Madrid
Tribulete 7, el bloque que plantó cara al fondo Élix para defender sus viviendas, en la recta final de su lucha

En Lavapiés comparten cotidianidad dos mundos antagónicos. Por un lado, el mundo de los espacios culturales modernos, las galerías de arte contemporáneo, los apartamentos turísticos y los cafés de especialidad que poco a poco han colonizado las entrañas del barrio. En el otro extremo, aquel donde convive una ciudadanía madrileña y migrante precarizada y a menudo estigmatizada, víctima de una crisis habitacional que no parece tener límites. En una urbe que expulsa sin piedad en pro del lucro de unos pocos, sostener el pulso de la vida y permanecer con normalidad en el territorio constituye un acto político.

El “bloque en lucha” de Tribulete, 7 es uno de esos pequeños grandes focos de insurgencia colectiva contra un modelo triturador de ciudad y de vida. Un vecindario con tres años de autoorganización que se ha decidido a mirar cara a cara y sin titubear a uno de los grandes fondos de inversión internacionales: la socimi Élix Rental Housing II —propiedad de la familia de Esperanza Aguirre—. En febrero de 2024, el fondo buitre compró la totalidad del bloque, negándose a renovar los contratos de las inquilinas y notificándolas su voluntad de expulsarlas. Aquel momento marcaría el inicio de una ardua carrera por, sencillamente, seguir viviendo tranquilamente en su casa.

A día de hoy, Élix sigue inventando fórmulas legales y alegales para conseguir echar a las inquilinas, pero ha encontrado una resistencia estoica sostenida que nadie imaginaba. La historia de Tribulete es, pues, la de una comunidad vecinal que se forjó por la necesidad de combatir a un enemigo común y, a día de hoy, continúa unida frente a la barbarie del rentismo. De las 52 familias que vivían en el edificio en el momento de la compra, 15 de ellas permanecen todavía pese a las amenazas continuadas de la propiedad. Porque, aseguran, su lucha va más allá de objetivos individuales. Se trata en última instancia de defender a capa y espada el derecho a la ciudad por encima del lucro de unos cuantos bolsillos.

De las 52 familias que vivían en el edificio en el momento de la compra, 15 de ellas permanecen todavía pese a las amenazas continuadas de la propiedad

Desde el principio supieron que se enfrentaban a un gigante: “AltamarCAM y su socimi Elix Rental Housing II pretenden replicar el negocio que ya explotaron al máximo con su anterior proyecto Élix Vintage, a través del cual adquirieron 22 bloques en Madrid y Barcelona. Tras desahuciarlos enteros, un total de 421 viviendas, los renovaron y volvieron a vender a un precio mucho más alto en menos de cinco años”, alertaba el Sindicato de Inquilinas sobre el historial especulativo de este fondo buitre internacional.

Para conocer en qué punto actual se encuentra su lucha hay que echar la vista atrás, concretamente a noviembre de 2024, cuando comienzan las obras que convertirían la vida de las inquilinas en un infierno: con el fin de precipitar silenciosamente la salida de las vecinas, la propiedad ordenó una serie de obras todavía en curso que han constituido formas de hostigamiento colectivo. Aquello no se trataba de una idea nueva, sino de la táctica habitual en los bloques comprados por buitres —conocida como mobbing inmobiliario— para desahuciar con la mayor celeridad posible ahorrándose procedimientos judiciales.

Entre tabiques derribados, casquetes desprendidos por los rellanos y materiales de obra haciendo el espacio casi inhabitable transcurrieron los días hasta que finalmente el bloque plantó cara a Élix en los juzgados: el 22 de mayo de 2025 presentaron la primera querella colectiva de España por acoso inmobiliario y coacciones en vivienda habitual, acompañadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

La admisión a trámite supuso entonces un hito histórico en la justicia española, sentando por primera vez en el banquillo a un fondo buitre tras una demanda colectiva por estos delitos. No sería descabellado pensar en una posible victoria inquilina, al fin y al cabo, otras vecinas ya lograron en 2021 doblegar al titán inmobiliario Blackstone —el mayor casero de España— al conseguir en los juzgados una renovación de sus 84 contratos sin subidas abusivas, bajo los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según el CSIC, tan sólo el 39% de las viviendas alquiladas pertenece a caseros con una sola propiedad, frente a un 61% que se encuentra en las manos de particulares con dos o más viviendas, personas jurídicas (empresas y fondos) o entidades públicas. Las prácticas abusivas se replican sin cesar en el caso de todos estos grandes caseros.

