Memoria histórica
Comienzan los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja en Sevilla

“¡Vamos a abrir la tierra!”, afirmaba Juantxo Aguirre, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de la exhumación, en un emotivo acto que marca el pistoletazo de salida de unos trabajos que acabarán, previsiblemente, en 2022. Visiblemente emocionados, familiares de las víctimas, azada en mano, comenzaban simbólicamente la retirada de la tierra que cubre los restos de quienes fuesen asesinados en 1936, durante los primeros días de la sublevación militar. Mientras, representantes del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación pedían paciencia para unos trabajos que pretenden exhumar y, si es posible, identificar los restos de los 1.103 cuerpos que, se supone, yacen en la fosa.

Pico Reja es una de las ocho fosas comunes que el Ayuntamiento de Sevilla reconoce en el cementerio de San Fernando. De las ocho, en seis habría personas represaliadas por los sublevados, tanto durante como después de la Guerra. Pero Pico Reja es un caso emblemático para la memoria histórica en Andalucía porque muestra material de la violencia con la que se ejecutó el golpe de estado, así como la estrategia de exterminio llevada a cabo por sus protagonistas, y que incluyó el asesinato sistemático de personas “peligrosas” para sus intereses, como el propio Blas Infante, cuyos restos podrían encontrarse, precisamente, en Pico Reja.

Recogida de muestras de ADN a los familiares

El proyecto para la exhumación lleva aprobado desde finales de 2017, antes del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, pero el procedimiento ha sido lento y hasta diciembre de 2019 no se ha dado luz verde para que empiecen los trabajos sobre el terreno y, cuando sea posible, de identificación. Representantes del Ayuntamiento y la sociedad de ciencias Aranzadi (que llevará a cabo la exhumación) han explicado la complejidad de realizar los trabajos en un espacio de uso público, así como la dificultad que conlleva la posterior identificación de los restos. El Laboratorio Municipal, junto al Área de Memoria Histórica (de la Delegación de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos), ha organizado recogidas de muestras de ADN a familiares que piensen que sus parientes pueden encontrarse en el cementerio de San Fernando. No obstante, desde Aranzadi subrayan también el simbolismo colectivo de la exhumación, el significado de que al “sacar a uno se saca, en cierta forma, a todos”, porque en ocasiones es imposible extraer ADN de los cuerpos o encontrar un descendiente directo

Pero en el caso de las personas que sí puedan ser identificadas, como señalan los técnicos, sus muertes (y la forma en que se produjeron) se convertirán en datos oficiales, aunque con más de ocho décadas de retraso. Debido a la carencia de registros escritos, muchas de las 57.413 personas asesinadas por el bando franquista en Andalucía son “desaparecidas forzosas”, ejemplo de una de las formas de opresión que utilizó la dictadura: contra los familiares por privarles de un duelo adecuado y también contra las víctimas, por negarles su condición. En palabras de Walter Benjamin: “tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si este vence”.

Más de un millón de euros de presupuesto

El proyecto para la exhumación estima una duración de cuatro años (2018-2022) y un presupuesto de 1,1 millones de euros. Tendrá una financiación pública en la que participará de forma mayoritaria el Ayuntamiento (con 680.000 euros), la Diputación Provincial (265.000) y la Junta de Andalucía (265.000). Representantes del Ayuntamiento han manifestado, desde la aprobación en 2017, una firme voluntad de abrir la fosa de Pico Reja, pero hasta ahora no habían determinado su procedimiento.

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El golpista Gonzalo Queipo de Llano comandó a sangre y fuego la rebelión fascista en suelo andaluz dejando, al menos, 45.566 ejecutados arrojados a 708 fosas comunes.

La actual Junta de Andalucía, que no participó en el acto del sábado, ejecuta así un proyecto aprobado por el anterior gobierno sin, al menos, hacer demasiado ruido político. Quizás sean conscientes de que la negativa a las exhumaciones reabre una herida más profunda que la que, para algunos, se abre al llevarlas a cabo. Parafraseando a Aleida Assmann, “los muertos deben ser dispuestos para descansar, porque de otra forma alterarán la paz de los vivos y harán peligrar la sociedad del bienestar”.