Málaga
62 familias serán desahuciadas en Manilva, Málaga, en plena alerta por borrascas

Se escucha jaleo en una casa de Calle Sarmiento. La puerta permanece abierta y no deja de entrar y salir gente. María va del salón a la cocina preguntando quién quiere café y sirviéndolo a sus vecinas. La sala de reuniones es el salón de María, allí se arrejuntan, una vez más, para organizar los próximos pasos y tratar de evitar ser expulsadas de sus casas por un fondo buitre. Fuera, el viento y la lluvia repiquetean con fuerza los cristales de la ventana en plena alerta meteorológica que asola Andalucía. Dentro, la angustia es otra, en los próximos días 62 familias podrían quedarse en la calle. 

Entre el 10 y el 12 de febrero está previsto el desalojo de 62 viviendas de la calle Sarmiento, en Manilva (Málaga), que afectará a más de 300 personas. Casas habitadas desde hace más de una década por familias que creían estar protegidas por contratos de alquiler, vecinas con menores, personas mayores, enfermas y dependientes. Durante tres días. Sin concreción sobre qué familia será desalojada y cuándo. Sin alternativas habitacionales. Sin que los servicios sociales intervengan en el lanzamiento.

“No estamos hablando de 62 personas, estamos hablando de un pueblo”, dice María Martín, vecina de toda la vida de Manilva. 

“No estamos hablando de 62 personas, estamos hablando de un pueblo”, dice María Martín, vecina de toda la vida de Manilva. “Aquí han nacido mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. No va a venir ahora un fondo buitre a echarnos de nuestro pueblo”. El sonido del viento se cuela por las ventanas mientras María enseña fotos del estado en el que estaban las viviendas cuando llegaron: pisos sin luz, sin agua, sin ventanas, prácticamente en estructura.

Un origen marcado por la irregularidad

La licencia de obra de los bloques fue concedida en 2004 y la construcción se finalizó en 2007. Sin embargo, según denuncia Juan José Sánchez, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Chiclana, “el Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación sin que la constructora Manilva Sol y Golf S.L  hubiera cumplido los requisitos urbanísticos exigidos por la normativa. Solo se abonó alrededor del 40 % de las tasas, cuando la norma exige el pago íntegro”. El propio consistorio ha reconocido posteriormente irregularidades en el proceso. “Por tanto, todo lo que viene después –la división horizontal, la inscripción registral, los alquileres– se construye sobre una base irregular”, subraya Juan José.

Las viviendas comenzaron a alquilarse años después bajo contratos firmados con la promotora Satek en 2015, que incluía una cláusula de alquiler con opción a compra. La renta el primer año comenzó siendo 50 euros al mes, pero las familias debían asumir la rehabilitación de unas viviendas que se encontraban abandonadas durante años.

Rosalba Negrete fue una de las primeras en firmar. Lleva 11 años viviendo en el bloque. “No había luz, ni agua ni ascensor, no había nada” recuerda. Rosalba, que se desplaza en silla de ruedas tras sufrir un ictus, se pregunta qué va a ser de ella si llega el desalojo. “Todos los políticos se han hecho los locos, pero sabían lo que estaba pasando”, comenta.

En 2017, la empresa cambió la denominación social a Lunix. Se firmaron nuevos contratos a cinco años en los que desapareció la opción a compra y el alquiler subió a 230 euros mensuales. Años más tarde, en 2023 sin que las inquilinas fueran informadas, la finca salió a subasta y quedó desierta. Fue entonces cuando un fondo adquirió la deuda, que había pasado previamente por varias entidades bancarias, hasta acabar en manos de Spv Reoco 3 S.L, un fondo de inversión extranjero que se convirtió en titular. 

Mientras las inquilinas no tenían conocimiento de esta operación, la administradora de la promotora con la que tenían los contratos les informa de que esos contratos no se renovarán más y finalizarían en 2024 sin dar ningún tipo de explicación. 

