Memoria histórica
Las 30.000 cuentas pendientes con el franquismo de las que el Gobierno no ha hablado

En la semana en que se cumplen 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar ha querido dar un empujón a la Ley de Memoria Democrática (2020) con distintos anuncios. Heridas abiertas como la presencia del llamado Valle de los Caídos, en Cuelgamuros (Madrid) han querido ser cerradas con un anuncio sobre su resignificación y conversión en lugar de memoria que aun no tiene fecha, pero que ha vivido un avance con la selección de un plan.

El lunes, tras el Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática de España anunció también la promulgación del decreto para “la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. Además, se termina el plazo para el expediente de cierre de las fundaciones ligadas a la memoria de los exterminadores involucrados en el golpe de Estado y la represión en el periodo de 1939 a 1978.

El objetivo del catálogo sobre símbolos es la creación de una Comisión Técnica, formada por quince personas, que proponga la eliminación de escudos, insignias o placas en vías o edificios públicos, así como referencias en topónimos o callejeros. En la actualidad, siete localidades, entre las que se encuentran Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y San Leonardo de Yagüe (Soria), han saboteado los intentos de cumplir con la eliminación de la referencia a golpistas, pero la presencia de calles, escudos y placas se extiende por casi todo el territorio. Según declaró Torres el miércoles 18, el cómputo actual es de 4.000 vestigios, muchos de ellos en edificios públicos y religiosos. 

Pese al anuncio, la realidad es que la retirada de estos símbolos ya estaba contemplada en el artículo 15 de la Ley de Memoria promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como recuerda Emilio Silva, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH): “Desde el 27 de diciembre de 2007, que es el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de la Memoria hemos tenido 11 años de gobierno del PSOE, siete años de gobierno del PP y ahí sigue el Arco de la Victoria, muy cerquita del Palacio de la Moncloa, resistiendo”. El Gobierno, resume Silva, “podía haber quitado esos símbolos tranquilamente, pero ahora lo que tenemos es un catálogo”.

Compromís obtuvo la información sobre las cuentas de las fundaciones golpistas y franquistas de los ejercicios de 2017 y 2018, pero desde 2020 el Gobierno ha cerrado el grifo

El exsenador de Compromís, Carles Mulet, implicado en las demandas al Gobierno en materia de memoria histórica es, asimismo, muy crítico con el PSOE y lo que considera una instrumentalización de las políticas de reparación. Mulet abunda en que ya había amparo legal con la ley de 2007 para exigir la retirada de esos símbolos y que medidas como la retirada de los restos de Franco del mausoleo en la sierra madrileña o del cadáver de Gonzalo Queipo de Llano han coincidido con periodos electorales o necesidades particulares del partido en el Gobierno, y no se han llevado a cabo con “rigor y diligencia”, reclama.

Urtasun apunta a las fundaciones

El miércoles, Ernest Urtasun, añadió por su parte la información de que, además del proceso seguido contra la fundación con el nombre del dictador (Fundación Nacional Francisco Franco, FNFF), otras cuatro fundaciones están bajo el radar del ministerio de Cultura. Son la Fundación Serrano Suñer, la Fundación Jose Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar y la Fundación Proinfancia Gonzalo Queipo de Llano. Se trata de cuatro fundaciones con una vida pública y social limitada, con escasos registros financieros y, en algunos casos, ni siquiera una página web actualizada. 

Como representante de las cortes valencianas en el Senado, Mulet requirió la información contable de estas fundaciones, en un esfuerzo que tuvo su premio pese a las reticencias del Gobierno y le permitió comprobar que, en el caso de la mayoría de estas fundaciones —no la del dictador— incumplían con un precepto básico de la Ley de Fundaciones, como es el de presentar sus cuentas. Eso solo, indica, habría bastado para que se abriese el expediente de cierre. Compromís obtuvo la información de los ejercicios de 2017 y 2018, pero desde 2020 el Gobierno ha cerrado el grifo y su grupo no ha tenido acceso a la información pública que deben aportar estas fundaciones. 

Quien dona a las familias Franco, Queipo o Piñar a través de estas fundaciones cuentan con una suerte de subvención indirecta por parte del Estado

Para Silva, la herramienta para cerrar las fundaciones de exaltación de personajes o hechos que supongan vulneraciones de los derechos humanos no es una ley de memoria sino una reforma en la propia Ley de Fundaciones que incluya esa disposición de veto. ”No tiene sentido personalizar”, explica este experto, ya que “si mañana se juntan los Yagüe, los Franco y los Queipo y hacen otra Fundación, podría ponerse a funcionar”. En opinión de este experto, la inclusión del articulado en la Ley de Fundaciones permitiría que la resurrección de estas fundaciones no dependa de lo que hagan los siguientes gobiernos con la ley de memoria democrática o que, al menos, haya un coste político en la reforma de la normativa que regula las fundaciones.