En Tribulete, 7,  Elix Rental se ha visto obligado a emitir demandas individuales de desahucio al fracasar en su propósito de expulsión inmediata, ni no ha logrado su cometido de vaciar la totalidad de los pisos a base de prácticas agresivas

En sus primeros meses de desobediencia civil organizada no faltaron acciones para dar visibilidad a su conflicto y ganarse el apoyo y solidaridad de otras inquilinas como ellas. Desde una marcha musical fúnebre para simbolizar la “muerte devastadora” de los barrios gentrificados a causa de los buitres hasta un concierto sorpresa de Biznaga desde uno de los balcones del bloque: toda la creatividad se puso a disposición de la lucha organizada. Rápidamente cientos de personas empatizaron con su agónica situación, similar a la de tantas otras vecinas azotadas por la ferocidad del mercado inmobiliario.

Pero desde hace meses la estrategia de Élix ha dado un vuelco inesperado: mientras que en otros bloques había bastado con hostigar día y noche a las vecinas, en Tribulete el fondo se ha visto obligado a emitir demandas individuales de desahucio al fracasar en su propósito de expulsión inmediata. Estas demandas van llegando a cuentagotas a través de burofaxes en una actuación híbrida que combina prácticas alegales como amedrentar a las residentes con la vía judicial al uso.

Estas demandas constituyen una medida de presión inédita en el caso de este fondo, que en tres años no ha logrado su cometido de vaciar la totalidad de los pisos a base de prácticas agresivas. La defensa de las inquilinas planea alegar prejudicialidad penal, un mecanismo jurídico en base al que un procedimiento penal previo—-la demanda colectiva— penaliza al civil —las demandas individuales—. En caso de que el argumento fuera considerado por el juez, las demandas de desahucio quedarían en suspensión a la espera de sentencia.

Quiénes resisten

A día de hoy, las vecinas sienten una mezcolanza de orgullo colectivo, incertidumbre ante el devenir de su caso y cansancio acumulado tras años de empuje sin tregua. Además, el desgaste físico por el acoso inmobiliario sostenido se suma al sobrecoste económico que implica afrontar todo el proceso judicial desde que se querellaron contra la socimi. Han sido años frenéticos e intensos que han convertido a un conjunto de desconocidos en una comunidad cohesionada.

Entre quienes todavía resisten contra viento y marea en el inmueble se encuentra Luis, vecino migrado de Venezuela y residente en Lavapiés desde hace dos décadas tras pasar unos años de estancia en Tenerife. Vino a España con 44 años y desde entonces ha trabajado como auxiliar administrativo, portero, limpiador y otros oficios “que antes te daban para pagar el alquiler”, pero que ahora no aseguran una vida en condiciones. Élix trató de sobornarle para doblegar su parecer y conseguir que abandonara la lucha colectiva, pero él no dio su brazo a torcer: “Me llamaron para ‘hacerme una oferta’, es decir, darme dinero para que me fuera. Me querían dar 35.000 euros, pero me negué”, afirma.

“Hemos construido amistades muy bonitas a raíz de la convivencia y poco a poco hemos tejido redes sin darnos cuenta. Ahora entras en el bloque y es como estar en la película de Alien, con las tuberías por todos lados”: Luis

Hoy, a sus 67 años, cobra el ingreso mínimo vital y si se mudara a otro edificio se vería incapaz de asumir una renta estándar. Pero además tiene claro que quiere continuar mano a mano con sus vecinos, que se han convertido en todo este tiempo “en una gran familia sin sangre”. “Con algunas hasta nos pasamos de vez en cuando tuppers de lasaña por la ventana cuando a una le falta algo, hemos construido amistades muy bonitas a raíz de la convivencia y poco a poco hemos tejido redes sin darnos cuenta. Ahora entras en el bloque y es como estar en la película de Alien, con las tuberías por todos lados”, expresa emocionado en referencia a los perjuicios causados por las obras.

