Opinión
Ciudadanos contra okupas: estrategia 2019

Ciudadanos no titubea en su estrategia de cara al año electoral 2019 y ha encontrado en la ocupación una veta desde la que golpear a su rivales políticos. El grupo de Albert Rivera ha propuesto una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que permitiría a la policía entrar, registrar e identificar a los ocupantes de un edificio “que no revista condición de domicilio”.

Como ha señalado Anna Flotats en Público, el matiz es importante, porque Ciudadanos quiere blindar posibles alegaciones de inconstitucionalidad, ya que el artículo 18 de la Constitución consolida la inviolabilidad del domicilio. Dar rango de legalidad a prácticas que ya se han empleado ilegalmente por parte de distintos cuerpos policiales para evitar la toma de un espacio en las primera horas (incluso días) de ocupación. Y, ante todo, lanzar un mensaje al electorado “de orden” contra los okupas y sus supuestos aliados en los Ayuntamientos del cambio.

Con la conciencia de que el margen de inversiones de los gobiernos locales depende del Gobierno central, vía Ley Montoro, y ante la negativa de Ciudadanos de modificar ese marco, el tema “okupas” es una autopista abierta para explorar las contradicciones de la política municipal de Podemos y sus dispares aliados.

El caso de la Invisible

En las últimas semanas, Ciudadanos ha desplegado dos campañas simultáneas. En Málaga, el empeño de los naranjas por asaltar uno de los bastiones andaluces del PP –el alcalde Francisco de la Torre lleva en el cargo desde el año 2000– ha tomado un objetivo principal: la Casa Invisible, en pie desde 2007.

Se trata de un espacio en el centro de una ciudad turistificada, que el grupo municipal ciudadano defiende desalojar para su rehabilitación y posterior puesta en el mercado. El arraigo de la Invisible ha revertido el impacto de la campaña de Ciudadanos a favor de una campaña de defensa del espacio, que ya resistió los embates del Ayuntamiento del PP. Mediante una rueda de prensa y una contracampaña en Twitter, La Invisible contrarrestó el discurso de la que es cuarta fuerza política en la ciudad, tras el PP, a quien sirve de muleta.

El 10 de marzo, el centro social ha convocado una manifestación para reclamar la cesión de un espacio recuperado hace once años y participado por miles de vecinas de la ciudad y la provincia.

después Madrid

En Madrid, la estrategia de crear un combo entre okupas y narcopisos tomó el 18 de febrero forma de campaña en Twitter, con la etiqueta StopOkupas. Una etiqueta que también han utilizado los portavoces de Valencia o Sevilla. Entre otras ocurrencias, la campaña dice que "España se está convirtiendo en un paraíso de la okupación" o que hay un efecto "llamada" en la capital.

El grupo liderado por Begoña Villacís que, para la ocasión, contó con el apoyo de Albert Rivera, ve en distritos como Villaverde, Tetuán y Vallecas —códigos postales en los que la desigualdad y la pobreza está cronificada desde hace décadas— un filón de cara a las elecciones de 2019.

Según el cálculo más básico, para esa cita Ciudadanos solo tiene que recoger los restos del naufragio de un PP de Madrid destrozado por los casos Púnica y Lezo, por el legado de Esperanza Aguirre, por el perfil gris cenizo de su portavoz municipal José Luis Martínez-Almeida, y por la insostenibilidad de la apuesta de Génova por el incendiario Pablo Casado.

Al contrario que en Málaga, donde los tejidos vivos de la ciudad —incluidos los dos partidos de la oposición Málaga Ahora e Izquierda Unida— han reivindicado el papel que cumple La Invisible, en Madrid el tema “okupa” enfrenta a Ahora Madrid.

