España, por ejemplo, si un inversor tiene más de un 3% de una empresa debe anunciarlo a la CNMV y el organismo lo hace público. En Luxemburgo las acciones son también una cortina de humo que no deja ver quién se encuentra detrás. 

BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Yago Álvarez Barba

Paraísos fiscales

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Las grandes empresas utilizan estas prácticas para evadir impuestos. La OCDE y el Parlamento Europeo quieren plantarle cara, pero las medidas siguen siendo muy tímidas y limitadas.

¿Cuánto nos cuesta Luxemburgo?

Tras la publicación de la investigación OpenLux, la organización Transparencia Internacional junto a Anti-Corruption Data Collective (ACDC) han analizado la documentación y llegado a la conclusión de que aproximadamente el 80% de los fondos de inversión privados que operan en el Gran Ducado no declaran quién se beneficia de ellos. “La persona que se beneficia de un fondo de inversión es la persona cuyos activos están bajo la gestión de ese fondo. No tiene sentido que la definición de beneficiario efectivo sólo incluya a determinados accionistas o a la persona que toma las decisiones de inversión”, ha declarado Maíra Martini, investigadora y especialista de Transparencia Internacional, que afirma que “la UE y las autoridades luxemburguesas tienen que cerrar esta laguna, que permite a las personas políticamente expuestas ocultar sus activos y potencialmente blanquear fondos ilícitos”.

El 80% de los fondos de inversión privados que operan en el Gran Ducado no declaran quién se beneficia de ellos

Desde TJN también lanzaron un informe en abril de 2020 que señalaba a Luxemburgo como parte del “eje de la evasión fiscal”, junto a Países Bajos, Suiza y Reino Unido. Según su investigación, estos cuatro países son causantes de que el resto de Estados miembro europeos pierdan 27.000 millones de dólares en ingresos tributarios tan solo de la elusión de empresas y fondos estadounidenses.

El informe concluye que Luxemburgo es responsable de las mayores pérdidas en el impuesto de sociedades de las empresas estadounidenses en toda la UE, costando a los países miembro más de 12.000 millones de dólares en impuestos de sociedades perdidos al año, seguido de los Países Bajos con 10.000 millones de dólares al año, Suiza con 3.000 millones de dólares y el Reino Unido con 1.500 millones de dólares. Los beneficios contabilizados en Luxemburgo por las empresas estadounidenses representan 94% del PIB del Ducado. Con sólo 610.000 habitantes y menos del 0,1% del PIB mundial, representa 3,5 veces más de los beneficios declarados por las multinacionales estadounidenses que en todo el continente africano.

Otra vez Luxemburgo

No es la primera vez que Luxemburgo está en el ojo del huracán de un escándalo de evasión fiscal. Los LuxLeaks, como fueron bautizados, saltaron cuando Antoine Deltour, un ex-auditor de PWC en Luxemburgo, filtró a la prensa miles de documentos que demostraban cómo el Gobierno, presidido en aquel entonces por Jean-Claude Juncker, había firmado acuerdos bilaterales con muchas multinacionales para pagar impuestos inferiores al 1% de su beneficio.

La investigación posterior, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mostraba que las cuatro grandes auditoras (las Big Four) habían ayudado a las multinacionales y al Gobierno de Juncker a diseñar complejos circuitos de empresas y flujos de capital para poder derivar la gran mayoría del beneficio mundial de estas empresas al Gran Ducado y así ahorrar miles de millones de euros en impuestos. Las autoridades del país declararon la filtración como “el mayor ataque que había recibido el país” y llevaron al filtrador ante la justicia.

En junio de 2016, Deltour y otro empleado de PWC fueron declarados culpables por filtrar información confidencial y condenados a doce y nueve meses de cárcel respectivamente. “El problema es la estructura del mundo financiero y de Europa, que permite que países como Luxemburgo, Malta, Holanda o Irlanda puedan tener esas legislaciones fiscales que funcionan en detrimento del interés general europeo. Porque si se permite que un país pequeño atraiga a las grandes empresas, acaba siendo una pérdida para sus países vecinos”, explicó el propio Deltour en una entrevista concedida a El Salto en julio de 2017.

