Nicaragua
Feministas nicaragüenses denuncian un repunte de la violencia contra las mujeres tras las protestas de 2018

Un grupo de activistas cantó a escondidas el himno feminista de origen chileno ‘Un violador en el camino’ y abandonó el lugar de inmediato por si aparecían policías o paramilitares. M uchos colectivos han tenido que inventar prácticas de seguridad después de que más de un año de detenciones y amenazas a feministas, que denuncian un repunte de la violencia contra las mujeres.

Movimiento Feminista Nicaragua 1
El 'muro de la denuncia' de Matagalpa, ciudad del norte de Nicaragua. Paula Pof Yago Álvarez Barba

“Medio escondidas dentro de un centro comercial y abandonando el lugar de inmediato, antes que pudieran aparecer policías o paramilitares”. Así cantaron el ya reconocido himno feminista de origen chileno ‘Un violador en el camino’ un grupo de feministas nicaragüenses en Managua para denunciar las graves “violaciones de derechos humanos y torturas sexuales” en una campaña mantenida en el marco de la campaña mundial del 25 de noviembre Contra la Violencia para las Mujeres.

Después de más de un año desde las revueltas de abril de 2018, ser activista o feminista en Nicaragua sigue siendo “encachimbado” porque “las feministas somos las que hemos puesto el punto en la í aún estando en las luchas, sintiéndonos revolucionarias y habiendo estado muchas en la defensa de la revolución y la lucha de los 70 y 80”, apunta Leo Arguello, activista feminista de la radio comunitaria Ahora yo tengo la palabra en la ciudad de Matagalpa. “Ha cambiado todo nuestro mundo”, explica mientras señala la doble puerta de seguridad que han tenido que colocar en el local en el que llevan años realizando actividades, “ahora tenemos medidas de seguridad y rejas porque nos amenazan, vigilan y encarcelan”.

El boicot a las actividades del movimiento feminista en el país se mantiene y normaliza mientras aumentan los casos de violencias. “Toda la vida luchando contra el patriarcado y ahora se ha recrudecido, hemos atrasado cuarenta años”, explica Eva Molina, del colectivo de Mujeres de Matagalpa, haciendo memoria desde sus años de guerrillera sandinista. Aunque la justificación gubernamental es la inestabilidad política que vive el país desde abril de 2018, el movimiento feminista denuncia más de diez años de represión.

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Desde que salió a la luz el caso de Zoilamérica —hijastra del actual presidente y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega, a quien denunció por violación y abuso en 1998— se produjo una ruptura “con la persona-partido partido-persona que es ahora el Frente Sandinista porque nos posicionamos, cuestionamos, apoyamos, respaldamos y desde ahí se produjo un quiebre con los colectivos de mujeres y las feministas en general”, continúa Arguello. “Queríamos justicia aunque el perpetrador fuese el presidente de la República y el revolucionario, esperábamos que diera la cara, eso esperábamos aún las feministas ilusionadas con una revolución... Y no lo hizo, al revés, se escondió detrás de Arnoldo Alemán [entonces Presidente de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista con quien Ortega pactó para evitar el desafuero parlamentario] y se respaldó en la Chayo [nombre con el que se conoce a Rosario Murillo, madre de Zoilamérica, pareja de Ortega y actual vicepresidenta]”.

Más adelante, mientras el feminismo intentaba hacerse paso a codazos en la sociedad gracias al trabajo en las comunidades rurales, las campañas y actividades sobre diversidad sexual, acoso, violencias incluso en colaboración con las instituciones del Estado, su espacio fue reduciéndose en favor de dar más y más protagonismo a las posturas de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia, ya entonces omnipresente en los discursos de la vicepresidenta Murillo.

Así, en 2006, justo antes de que el FSLN ganara las elecciones y recuperara el poder, el Congreso nicaragüense aprobó por mayoría y con los votos del partido sandinista, una reforma del Código Penal que castigaba el aborto terapéutico, con sentencias de hasta seis años de prisión, sin excepción a embarazos de alto riesgo para la vida o salud de la mujer, malformaciones graves del feto, o casos de violación o incesto, incluso en menores de edad. Como justificación y confirmación del giro político tras esta votación Murillo declaró: “Somos enfáticos: No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino… El FSLN respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida”.

Desde el primer código penal en 1837 el aborto estaba parcialmente despenalizado en Nicaragua y este pacto, según denunció el movimiento feminista, ignoraba los derechos humanos -a la salud, a la vida- y civiles de las mujeres nicaragüenses, “si el pacto con iglesia y la derecha es un medio para alcanzar el fin revolucionario y ganar las elecciones, desde luego es a costa de las vidas de las mujeres”, declararon tras el cambio legislativo.

