Propuestas de Ley de Seguridad Ciudadana de PSOE y PNV: ¿qué traen de nuevo?

Tras un año y un mes, y 30 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas al texto, el desmarque de Ciudadanos respecto al PP ha hecho posible que la Mesa del Congreso deje de bloquear la posible derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, aprobados por el PP en marzo de 2015 y en vigor desde julio de ese año, una de las promesas hechas desde la mayor parte de los partidos del abanico parlamentario. 

Sobre la mesa, dos proposiciones para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”: la del PNV y la del PSOE. Y una más, presentada por PNV, para eliminar la prisión permanente revisable del Código Penal. El cálculo electoral de Ciudadanos ha desbloqueado la posibilidad de que la enmienda a la totalidad del PSOE, o las enmiendas parciales del PNV, pasen a la siguiente ronda de debate y hagan factible el final de la ley aprobada durante la anterior etapa de Gobierno del PP.

La primera de las propuestas relativas a la Ley de Seguridad Ciudadana hace más de 40 cambios sobre el articulado de la Ley aprobada por el PP. La segunda recupera el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 —la anterior a la aprobada por el Partido Popular—, aunque con algunas modificaciones. ¿Qué cambios suponen cada una de ellas?

La proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco fue presentada por el diputado Antonio Ramón Trevín Lombán el 21 de marzo de 2017 para su toma en consideración, que se aprobó con 211 votos a favor y 129 en contra. En su presentación, el diputado señalaba que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del Partido Popular contaba con el 82% de rechazo entre la población.

Trevín explicó que la excusa de la crisis sirvió para “resucitar a aquel Ministerio de Interior que proclamaba que la calle era suya y solo suya”. “Demostraron que no querían ciudadanos críticos protestando contra este pandemónium de ajustes que el PP estaba echando sobre nosotros. Querían una ley que convirtiera automáticamente al ciudadano en reo sancionable a fin de pacificarnos a todos a las bravas”. Sin embargo, algunos de los 44 cambios sobre la ley que entró en vigor en julio de 2015 no van encaminados a hacerla más respetuosa con los derechos ciudadanos.

La propuesta del PSOE, por otro lado, recupera el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, aquella conocida como Ley Corcuera, pero también como ‘Ley de la patada en la puerta’, por el artículo 21 de la norma, que permitía a la policía entrar en domicilios privados si esta tenía “conocimientos fundados” de que en la vivienda se cometían delitos relacionados con drogas, y que fue derogada por el Tribunal Constitucional un año después a su aprobación. 

PROPOSICIÓN DEL PNV

La propuesta del PNV hace algunos guiños de respeto a los detenidos. Entre ellos añade, en el artículo 16 de la ley, que en el caso de que una persona sea desplazada a dependencias policiales para su identificación, la policía estará obligada a devolver a esta persona al mismo sitio donde se lo encontró, aunque, eso sí, poniendo como excepción que las causas del desplazamiento sean imputables al ciudadano al que quieren identificar.

Viendo que, en la mayoría de casos, el motivo del traslado a comisaría es porque no se tiene encima la documentación —causa imputable al identificado—, pues poco cambio hay.

Sin embargo, la propuesta del partido jeltzale tiene menos sensibilidad con las circunstancias económicas. El artículo 33, apartado dos, del texto de la ley en vigor, en el que se explican las circunstancias que influyen en la imposición de multas, concreta que, dentro de cada grado de multa, la capacidad económica del multado influirá a la hora de decidir el importe concreto de la multa. Esto queda eliminado en la propuesta del PNV, que, por otro lado, sí contempla las atenuantes incluidas en el Código Penal a la hora de decidir el importe de la sanción —efectos de alcohol o drogas, confesar antes de conocer el inicio del proceso sancionador, reparar el daño ocasionado, dilación indebida del proceso, la colaboración en el esclarecimiento de los hechos—.

Como puntos positivos, el texto del PNV elimina como infracciones graves las reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado y asambleas legislativas autonómicas (Artículo 36, apartado 2), los desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos —dedicado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca— u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores u otros objetos (artículo 33, apartado 3).

También deja fuera de los supuestos de infracción grave los actos de obstrucción a autoridades o funcionarios para cumplir sus funciones o ejecutar resoluciones cuando éstas sean resoluciones judiciales como puedan ser las ejecuciones de hipotecas (artículo 33, apartado 4); el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas (artículo 33, apartado 14); las cundas (apartado 17), el cultivo de drogas tóxicas visible al público (apartado 18) y el uso de imágenes o datos personales de profesionales de las autoridades o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes: eliminado como infracción grave (apartado 23).

Nada dice la propuesta del PNV sobre la falta leve que castiga las faltas de respeto y consideración a los policías, con las que, en el primer año y medio en vigor, se recaudaron más de tres millones de euros

Sin embargo, nada dice, por ejemplo, sobre la falta leve consistente en faltas de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se mantendría vigente y en cuyo marco, hasta finales de 2016 se impusieron más de 22.000 sanciones por más de tres millones de euros, según datos del Ministerio de Interior.

Sobre el derecho de reunión, la propuesta añade una disposición con la que se permite que se celebren manifestaciones no comunicadas espontáneas cuando respondan a un hecho que no admita espera (Artículo 37, apartado 1), quedando el resto de casos multados con sanción leve. También elimina como infracción leve el deslucimiento de bienes inmuebles públicos o privados en la vía pública.

Sobre las devoluciones en caliente, el texto del PNV señala en una disposición adicional que España deberá dictar en un plazo de tres meses las disposiciones necesarias para aplicar la normativa internacional sobre derechos humanos y de protección internacional antes de proceder a la expulsión de personas en frontera y que, hasta que estas disposiciones no sean dictadas, no se podrán poner en práctica devoluciones en caliente.

Proposición del PSOE

La propuesta del PSOE vuelve a la ley vigente antes de la aprobada por el Partido Popular. Esto es, desaparecen prácticamente todos los supuestos por los que te puede caer una multa —intentar evitar un desahucio, manifestarte frente al Congreso, hacer una foto a un policía, y un largo etcétera. También vuelve a los mismos importes de multa anteriores, rebajando el mínimo de la infracción grave de los 601 a los 300 euros y el máximo de las leves de los 600 euros de la ley actual a los 300 euros.

Sin embargo, sí hay algunos cambios con respeto a la ley actual que no son positivos. Uno de ellos se refiere a los límites impuestos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos podían identificar a un ciudadano frente al texto aprobado por el PSOE en 1992.

Si el texto actual señalaba que para la identificación debía ser necesario que existieran indicios de haber participado en la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un delito, en el texto propuesto ahora por el PSOE se vuelve a la indefinición anterior, aunque ahora señalando que en la identificación se respetarán los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

En cuanto al derecho de reunión o manifestación, la propuesta del PSOE añade respecto a la ley de 1992, como sanción grave, la negativa a disolver manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la ley Corcuera –cuando constituyan delito según el Código Penal, cuando haya alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes, o cuando los asistentes lleven uniformes paramilitares—.

También añade la intrusión en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos si se produce una interferencia grave en su funcionamiento como falta grave.

Hasta diciembre de 2016, las sanciones impuestas a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana llegaron a las 285.000. Con ellas se recaudaron 131 millones de euros solo en ese año y medio en vigor.

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