“Los países miembros de Europa están en una guerra fiscal y financiera”

Yago Álvarez Barba

Evasión fiscal

“Los países miembros de Europa están en una guerra fiscal y financiera”

Yago Álvarez Barba

Los conocidos como Luxleaks fueron una tormenta mediática que puso en jaque a más de 300 empresas.

La Unión Europea quiso tomar cartas en el asunto y se creó una comisión de investigación y fiscalización específica tras los LuxLeaks. El eurodiputado y militante de Anticapitalistas Miguel Urbán formó parte de dicha comisión y, según explica a El Salto, la comisión pudo constatar, documentar y denunciar las malas prácticas fiscales que el Ducado genera en detrimento de sus vecinos. “En los diferentes informes aprobados por el Parlamento estos últimos años hemos señalado a Luxemburgo como un paraíso fiscal y hemos denunciado la opacidad de la trama de empresas pantalla que operan desde este país”, afirma Urbán, “y, a pesar de todas estas evidencias y resoluciones parlamentarias, ¿cuántas medidas se han tomado contra Luxemburgo o contra cualquier de los demás paraísos fiscales que operan en el seno de la UE? Ninguna”, lamenta el eurodiputado.

En cuanto a los motivos, Urbán señala algo muy similar a lo que respondía el ex-auditor de PWC: “La cuestión de fondo es que Luxemburgo se encuentra en el centro de la arquitectura económica de la UE, fundamentada en el establecimiento de un marco de libertad de movimiento de capitales que, en ausencia de armonización fiscal, provoca e incentiva una devaluación fiscal permanente y un estímulo a la elusión y a la evasión fiscal”. En su opinión, cuestionar el papel de paraísos fiscales como Luxemburgo o Países Bajos sería cuestionar dicha arquitectura económica europea, “algo a lo que no están dispuestos ni en la Comisión ni mucho menos en el Consejo, aunque no se diga abiertamente“.

Además, según Urbán, “se argumenta que la unanimidad requerida para adoptar cualquier decisión en materia fiscal evita avanzar en medidas que cuestionen el papel de estos paraísos fiscales”.

Una lista negra con poco color

En la lista de países y territorios no cooperadores que emite la UE, conocida como la lista negra de paraísos fiscales, figuran “los países no pertenecientes a la UE que fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto de sociedades de los Estados miembro”, según reza la propia web del Consejo Europeo. En la última revisión, en octubre de 2020, la UE eliminó del listado a las Islas Caimán y Omán, e introdujo a Barbados y Anguila, pese a que Islas Caimán está considera como el tercer territorio más opaco y lesivo por TJN. En ese “no pertenecientes a la UE” de la definición de la lista es donde se encuentra el principal escollo para señalar a Luxemburgo. “Países como Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Irlanda o Chipre nunca estarán en la lista, incluso las dependencias de Reino Unido, como por ejemplo las Islas Caimán o las Islas Vírgenes británicas”, lamenta García-Bernardo.

Actualmente la lista negra de paraísos fiscales europea solo contiene 12 territorios, entre los que no se encuentra ningún país europeo

Actualmente, la lista negra contiene 12 territorios: Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles. Los países del centro de Europa que son responsables de pérdidas millonarias en recaudación por impuesto de beneficios de las grandes multinacionales y fondos, como el caso de Luxemburgo, no son, ni serán, señaladas nunca. “La pretendida lista negra de paraísos fiscales nació herida de muerte al no mencionar a ninguna de las guaridas fiscales europeas existentes y por ceder a la presión de unos y otros para que, a cada actualización, los territorios instrumentales utilizados como guaridas fiscales salgan de la lista sin que medie nada que así lo justifique”, lamenta Urbán. 