Y es que, además de lo simbólico, hay una motivación económica. Las donaciones permiten a la persona física aplicarse una deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del 75% del donativo en los primeros 150 euros y del 30% a partir de 150 euros. De este modo, quien dona a las familias Franco, Queipo o Piñar a través de estas fundaciones cuentan con una suerte de subvención indirecta por parte del Estado, que deja de recaudar hasta tres cuartas partes del dinero aportado. “Un trato de favor”, explica Silva, que no se ha remediado en los siete años de Gobierno socialista y de coalición.

Mulet critica que se permita a estas fundaciones la desgravación de impuestos “que no llegarán a las arcas públicas, pero que se han dedicado a financiar este tipo de entidades que evidentemente humillan y atentan contra las víctimas”.

La medida de ilegalización, que se encuentra actualmente en fase de alegaciones, es una vieja conocida de las asociaciones memorialistas. En 2017, el secretario de justicia del PSOE, Andrés Perelló, avanzó que se prohibirían “todas las fundaciones que hagan apología del franquismo y del fascismo”; esa medida estaba en la hoja de ruta que presentó el presidente de Gobierno a los medios de comunicación en 2018. Ya con Sánchez en el Gobierno, el Parlamento Europeo votó una resolución que instaba a la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, pero no fue hasta 2024, en la segunda legislatura, cuando se iniciaron los trámites.

El pasado viernes, 14 de noviembre, Urtasun anunció que el Gobierno había dado cinco días para que la fundación de los Franco presentara alegaciones ante el inicio del proceso para su extinción. El lunes 24 vence el plazo para ese recurso y, después, está previsto que comience el proceso judicial para la extinción. En todo caso, la decisión final corresponderá a un Tribunal “porque el Gobierno no ha querido cambiar la Ley de Fundaciones”, sentencia Silva.

Los archivos de los Franco

Durante su comparecencia, ni Urtasun ni Torres hablaron de otros de los puntos señalados por las asociaciones: los fondos del archivo de los Franco que, en este caso, se añaden a los que atesora la familia Serrano Suñer en su fundación. En el primer caso, un catálogo de la propia familia publicado en su página web de casi 1.400 páginas explicita que hay hasta 30.000 fondos archivísticos que tratan de la Historia de España y que, en su mayor parte, se corresponden al ejercicio de la jefatura de Estado por parte de Franco. Por la Ley de Patrimonio Histórico, los papeles de ese archivo son de propiedad pública, pero hasta ahora no ha habido anuncios sobre su restitución. Ni Torres ni Urtasun se refirieron a ello en las declaraciones de esta semana.

En 2018, en respuesta a una pregunta de Carles Mulet, el Gobierno anunció que exigiría a la FNFF la devolución de esos archivos, pero siete años después no ha habido noticia. Las organizaciones de la memoria hablan sin ambages de robos y expolio de documentación que debe ser puesta en manos del público y que historiadores e investigadores han reclamado durante años sin éxito. “No me consta que hicieran ningún tipo de acción, dejaron que corriera el tiempo y en ningún momento se comunicó que hubieran requerido a la fundación a que lo devolviese a los fondos públicos”, explica Mulet.

“En el 99% de los archivos que tiene la Fundación Franco, el emisor y el receptor es el Estado, por lo tanto son propiedad del Estado”, detalla Silva, “nosotros denunciamos el caso ante la Fiscalía. La Fiscalía se lo mandó al Ministerio de Cultura y nosotros nos quejamos ante la Fiscalía porque para hacer de mensajeros no vamos a una Fiscalía, vamos para que haga lo que tienen que hacer los fiscales”, explica.

Ángel Víctor Torres reconoció que se han recuperado 8.941 cuerpos en esas labores de exhumación, pero que solo se han identificado a 70 de esas víctimas

El presidente de la AMRH valora una “amabilidad con esa familia [los Franco] un poco patológica”, por parte del Gobierno, que se ha hecho explícita en varios momentos, como los permisos de exhumación para que se portase a hombros el féretro del dictador y que se trasladara a otro lugar de titularidad pública, en el cementerio de Mingorrubio (Madrid).

A juicio de Emilio Silva, el Gobierno tiene otro debe con las familias de los represaliados por el régimen de Franco. Aunque tras la Ley de Memoria Democrática de 2020, el Ejecutivo ha sufragado las exhumaciones de miles de personas e iniciado el proceso de apertura de fosas con las víctimas de las ejecuciones sumarias, la contabilidad de las identificaciones ha sido escasa. En su comparecencia, Ángel Víctor Torres reconoció que se han recuperado 8.941 cuerpos en esas labores de exhumación, pero que solo se han identificado a 70 de esas víctimas. Un dato que Silva considera pobre. Sin subvenciones ni ayudas públicas, organizaciones como la ARMH y otras asociaciones han identificado a más de 700 víctimas en los últimos años.