La génesis del partido instrumental debe mucho a los centros sociales, en especial al Patio Maravillas, ya desalojado, donde se llevaron a cabo algunas de las reuniones fundacionales de Ganemos para el entonces llamado “asalto municipal”. Sin embargo, la pulsión del sector mayoritario en Ahora Madrid, el que rodea a la alcaldesa Manuela Carmena, ha sido desde el comienzo desmarcarse de este tipo de espacios y aceptar el marco mental impuesto por propietarios del suelo e inversores.

La alcaldesa marcó línea en relación a las ocupaciones con una frase durante un desayuno informativo en el Ritz —“No podemos tener un Madrid tercermundista de okupas”— en marzo de 2017.

Pero no todo el grupo municipal, ni los sectores que conforman Ahora Madrid, comparten la línea de ruptura de amarras con los centros sociales. Tampoco se comparte unánimemente la lectura que se hace del fenómeno de los “narcopisos” en zonas Vallecas y Tetuán y, de hecho, se asocia a prácticas habituales de los fondos de inversión (degradación de enclaves para crear un nuevo mercado).

Esa división se plasma especialmente en el caso de la Ingobernable, que se ocupó en 2017 y que ha sido señalada por Ciudadanos y el PP en varios plenos municipales. Este caso, en el que se evidencia la incompatibilidad de intereses entre supuestos inversores —la extraña Fundación Ambasz— y las necesidades de la ciudad —La Ingobernable acoge todas las semanas actividades de más de 50 colectivos—, es explotado por Ciudadanos y PP como uno de los puntos débiles de Ahora Madrid. La rápida asimilación de la socialdemocracia “a la Carmena” por parte de la base que dieron lugar al partido instrumental corre riesgo de descarrilar si se produce un desalojo por orden municipal del inmueble de la calle Gobernador.

Mercado y seguridad

La gran olvidada de esta campaña electoral sostenida de Ciudadanos es la situación real del mercado de la vivienda en Madrid, que ya ha vuelto a condiciones preburbuja. El precio de los alquileres en Madrid ha aumentado un 6,3% sólo en el último año. En gran medida se trata del efecto AirBnB: es más fácil encontrar un piso en esta plataforma de alquiler esporádico que en Idealista, el principal portal de búsqueda de inmuebles.

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Olvidado desde tiempos inmemoriales está también el alquiler social, una demanda básica del movimiento por la vivienda que Ciudadanos pudo haber atajado el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid y que quedó descartada con el voto en contra del partido naranja en la discusión sobre la ILP de vivienda presentada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Un apunte. Tal es la importancia que los centros sociales tienen en la organización de la defensa de los derechos de la ciudadanía, que la manifestación del próximo sábado 3 de marzo por el derecho a la vivienda convocada por las PAH, se ha gestado en La Ingobernable, lo que muestra la relación entre los centros sociales con derechos fundamentales.

Pero la campaña de Ciudadanos no persigue transformar las condiciones de acceso a la vivienda —el centro sobre los que gravita la política económica que se practica en Madrid— sino generar un estado de ánimo de pánico ante la invisible amenaza ocupa.

Una política basada en la revalidación del lema “antes propietarios que proletarios” pero sin la política de acceso a la propiedad del desarrollismo franquista y después del tsunami inmobiliario del ciclo 1994-2010. Y, en mayor grado, una campaña basada en la utilización de la “seguridad” como señuelo electoral, a pesar de que la percepción de que Madrid es una ciudad segura no ha dejado de crecer entre la población de la urbe.

Ante una campaña en la que Ciudadanos aspira a hacer realidad su teoría de que la “clase media trabajadora” es un cuerpo social homogéneo y sumiso, las fuerzas “del cambio” tienen tres opciones: aceptar un marco en el que la propiedad y la seguridad (o securitización) sigan siendo los principios bajo los que se tienen que desarrollar las ciudades, ponerse de perfil, o plantear un marco en el que los bienes comunes, el desarrollo de comunidades críticas y la ampliación de libertades generen un nuevo tipo de ciudad que pueda revertir las consecuencias de la desigualdad social.