Palestina
Del apoyo a las sanciones: la criminalización de la solidaridad con Palestina

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional señala que ha documentado al menos 95 casos violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones propalestinas celebradas desde octubre de 2023, fecha del inicio del genocidio en Gaza por parte del Estado israelí.

Con el objetivo claro de disuadir la protesta, se han llevado a cabo diferentes acciones contra la ciudadanía que vulneran el derecho a protestar de manera pacífica. “En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles. El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta”, se puede leer en el comunicado emitido por la organización.

El último ejemplo de criminalización de la protesta se ha producido hace apenas unos días, durante la celebración de la Copa Mundial de Escalada en Alcobendas, en Madrid; un evento en el que participaba un equipo israelí. Los agentes policiales amenazaron e identificaron a activistas pacíficos que se manifestaban contra el genocidio en Palestina.

Los eventos deportivos, en el punto de mira

Desde el inicio del genocidio en el enclave palestino, “portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos e incluso sancionado”, se señala desde AI. Y van más allá al denunciar que esto se ha convertido en la norma, lo que constituye una violación del derecho a la expresión política pacífica.

En Madrid, al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores

Quizás el caso más paradigmático sea el de la Vuelta Ciclista a España de 2025, cuando, a lo largo de las diferentes etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel–Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza. La protesta consistió en el despliegue de pancartas y ocupación de la carretera con el objetivo de parar el paso de la carrera. Entonces, “la respuesta de las autoridades fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte”, se lee en el informe. De momento, y por estas acciones, se han tramitado 27 multas de 300 euros en Ponferrada; 5 multas de 3.000 euros, y una de 60.000 euros en Pontevedra.

Durante la Vuelta también hubo incidentes en Valladolid, donde cuatro activistas enfrentan un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la carrera; y en Figueres (Girona), donde una persona fue arrestada por cortar la carretera. También en Bilbao hubo tres detenciones y en Asturias, doce personas fueron detenidas en una sola jornada. En Galicia, diez activistas fueron arrestados. En Madrid, las protestas llegaron a provocar la suspensión de la etapa final, con nuevas detenciones.

El último caso de criminalización de la protesta en el mundo del deporte se ha dado durante la celebración, en Alcobendas, de la Copa del Mundo de Escalada

Fuera del ámbito ciclista, la criminalización de la protesta también ha mirado hacia el mundo del baloncesto. “En Valencia, cinco activistas fueron sancionados por protestas vinculadas a partidos de baloncesto contra equipos israelíes, con multas que oscilan de los 1.500 euros a 5.000 euros”, todo ello bajo el manto de la aplicación de la Ley contra la Intolerancia en el deporte y la Ley Mordaza, que contempla las infracciones por desobediencia.

El último caso de criminalización de la protesta en el mundo del deporte se ha dado durante la celebración, en Alcobendas, de la Copa del Mundo de Escalada, del 28 al 31 de mayo. Durante esos días, agentes de la Policía Nacional identificaron y amenazaron a activistas que protestaban contra el enocidio en Palestina de manera pacífica. No solo la Policía puso su mirada en los manifestantes; “algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas propalestinos”, se lee en el informe, que prosigue: “la falta de protección policial frente a agresiones contra activistas y manifestantes propalestinos es una cuestión sobre la que Amnistía Internacional ya había recibido anteriormente varias denuncias”.

Sanciones fuera del ámbito deportivo

Fuera del ámbito deportivo, también se han producido vulneraciones similares. Es el caso de los estudiantes que, el 11 de junio de 2024, participaron en un encierro pacífico en la Universidad de Sevilla para exigir la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes. Además de ser desalojados por la fuerza, uno de ellos está a la espera de juicio. Se le piden dos años de cárcel.

En Madrid, doce personas se enfrentan a multas de 700 euros impuestas por la Delegación de Gobierno en mayo de 2025 bajo el manto de la Ley Mordaza por haber llevado a cabo una performance a las puertas de la Feria de Armas en Madrid con el objetivo de mostrar el rechazo a la industria militar. Un par de meses más tarde, en julio del mismo año y también en Madrid, varias personas fueron detenidas ante la embajada de Egipto por protestar.

Todos estos hechos, asegura la organización, “no son aislados”, sino “el reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década”

Otro de los ejemplos que señala AI es la violencia policial empleada en Bilbao contra activistas de la Flotilla Global Sumud el pasado 23 de mayo, tras volver de la misión. Los activistas, “cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao sufrieron violencia policial de forma injustificada. Agentes de la Ertzaintza emplearon un uso excesivo de la fuerza mediante golpes reiterados con porras a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo”, se puede leer en el informe.

Todos estos hechos, asegura la organización, “no son aislados”, sino “el reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década”, en referencia a la puesta en marcha y aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana —más conocida como “ley mordaza”, que restringe las libertades de la ciudadanía en diferentes ámbitos y a diferentes niveles.

Un “patrón preocupante”

Para Amnistía Internacional, “estos casos evidencian un patrón preocupante: acciones de desobediencia civil no violenta están siendo tratadas como infracciones graves o incluso como delitos, cuando solo son el ejercicio de derechos humanos por parte de sus protagonistas”.

La organización, además, denuncia el “uso excesivo de la fuerza” y de medidas como el gas pimienta, las porras y las balas de foam para reprimir la protesta. Estas actuaciones policiales, que se dieron en lugares como Becerril de la Sierra o en Barcelona, “se consideran incompatibles con los estándares internacionales”. En esta última ciudad, se usó gas pimienta para reprimir a un grupo de personas que estaban llevando a cabo una sentada pacífica para impedir el paso del autobús que llevaba al equipo de baloncesto israelí Hapoel Jerusalem hasta el lugar del partido. Esto sucedió el 15 de octubre de 2025.

Infiltraciones sin autorización judicial

Tal y como señala AI, también los y las profesionales de la comunicación están sufriendo esta embestida represiva. Para ilustrarlo, AI recuerda el caso del fotoperiodista agredido por la policía con un proyectil de foam en el brazo mientras cubría una manifestación. Ocurrió en Barcelona, e iba identificado como periodista. No se trató de un accidente, ya que en el momento y el lugar de los hechos no se estaban produciendo disturbios.

El caso de las infiltraciones policiales en el movimiento de solidaridad con Palestina merece una mención aparte. “La policía habría accedido a domicilios, a comunicaciones privadas y al ámbito familiar de militantes de este movimiento”, se lee en el comunicado de AI, todo ello, como ha reconocido el propio Ministerio del Interior, “en el marco de operaciones no autorizadas judicialmente, desconociéndose bajo qué tipo de supervisión se llevaban a cabo esas operaciones”.