Melilla
Colectivos recuerdan la ilegalidad de las devoluciones en caliente tras la muerte de una persona en un salto a la valla de Melilla

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide coherencia al Gobierno de Pedro Sánchez y recuerda que las devoluciones en caliente son ilegales tras la entrada de 200 personas en un salto a la valle. La Delegación de Gobierno asegura que la muerte se produjo por una parada cardiorespiratoria.

salto valla Melilla 2
Salto de la valla de Melilla en octubre de 2014. Robert Bonet

Una persona ha muerto hoy tras saltar la valla de Melilla en un salto colectivo en el que tres personas han resultado heridas y unas 200 han conseguido acceder a la ciudad autónoma. La Delegación de Gobierno ha asegurado en nota de prensa que un total de 300 personas ha tratado de acceder a Melilla sobre las 9h por la zona de Rostrogordo.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha explicado que agentes de la Guardia Civil detectaron a cuatro personas heridas en las inmediaciones del Pantano de las Adelfas de la ciudad en una inspección ocular. Una de ellas, dice la nota oficial, se encontraba tumbada en el suelo, inmóvil, por lo que se ha llamado a asistencia sanitaria. “Después de 40 minutos intentado reanimarlo, lamentándolo mucho no se ha podido hacer nada por su vida”, ha explicado Moh. La persona fallecida es un varón y a la espera de los informes de la autopsia, todo indica que se ha tratado de una parada cardiorrespiratoria.

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De los migrantes que han accedido a Melilla, 19 personas han sido trasladas a Urgencias, según Moh, por heridas leves tales como cortes y alguna fractura y algunos ya han sido dados de alta.

Una vez producido el acceso, se ha activado el protocolo habitual, según la Delegación, y se han montado dos dispositivos policiales, uno en Jefatura y otro en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para proceder a la filiación de los migrantes y detectar si entre el grupo hay o no algún menor, tras lo que se les dará asistencia letrada.

En alerta

Tras tener conocimiento el salto de esta mañana, colectivos por los derechos de las personas migrantes han recordado al ejecutivo de Pedro Sánchez la ilegalidad de las devoluciones en caliente, una práctica por la que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Federación SOS Racismo, Emergencia Frontera Sur, Iridia o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han recordado que este tipo de devoluciones “son ilegales y vulneran los derechos humanos”.

Carlos Arce, coordinador del área de migraciones de APDH, recuerda que “los antecedentes [la devolución alegando que se trataba de casos individualizados] y las declaraciones institucionales desde el Gobierno que apuntan a un cambio de discurso para apoyar las devoluciones en caliente forman un pack que nos hace ponernos en alerta”.


Arce recuerda que el mismo Pedro Sánchez que se comprometió a acabar con las devoluciones en caliente mientras estaba en la oposición, ahora las apoya. “Nosotros lo seguimos teniendo tan claro como lo tenía el PSOE cuando estaba en la oposición: las devoluciones en caliente vulneran el principio de no devolución, la convención de Ginebra, el convenio europeo de Derechos Humanos que prohíbe las devoluciones colectivas y el propio texto constitucional, por ejemplo en materia de tutela judicial efectiva”.

Sobre las circunstancias en las que se ha producido la muerte de una persona en el salto, Arce asegura que no tienen información que les lleve a pensar nada que difiera de la versión oficial. Sin embargo, recuerda que, pese a que lo saltos se presenten como sucesos violentos en los que las fuerzas de seguridad son retratadas como víctimas, “los hechos muestran que los muertos y heridos de mayor gravedad siempre están de un lado”. La nota de prensa de la Delegación destaca que seis agentes de la Guardia Civil han sufrido alguna herida leve y no han requerido asistencia sanitaria.

Fronteras internas
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Más de cien mil personas han firmado para que se solucione la situación de 200 menores que no han sido escolarizados por la maraña burocrática que les impide estar empadronados o tener el permiso de residencia pese a haber nacido en la ciudad.

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