Madrid
“Se sanciona el ejercicio de derechos protegidos”: diez organizaciones piden la derogación de la ley mordaza

En enero de 2025, durante el desahucio de un vecino de Vallecas, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron en su casa para intentar impedirlo mientras varias personas se encaramaban a la fachada del edificio. El desahucio se ejecutó y nueve de ellos recibieron multas de 600 euros cada una. Algo similar pasó tras el desahucio de Pilar y sus dos hijos: a los activistas les llegó una treintena de multas por intentar evitar, sin éxito, que quedaran en la calle. En diciembre de 2025, cuatro personas acompañaban a una familia que iba a ser desahuciada en la calle Yeseros y recibieron varias multas por “concentración no comunicada”. En noviembre de 2024, una acción en el Ministerio de Derechos Sociales de la misma plataforma terminó con 35 multas por presunta desobediencia, a pesar de la promesa del jefe de seguridad de que no serían sancionados si abandonaban de forma pacífica.

Son algunas de las acciones que hacen que la PAH Vallekas acumule 50.000 euros en multas. La Asamblea de Vivienda de Villalba es otro ejemplo: suma 16.000 euros en multas. Todas estas sanciones se producen en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

El pasado jueves 21, portavoces del movimiento por la vivienda, grupos antirrepresivos, ecologistas y de apoyo a Palestina se han concentrado frente a la sede del PSOE para exigir al Gobierno que cumpla su promesa de derogar esta ley. En el acto han informado de que las multas recibidas por la PAH Vallekas se han recurrido y se va a interponer varias demandas contenciosas, una ordinaria y otra por la vulneración de derechos fundamentales (el derecho de reunión y el de libertad de expresión).

La protesta es un derecho básico y fundamental

Desde su entrada en vigor en 2015 hasta 2024, se han recaudado 1.292 millones de euros al amparo de la ley, según datos del Ministerio del Interior. El número de multas anuales de la ley mordaza va en ascenso desde 2020 y, si bien las relacionadas con infracciones de seguridad ciudadana son solo una minoría respecto al total, hay una sensación de aumento de la represión entre los movimientos sociales, especialmente el ecologista y el de vivienda. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido del peligro que supone una criminalización de la protesta.

“Sabemos que esta ley es una guerra de desgaste para que todas y todos lo pensemos dos veces antes de defender nuestras casas, de acudir a un desahucio”: Miriam Espinoza, portavoz asamblea PAH Vallekas

“Este gobierno prometió derogar la ley mordaza, pero lo único que ha llegado a nuestros barrios son más multas, más desahucios y más policía”, dice Miriam Espinoza, portavoz asamblea PAH Vallekas. “Sabemos que esta ley es una guerra de desgaste para que todas y todos lo pensemos dos veces antes de defender nuestras casas, de acudir a un desahucio. Es una herramienta imprescindible para mantener este sistema donde la vivienda es un negocio y protestar es un delito”.

Durante la concentración también han participado representantes de otros colectivos afectados por multas, como la Acampada por Palestina o Extinction Rebellion, cuya portavoz ha recordado que, en un contexto en el que la represión por todo el mundo está aumentando, “el derecho a la protesta es un derecho básico y fundamental, y el Gobierno de España lo está violando con la ley mordaza”.

El derecho vulnerado a la vivienda

La convocatoria se produjo un par de días antes de la manifestación por la Ley de Vivienda, el pasado 24 de mayo, convocada por el movimiento de vivienda que denuncia una intensificación de las multas contra activistas por paralizar desahucios.

“Estamos viendo cómo la ley mordaza se utiliza para reprimir el legítimo derecho a la protesta”, dicen desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Cuando nosotras intentamos protestar, autotutelar nuestro derecho a la vivienda, paramos un desahucio, vemos que gracias a esta ley las fuerzas represoras vienen con nocturnidad, fuera de la mirada de la sociedad, para actuar impunemente. Nos amenazan con esas multas y sanciones graves, gracias a eso consiguen que nos tengamos que ir y acceden a la vivienda incluso antes de que llegue la comisión judicial”.

Desde el colectivo consideran que es algo intolerable en un contexto en el que el derecho a la vivienda está vulnerado. Además, “debería haber un debate ciudadano sobre el nivel de recursos públicos que se están utilizando para criminalizar el derecho a la protesta”. Un ejemplo: en el último desahucio de un vecino de Lavapiés hubo 80 policías y tres camiones de bomberos: “Son recursos públicos para los culpables de la crisis de la vivienda, y para nosotras multas”.

Presunción de veracidad policial y ‘efecto desaliento’

Desde la Asamblea de vivienda de Villalba, destacan que uno de los mayores problemas con los que se han encontrado a la hora de recurrir multas derivadas de la Ley de Seguridad Ciudadana es la presunción de veracidad que tienen los cuerpos de seguridad del Estado: “Significa que, de manera práctica, nosotras perdemos nuestra presunción de inocencia y cae sobre nosotras la carga de la prueba para demostrar que nuestro derecho a la manifestación pacífica o a expresar los problemas no son tales”.

Por mucho testimonio, vídeo o documental que aportemos, la carga de la prueba recae sobre nosotras. En situaciones donde hay elementos contradictorios es imposible desvirtuar la versión policial”: Sara López, de No somos delito

Lo confirma Sara López, de No somos delito, plataforma formada por más de 100 organizaciones que llevan más de una década luchando por la derogación de esta ley. “Por mucho testimonio, vídeo o documental que aportemos, la carga de la prueba recae sobre nosotras. En situaciones donde hay elementos contradictorios es imposible desvirtuar la versión policial”. Además, advierte de que la ley incluye algunas definiciones vagas, como las referentes a la desobediencia o faltas de respeto a agentes de autoridad, que según la activista han sido denunciadas por los organismos internacionales de derechos humanos como contrarias a los estándares internacionales en el ejercicio del derecho a reunión y libertad de expresión.

“Son sanciones por el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”: No somos delito

“No estamos ante sanciones aisladas, sino ante una dinámica sostenida en el tiempo y aplicada sobre determinadas personas y colectivos en una persecución administrativa de la protesta”, añade López. “Hay activistas que acumulan hasta diez sanciones por tratar de acudir a concentraciones, participar en acciones de protesta, intentar impedir desahucios o filmar actuaciones policiales irregulares. Son sanciones por el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

El impacto de las multas va más allá de lo económico: “Generan miedo, desgaste psicológico y autocensura. Es una herramienta de intimidación colectiva. Es lo que el Tribunal Europeo denomina el chilling effect o efecto desaliento”, describe López.

Para el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, la ley mordaza “no es la única ley que atenta contra nuestros derechos. Es la punta de un iceberg compuesto por muchas otras: ley partidos, ley de huelga, ley de extranjería, figuras como el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona”. Menciona los casos de las 6 de la Suiza, Pablo Hassel o las 6 de Zaragoza. “Buscan la desmovilización y desarticulación de las luchas”.