A día de hoy solo desea “vivir tranquilo” pese a la angustia que le genera no saber qué será de su vida dentro de unos meses si las cosas se complican a raíz de las demandas del buitre. “Estoy inscrito hace 17 o 18 años a la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), sé que la Comunidad de Madrid tiene apartamentos compartidos, pero ahí no me dejarían entrar con mi perro”, explica.

Un sentir parecido comparte Cristina, cómica y actriz cuya presencia en el bloque se remonta a 2005. Fueron las primeras performances musicales de protesta en los aledaños del edificio las que forjaron su relación con el resto de vecinas: “Yo no conocía a nadie del edificio, solo conocía a la vecina de en frente porque me la encontraba al abrir la puerta. A raíz del conflicto hicimos un grupo de WhatsApp, nos organizamos enseguida, nos pusimos de acuerdo en que había que hacer algo para darlo a conocer, y montamos en cuestión de un par de semanas la primera acción que hicimos, que fue la musical. Ahí nos pusimos cara y empezamos a intercambiar opiniones”, cuenta.

Aquella idea al principio “parecía un poco marciana” pero resultó un triunfo a todos los efectos a la hora de visibilizar su conflicto. Preguntada sobre su vínculo comunitario con el resto de inquilinas, rememora el momento exacto en que cayó en la importancia del apoyo mutuo entre vecinas. “Tuve un problema con la electricidad de mi casa, se fue la luz, y yo tenía que irme a un bolo que tenía en el teatro. Acababa de salir de la ducha, tenía que vestirme y secarme el pelo corriendo. Afortunadamente llamé a una vecina y pude arreglarme en su casa y llegar a tiempo al teatro”, recuerda.

“Ha habido momentos en los que tienes dudas. Es un continuo de muchísimas cosas que se van sumando y es un desgaste bestial”: Cristina

Ha tenido que pasar por varios problemas de salud derivados del frío “inhumano” que entra en el piso por las obras, así como por una plaga de cucarachas “provocada deliberadamente por la propiedad”. Por todo ello sostiene que a lo largo de estos años “ha habido momentos en los que tienes dudas. Es un continuo de muchísimas cosas que se van sumando y es un desgaste bestial”, sostiene.

Al igual que el resto de sus convecinos, conjetura sobre el futuro del bloque si este acaba vaciado: “Tabacalera, que es el edificio que está al final de la calle, es un edificio que lo han estado restaurando y ahí está predicado que van a hacer un edificio para hacer residencias artísticas, sobre todo para gente de fuera. Necesitan vaciar el barrio rápido, porque todo está unido. No es raro pensar que necesitan nuestro edificio con un montón de pisos pequeños para los extranjeros que vengan a hacer sus residencias artísticas en Tabacalera”, vaticina preocupada.

Pese a tener todo en contra, considera que el proceso de lucha ha merecido la pena de principio a fin. “Decidimos que íbamos a ir a por todas, los buitres están acostumbradas a amenazar, que la gente se vaya con miedo y que nadie les tosa, así que pase lo que pase con las demandas de desahucio estamos muy contentos. Hemos conseguido que miles de personas se vean reflejadas en nuestra lucha, incluso gente que también ha recibido cartas de desalojo”, infiere.

También artista, aunque en el sector musical, Anxo forma parte de esta atípica colmena vecinal desde hace diez años. Al igual que Cristina, conoce muy bien el martirio que supone buscar alquileres asequible teniendo un oficio itinerante como el suyo, donde los contratos fijos brillan por su ausencia. “Podría irme a vivir con mi pareja, pero tenemos el mismo problema porque ella también se dedica a la música”, incide. Una de las casuísticas que más le aterran es verse en la tesitura de volver a vivir con su familia tras años independizado. “Sería pasar de tener mi autonomía, mi intimidad y mi espacio personal que he ido construyendo en todo este tiempo a volver a la casilla de salida”.