Nadie fue informado de cambios de propietario hasta que llegó la primera notificación del juzgado. La documentación aportada para demostrar la vigencia de los contratos no fue reconocida por la jueza, dejando a las familias fuera del proceso y sin posibilidad real de defensa. “Poco después nos enteramos que habían comprado los pisos por unos 14.000 euros cada uno y dijeron que nos los vendían por 200.000. Y si no, que entregáramos la llave”, relatan las vecinas.

Aún así las inquilinas intentaron seguir pagando, “abrieron una cuenta en el juzgado para seguir pagando la renta, y a los veinte días el juzgado la cerró”, denuncia Rosa Galindo, de un Techo por Derecho. 

El procedimiento judicial de ejecución hipotecaria por parte de Spv Reoco S.L. se dirige formalmente contra la empresa constructora y promotora, Manilva Sol y Golf S.L. “El procedimiento se dirige contra una empresa ya extinguida, mientras las familias quedan fuera y sin capacidad real de defensa”, denuncia Juan José, de la PAH.

“Yo vivía aquí pensando que era algo seguro. He trabajado, he pagado, he hecho todo como la ley manda. Ahora que la ley debería protegerme, está amparando a los grandes inversores”, expone Laura Constanza, vecina afectada.

Laura es una de esas personas. Al entrar en su casa vemos que parte de la persiana se ha quedado atascada por el viento. Después pone agua a hervir para prepararse un mate, una costumbre que trajo consigo desde Argentina. Vive en el piso desde 2019, antes vivía su madre desde 2015, pero se marchó para trabajar en Ibiza. “Este piso se lo dieron a mi madre cuando buscaban familias para poner en condiciones las viviendas”, explica. “Yo vine aquí embarazada de mi hija Lucía, y la tercera nació aquí también”.

Tiene tres hijas de 15, 6 y 3 años. Es víctima de violencia de género y cuenta con certificado de vulnerabilidad. Aun así, no ha encontrado amparo. “He ido a servicios sociales y me han dicho que lo sienten mucho, pero que no pueden hacer nada”.

La situación la ha desbordado. “Estoy de baja médica, yendo al psiquiatra y al psicólogo. Esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mis niñas es insoportable”. Laura trabaja como auxiliar administrativa. “Yo vivía aquí pensando que era algo seguro. He trabajado, he pagado, he hecho todo como la ley manda. Ahora que la ley debería protegerme, está amparando a los grandes inversores que compran pisos y se llevan ganancias que son catorce veces más de lo que ellos pagan, en vez de tener en cuenta los intereses de las familias que formamos el pueblo”. Existe también otra parte silenciosa, “hay mucha gente que tiene miedo”, explica Laura. “Muchas son personas migrantes, que tienen miedo a exponerse”.

Un problema estructural que va más allá de Manilva

Para el Sindicato de Inquilinas de Málaga, lo que ocurre en Manilva no es un caso aislado. “Durante mucho tiempo pareció que el problema de la vivienda era exclusivo de los grandes centros urbanos”, señala Carmela Olmedo, portavoz del sindicato. “Pero casos como este demuestran que golpea con fuerza a municipios más pequeños, especialmente en zonas de la Costa del Sol donde se concentran grandes operaciones urbanísticas”. En los últimos años el precio de la vivienda en la costa de la provincia de Málaga ha aumentado exponencialmente. La localidad de Manilva ha resultado afectada con el incremento de más de un 20% en el precio del m2, según datos recogidos en el último trimestre de 2025 en el Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía, elaborado por Gloval.

“Los lanzamientos se pueden parar y las instituciones tienen margen de actuación, pero no lo están activando”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Málaga.

El sindicato denuncia la inseguridad jurídica generada por una orden de lanzamiento que no individualiza fechas ni situaciones, así como la falta de negociación y la ausencia de soluciones reales. Ante esta coyuntura, la principal reivindicación que tienen es clara, “que se pare el lanzamiento y que ninguna familia se quede en la calle”.

