Kafka en Melilla: 200 niños y niñas nacidos en la ciudad son excluidos de las escuelas públicas

Quieren ser policías, veterinarias, doctores, profesoras. Son 200 niños y niñas de Melilla, de edades entre los ocho y los 16, que no ven reconocido su derecho a estudiar a pesar de que en su inmensa mayoría han nacido en la ciudad autónoma. Hoy, 24 de marzo, a las 11 de la mañana, una delegación encabezada por la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) va a entregar cien mil firmas en el Ministerio de Educación para garantizar su escolarización y que se termine el proceso kafkiano que les impide ir a clase.

“Son chavales nacidos aquí, los padres de muchos de ellos también han nacido en la ciudad”, explica José Palazón, portavoz de Prodein, “otros llevan años. Un ejemplo, dos de las madres llevan 30 y 32 años en la ciudad”, explica este activista. A pesar de que están “imbricados en la vida de Melilla”, el Ministerio y el Ayuntamiento son responsables al alimón de que no puedan entrar en las escuelas. En la mayoría de los casos son chicos y chicas de ocho años que ya han perdido un par de cursos por culpa de esta situación.

El proceso es una “pescadilla que se muerde la cola”. Las familias van al Ministerio de Interior para solicitar un permiso de residencia, permiso para el que necesitan un certificado de padrón, para lo que se dirigen al Ayuntamiento donde —para darles el padrón— les piden… un certificado de residencia.

Las escuelas solo admiten la escolarización de menores empadronados, pero las familias de estos 200 chicos y chicas viven en un limbo pese a que Sanidad sí les reconoce el derecho a los servicios de salud. Cuando lo solicitan, un técnico o un trabajador social hace una pesquisa mínima —comprobar que la residencia declarada es la real— y se les da una tarjeta válida en los centros de salud de la ciudad.

Pero en el caso de educación “se limitan al padrón, un papel imposible de conseguir para ellos”, explica Palazón. Al negarles este derecho se contraviene la legislación española e internacional, que garantiza el derecho a una educación independientemente del país de origen de niños y niñas. Son los últimos eslabones de una cadena que forman casi diez mil personas, casi una décima parte de la población total de la ciudad, "haciendo los trabajos más duros, los peores pagados, limpiando casas, contrabando, trabajando donde nadie quiere trabajar", sin derecho a entrar en las estadísticas oficiales de población, explica Palazón.

Reclamaciones que vienen de lejos

La situación no es nueva. En los gobiernos de José María Aznar se llevó a cabo una reivindicación semejante. En aquella ocasión, otros 200 menores fueron escolarizados tras las protestas. Con José Luis Rodríguez Zapatero, 50 criaturas protestaron junto a sus familiares y un grupo solidario durante varios meses. Un día, la policía les pidió que dejaran la concentración: iban a ser escolarizados.

En 2018, la situación se ha extendido durante los últimos siete meses, y sigue sin haber respuesta. Palazón explica que se han concentrado —otra vez, con los propios niños y niñas, con las madres y los padres— en la puerta de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Melilla, en la puerta de la Fiscalía, en la puerta de la Delegación de Gobierno. Pero de momento solo han encontrado “insensibilidad” por parte de los cargos electos. "Ellos son los antisistema número uno, hay que recordarles la ley para que la cumplan, para eso cobran", dice Palazón en referencia a las autoridades políticas de una ciudad gobernada por el PP a través de Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma.

A las 11h de esta mañana, está previsto que Prodein entregue las cien mil firmas obtenidas en Change.org en el Ministerio de Educación. Un acto para el que los menores no han podido viajar a la península. Aunque en su inmensa mayoría son nacidos en Melilla —lo que les daría automáticamente la nacionalidad española— es un riesgo para ellos, así que el acto se repetirá la semana que viene en la ciudad africana, con la entrega de las firmas por parte de las madres y los niños y niñas en la Fiscalía y la Delegación de Gobierno. Esta semana se abre el plazo de escolarización, y la sociedad civil melillense no está dispuesta a que el apartheid educativo se extienda otro curso más.