Más allá de excluir a los países europeos, los criterios para incluir a un territorio en dicha lista y para sacarlos también son criticados. Ante la opacidad que ofrecen muchos de estos territorios, la UE se centra en la transparencia y el intercambio de información en caso de que sea reclamada por algún país para sacar a los territorios de la lista de paraísos fiscales. Un simple acuerdo con uno o varios países para compartir información reclamada por otro país para luchar contra la evasión fiscal es suficiente para que la UE deje de considerarte un territorio no cooperante. La firma de uno de estos acuerdos de intercambio de información fue lo que consiguió, por ejemplo, que Andora dejara de ser considerado un paraíso fiscal por UE y España en 2008.

“Cuando la UE, no la Comisión, sino el Council a través del Code of Conduct Group, decide crear por primera vez una lista negra de paraísos fiscales, lo hace porque ni la agenda internacional ni los países tienen el coraje de responder a ese problema”, explica a El Salto Susana Ruiz, coordinadora del departamento internacional de justicia fiscal de Oxfam, que argumenta que lo planteado en un principio estaba bien, ya que incluía criterios de equidad fiscal más allá del de transparencia o intercambio de información. Pero señala que en ese mismo momento “los Estados miembro impidieron que se revisen también los europeos, porque en teoría ya se están poniendo en marcha soluciones de control adecuadas”.

“España se ha quedado atrás en la lucha contra los paraísos fiscales”

Yago Álvarez Barba

Paraísos fiscales

“España se ha quedado atrás en la lucha contra los paraísos fiscales”

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Los últimos informes del departamento de Justicia Fiscal que dirige Susana Ruiz en Oxfam Intermón han mostrado la poca voluntad política que existe para acabar con los paraísos fiscales y sus consecuencias. Hablamos con ella en una semana crucial para el futuro de esa lucha desde las instituciones europeas. 

El resultado de ello, según Ruiz, “es que se convierte en un proceso muy político, o más bien muy politizado con los intereses de cada país por delante, en el que la UE se permite revisar políticas de países terceros sin poner orden en casa”.

Los escándalos como el LuxLeaks, Panama Papers o el reciente OpenLux, así como los enfrentamientos entre la Comisión Europea (CE) e Irlanda por los impuestos no pagados por Apple, vuelven a poner el foco en esa lista europea. Recientemente, la CE ha evocado el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE, ese en el que se abre la puerta a que, si una medida fiscal no consigue la unanimidad de todos los Estados miembro, se puedan tomar medidas de obligado cumplimiento por todos mediante una mayoría cualificada. Pero, viendo los últimos movimientos, o mejor dicho la falta de ellos, de la instituciones europeas, parece que la cosa va a seguir igual. “La CE empezó a revisar en su paquete del Semestre Europeo, el sancta sanctorum de la estabilidad macroeconómica, las prácticas fiscales de los estados miembro y a levantar ampollas al señalar algunos”, explica la integrante de Oxfam, pero lamenta que “una vez más, ha faltado el coraje de incorporar sanciones para países como Luxemburgo dentro del paquete del Semestre Europeo”.

El martes 16 de febrero, la UE debe revisar y publicar el nuevo listado de territorios no cooperantes. Puede que el Brexit provoqué movimientos en la lista, al incorporar territorios de ultramar británicos, pero lo que parece claro es que, por muchos escándalos y por muy opaca que sean algunos países europeos como Luxemburgo, el listado no tenga mucho efecto sobre ellos ni sobre los agujeros de recaudación de sus vecinos, para acabar siendo, en palabras de Urbán, “más un lavado de cara de las instituciones europeas que una herramienta útil para combatir la evasión fiscal”, o como resume el eurodiputado: “No hay una lista negra como tal, sino una lista para blanquear, limpiar y dar esplendor a los paraísos fiscales más importantes del mundo”.

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