“Un albergue durante unos días no es una solución. Esto es una cuestión de voluntad política. Los lanzamientos se pueden parar y las instituciones tienen margen de actuación, pero no lo están activando”, insisten desde el sindicato.

También ponen el foco en el papel de los fondos de inversión. “La acumulación de vivienda en manos privadas se está dando en este tipo de fondos”, explican, cuya finalidad es la explotación urbanística del inmueble. Frente a las personas que habitan las viviendas, señalan la despersonalización de estos actores económicos, ajenos al territorio y a las consecuencias sociales de sus decisiones.

En el pleno del pasado 5 de febrero del Ayuntamiento de Manilva, se trató la situación de emergencia que viven las 62 familias de Manilva como el primer punto del día, y estalló la tensión. Las vecinas de calle Sarmiento 2 se presentaron para exigir una respuesta ante la ejecución hipotecaria prevista para los días 10, 11 y 12 de febrero. Laura ejerció como portavoz y manifestó la situación. Varias vecinas expusieron sus casos concretos con indignación e impotencia, y reclamaron al Ayuntamiento la falta de implicación desde que se conocen los desalojos. Después, María Martín tomó la palabra y preguntó al alcalde, Mario Jiménez, por la declaración de emergencia humanitaria que plantearon como posible vía para frenar los desahucios.

La respuesta fue negativa. Según explicó el alcalde, los servicios jurídicos del Ayuntamiento no consideran que exista emergencia humanitaria. Finalmente, los grupos políticos aprobaron una declaración de “emergencia habitacional y social”, un posicionamiento que las vecinas consideran claramente insuficiente ya que en la práctica no ofrece soluciones concretas.

El alcalde también señaló que el Ayuntamiento no tiene capacidad presupuestaria para adquirir los inmuebles. Desde la Diputación Provincial se aclaró que los servicios sociales no intervendrán en el lanzamiento al tratarse de una ejecución hipotecaria y no de un desahucio como tal, aunque sí se han emitido 29 informes de vulnerabilidad de los 33 solicitados. “A algunas familias les ha costado muchísimo que les den el certificado, teniendo una vulnerabilidad de libro”, denuncian desde un Techo por Derecho. “Los empadronamientos tampoco se han facilitado; ahora, a última hora y por la presión, sí”.

Durante el pleno se anunció una reunión con la propiedad para intentar negociar una moratoria, con la asistencia de una portavoz de las familias, incorporada tras la presión popular. Sin embargo, el encuentro previsto del pasado 6 de febrero no llegó a celebrarse, la parte propietaria no acudió y rechazó también la posibilidad de celebrarlo de forma telemática. La ausencia fue interpretada como un nuevo portazo a la negociación y aumentó la incertidumbre de las 62 familias. 

Ante la negativa del fondo, el alcalde se ha comprometido a personarse esta mañana en el Juzgado  nº 1 de Estepona, que instruye el procedimiento, para intentar hablar con la jueza, como último recurso. 

Desde Un Techo por Derecho critican duramente la actuación judicial. “La jueza no está teniendo en cuenta el interés superior del menor, que está recogido en todas las leyes”, denuncia Rosa Galindo. “Hay un montón de niños allí y esta señora se olvida de ellos”

Si nada cambia, mañana 62 familias perderán sus casas. Familias que llevan más de una década de vida en el barrio se han visto envueltas en una cadena de irregularidades urbanísticas, especulación financiera y desprotección institucional que ha pesado más que su derecho a quedarse.

Desde el sindicato de inquilinas de Málaga y otros colectivos sociales, han llamado a la movilización mañana día 10 de febrero a las ocho de la mañana en calle Sarmiento 2, en Manilva, cuando comiencen los lanzamientos. “Al final”, concluye Laura, “van a hacer que todos los pueblos cerca del mar acaben siendo solo lugares vacacionales. Y eso es profundamente injusto”.