Posteriormente, gracias a la presión del movimiento feminista, en 2012 se impulsó el debate público sobre las violencias contra las mujeres y se aprobó la Ley 779 —Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres— que consiguió estipular y visibilizar, aparte de las violencias físicas, las violencias económicas y psicológicas que se enmarcan en la problemática de la violencia machista. Con esta normativa también nacieron las comisarías de la mujer (con capacitaciones de género en colaboración con los colectivos feministas) y las casas de la diversidad sexual, cuyo objetivo era generar espacios para desestigmatizar y defender los derechos de la comunidad LGTBI. Una victoria eventual, ya que pocos meses después desaparecieron las casas, quitaron las banderas moradas y arco iris, desmantelaron las comisarías de género, descafeinaron y retiraron partes de la Ley 779 y desde el Estado se agudizó una persecución y estigmatización de la lucha feminista de la mano de Rosario Murillo, quien atacaba con discursos y propaganda antifeminista “la distorsión del feminismo, la manipulación de sus banderas, la deformación de sus contenidos, la disposición de sus postulados para la Causa del Mal en el mundo es, indiscutiblemente, un acto de traición, alevoso y cruel, de los verdaderos intereses”.

Aumento de las violencias

Tras la llamada “crisis de abril” hubo un repunte de expresiones machistas y agresiones sexuales, siendo estas una práctica que buscaba desde la crueldad y la saña imponer un castigo por medio de la humillación, posesión y dominación a las disidencias políticas. “Los cuerpos de las mujeres son el campo de batalla y la recompensa con la que se sirven agresores y políticos”, declara Molina ante el incremento de feminicidios (van ya 60 este año), embarazos forzados de niñas y adolescentes o violaciones, muchas grupales y perpetradas durante los encarcelamientos de presas y presos políticos según el informe de Amnistía Internacional, ‘Sembrando el terror, de la letalidad a la persecución en Nicaragua’.

“Apareció otro cuerpo, ¿cuántos llevamos? Nos vamos preguntando. El miedo que tenemos es que se normalice de tal forma que ya no nos asuste el cuerpo de una mujer con signos de tortura, violación, estrangulamiento, cuchilladas o golpes en la cabeza, cuello y espalda”, lamenta Argueres. La militarización de las calles y la presencia de armas por los paramilitares ha aumentado la inseguridad y el acoso, “antes te podías enfrentar pero ahora no porque hay miedo y no sabes si es un paramilitar armado”, relata una joven activista de otro colectivo feminista, Las Venancias, que ha preferido no dar su nombre. “Esto te pasa por andar ganchoneando en la calle, es lo que andabas buscando, es lo que te dicen, porque ese es el castigo por ser una mala mujer” termina.

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Entre la persecución, el desmantelamiento de la Ley 779 y el “estado de sitio” han disminuido las denuncias . “Ahora no hay autoridad que valga, no hay policía que resguarde sino que son los propios policías los que violan, acosan o permiten, porque los que andan en la calle han sido armados por las propias autoridades, por lo tanto, si me entregás un arma hago lo que quiero: asalto, violo, robo, golpeo y asesino” continúa la activista. “Además, las zonas rurales están llena de asesinatos y mucha gente no se atreve a denunciar por miedo” denuncia Chow. El colectivo de Mujeres de Matagalpa visita mensualmente desde hace años diferentes comunidades rurales haciendo formaciones y trabajo con las mujeres, “ahorita hay una práctica en muchas zonas rurales alrededor de Matagalpa donde llegan los armados encapuchados por la noche, asaltan, roban las pertenencias, amarran a los hombres, violan a las mujeres, se van y amenazan: si hablan, si dicen algo, volvemos para quemarlos a todos aquí”, describe Molina. La violación de muchas mujeres ha sido no solo un acto que atenta individualmente contra su vida, cuerpo, y dignidad sino un mensaje simbólico con aleccionadores por razón de género. 

Articulación y resistencia feminista

Agresores, violadores, femicidas. El muro de la denuncia de Matagalpa, ciudad del norte de Nicaragua, señala con nombres y apellidos y los expone ante toda la ciudad. “Si no funciona la justicia legal que funcione la denuncia social”, argumentan desde el colectivo de Mujeres de Matagalpa, la idea del muro surgió hace cinco años como un mecanismo más de denuncia y protección -imitando la tradición de las pulperías, pequeñas tiendas de comestibles y ultramarinos, que históricamente apuntaban los nombres de los morosos en sus puertas- ante la situación de vulnerabilidad legal en la que se encuentran las mujeres.

Un ejemplo de desafío y desobediencia en un contexto donde, por el aumento de la represión, muchos colectivos han tenido que inventar prácticas de seguridad, cerrar sus puertas, esconder a sus compañeras o incluso exiliarlas, actualmente se contabilizan más de 88.000 personas exiliadas desde abril de 2018, según datos de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado octubre.

Mientras el Gobierno continúa con el estado de excepcionalidad, la propaganda antigolpista y antifeminista, las detenciones y el boicot a las actividades las activistas sostienen el movimiento y las campañas que pueden, muchas de ellas bajo el paraguas de ‘Articulación Feminista de Nicaragua’, movimiento amplio de organizaciones feministas de todo el país que el pasado 25 de noviembre volvió a denunciar a un “régimen regresivo que alienta y protege a los agresores y ejerce la violencia de Estado” en su pronunciamiento del día contra las violencias machistas.

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