“Los extranjeros que me preocupan son los que me están robando la casa que acumulan millones y millones de euros y están haciéndose con el barrio. Esos son los chungos de verdad, los delincuentes”: Anxo

Le preocupa igualmente la salud del barrio en plena vorágine especulativa. Confiesa que “día a día crece el proceso de gentrificación y el barrio va convirtiéndose en un parque temático de turistas pijos, mientras que también ves gente viviendo en la calle, en situación de extrema pobreza y personas migrantes que sufren discriminación racista a diario”. Frente a los discursos que tratan de criminalizar a quienes vienen de fuera para construir futuros más dignos, Anxo lo tiene claro: “Los extranjeros que nos preocupan a nosotros como bloque no son los que no tienen dinero, los que me importan son los que me están robando la casa, los que acumulan millones y millones de euros y están haciéndose con el barrio. Esos son los chungos de verdad, los delincuentes”.

Desde que vino a Lavapiés ha militado activamente en distintos movimientos sociales como el Local Anarquista Magdalena, lo que le ha terminado de arraigar en el territorio. Aunque ha sufrido varias inundaciones y cortes de electricidad por las obras, cuenta que su caso no es el más flagrante que recuerda. “Uno de los pisos de arriba se inundó hasta el punto que tuvieron que ponerle al vecino un hotel, se tuvo que ir unos días y ya no volvió. Se quedó sin casa porque no aguantaba más, el piso estaba destrozado”, asegura.

Otro de los grandes damnificados por la magnitud de las obras son Jaime y sus niños. Su vivienda había sido en el pasado una tienda de cómics, estaba llena de estanterías de pladur y en aquel entonces era imposible residir en ella. Entraron pagando un alquiler de 300 euros con la condición de deshacerse de las estanterías, reformar el piso y hacerlo habitable, a lo que él accedió. Tiempo después, al poco de enterarse por la prensa de las intenciones de Élix, llegaron las pesadillas: “He tenido que pasarme días con los auriculares puestos porque el ruido era horrible y la sensación permanente era de agobio total. Conseguía amortiguar el sonido del ruido pero se sentía igualmente la vibración”, transmite. Su hija pequeña cogió pánico a bajar las escaleras y salir de la vivienda por miedo a los derribos.

“Tuvimos que hacernos amigos de los obreros para que ella viera que no era inseguro porque estaba aterrorizada. Son situaciones de mucho estrés, incluso una vez mi hijo cuando tenía cinco años fue a coger una radial que estaba en uno de los descansillos y podría haberse herido”, alega. Sus criaturas están escolarizadas en el barrio y mantienen un arraigo sólido con el vecindario, de manera que Jaime no contempla dejar de luchar hasta el final. Ante la oferta de recibir una “compensación económica” a cambio de marcharse sin oponer resistencia, defiende que “no se trata de una cuestión económica, sino de principios. No quiero su dinero”.

“El suelo no puede estar en manos de grandes propietarios que compran bloques de veinte en veinte”: Jaime

Cuenta los días en el calendario para recibir la esperada demanda de desalojo intuyendo que estará al caer, puesto que él participó en la querella colectiva. En lo que llega la demanda, aprovecha para denunciar públicamente la ausencia de regulaciones que pongan contra las cuerdas a los grandes fondos multipropietarios. “Lo que lleva haciendo Élix todo este tiempo entra dentro de la lógica de este sistema económico en el que la vivienda no está regulada, como en otros países, creo que ellos, por muy mal que me puedan caer, lo único que hacen es atenerse a las reglas del juego. La solución pasa por las administraciones públicas y por darse cuenta de que el suelo no puede estar en manos de grandes propietarios que compran bloques de veinte en veinte”, sentencia.