Las peticiones de asilo de nicaragüenses marcan un récord histórico

“Las feministas venimos viviendo la represión de mucho antes, porque somos el único movimiento que se ha enfrentado de manera directa a este y otros gobiernos”, cuenta Norma Chavarría. Organizada desde muy joven en movimientos feministas —Casa de la Mujer de Paiwas, Grupo Venancia, grupos ambientalistas—, Chavarría explica que el Gobierno de Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, del FSNL, tienen marcadas a algunas organizaciones feministas desde hace tiempo. Dos hitos explican la antipatía del actual Gobierno hacia las feministas: las movilizaciones por el derecho al aborto —que el Gobierno criminalizó en 2006— y el apoyo a Zoila América, la hijastra del presidente, que acusó a su padrastro de abuso sexual.

Pero no es hasta julio de este año cuando las amenazas contra Norma Chavarría se vuelven concretas, y decide salir del país. “Agarran una foto mía y dicen que se me busca por ciberterrorista… y ya conocemos esta práctica: cuando comienzan a sacarte en las redes sociales, el próximo paso es que te llegan a buscar: a tu trabajo, a un plantón, a una protesta…”, explica a El Salto. 

La acusación de ciberterrorismo forma parte de la estrategia de un gobierno que Chavarría califica como “dictadura”: la Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que fue aprobada en julio ha sido denunciada por la ONU por criminalizar la protesta, al permitir calificar como terroristas a personas que ejerzan su derecho a protestar.

Con esa historia en la maleta, Norma Chavarría solicitó asilo en España. Es una de las 256 personas que lo ha hecho hasta mediados de agosto, según las cifras de la Oficina de Asilo facilitadas a este medio por el Ministerio de Interior. Aunque no ofrecen los datos desagregados por meses, un vistazo a las cifras totales de los años anteriores (31 en 2017, 20 en 2016, 9 en 2015 y 4 en 2014) deja pocas dudas sobre el papel que ha tenido en la represión en Nicaragua que estalló el 18 de abril de este año. 

Ese día, una movilización estudiantil que se originó por una reforma del sistema de seguridad social fue violentamente contestada por el Gobierno de Nicaragua. Aunque luego el gabinete de Daniel Ortega dio marcha atrás, las manifestaciones estudiantiles ya se habían expandido por todo el país y recibían apoyos de otros colectivos, convirtiéndose en un reflejo del malestar con el régimen de Daniel Ortega, del FSLN. Desde entonces, se calcula que hay más de 350 muertos y 2.000 heridos.

DOBLE AMENAZA

“En mi caso, tengo dos situaciones de amenaza, tanto por participar en las protestas como por parte de un hermano mío que está en la cárcel por ser un violador: yo lo denuncié, y él me ha advertido de que me va a ir a buscar cuando salga”, explica la activista. “Si me agarra la Policía, lo que nos espera a las feministas en la cárcel son violaciones múltiples y torturas”, dice.

Aunque en los movimientos feministas muchas jóvenes no vivieron en primera persona la dictadura de Anastasio Somoza, las veterenas reconocen bien las marcas de la violencia ejercida por el Estado. Y observan similitudes con las estrategias de ahora. “Hoy vemos que la dinámica de este Gobierno es como de copy paste del régimen somocista: es tu vecino el que te denuncia. Es triste ver cómo el mismo discurso que usaba Somoza se utiliza hoy”. 

¿Piensas volver?
Estoy aquí por seguridad, quiero volver. Pero muchas no nos podemos regresar mientras esté Ortega en el Gobierno.

¿Le queda mucho a este Gobierno?
No nos imaginábamos que iban a llegar a este grado de odio, de maldad. Pero ha perdido fuerza y legitimidad, y a nivel internacional se ha puesto en evidencia. 

Presión internacional

En España, la presión internacional se ha visto reflejada, por ejemplo, en la carta de defensa a la revuelta popular que apoyaron 300 militantes de partidos de izquierdas, académicas, periodistas y activistas.

Además, grupos feministas han recogido en las últimas semanas firmas de apoyo al llamamiento de la Articulación feminista de Nicaragua, que serán entregadas en los consulados nicaragüenses de varias ciudades y también en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación cuando finalice el periodo de recogida de firmas este viernes 21 de septiembre. 

El texto es una muestra de solidaridad con las feministas nicaragüenses “que vienen denunciando el carácter represivo y totalitario del Gobierno liderado por Ortega” y hace alusión a la impunidad de Daniel Ortega frente a la denuncia de su hijastra Zoila América por violencia sexual en 1998. 

También recuerda que en 2006 el FSLN liderado por Ortega penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia, y que cuatro años después desmanteló la Ley integral contra la violencia a las mujeres. 

El manifiesto denuncia, como hace Norma Chavarría, “la persecución contra integrantes del movimiento feminista” y pide al Gobierno del Estado español que actúe consecuentemente con su compromiso de defensa de los Derechos Humanos.

“En Nicaragua ya tuvimos una guerra y la gente sabe lo que es, por eso la revolución cívica está donde está, porque no queremos otra guerra, ni más muertes”, dice Chavarría, que ha decidido formarse mientras esté en España para poder colaborar en la reconstrucción de Nicaragua cuando regrese: “Tengo que estar preparada para trabajar con todas estas personas que están sufriendo cuando regrese, porquen el anterior proceso no se curaron las heridas de la guerra y si no las curamos estamos condenados a repetir la historia”.