Madrid
Las vecinas de Tribulete, 7 consiguen la primera imputación a un fondo de inversión por acoso y coacción

Victoria histórica de las inquilinas en lucha del bloque Tribulete, 7 (Lavapiés) contra la socimi Élix Rental Housing II. Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 22 de mayo por parte de las vecinas que denunciaron prácticas de acoso inmobiliario y coacción en vivienda habitual. Se trata de la primera vez que se logra sentar en el banquillo a un fondo buitre en nuestro país tras una demanda colectiva por estos delitos, lo que sienta un precedente de cara a futuras acciones legales contra empresas dedicadas a la especulación.

Las vecinas de este bloque, organizadas con el Sindicato de Inquilinas desde hace más de un año, llevan librando una batalla titánica contra el buitre desde que éste se hizo con la compra del edificio en marzo de 2024 y decidió expulsar forzosamente a las vecinas a la mayor brevedad posible convirtiendo su vida cotidiana en un infierno: Como muchas se negaron desde un inicio a abandonar sus hogares para que estos fueran reconvertidos en pisos turísticos, el pasado mes de noviembre el fondo optó por emplear tácticas de acoso inmobiliario como la realización de ruidosas obras de remodelación en el edificio para ahorrarse los tiempos que exige cualquier desalojo por vía judicial.

“Empezaron taladrando tabiques para pasarse al tabique de la casa habitada, picando y provocando que se desprendieran cascotes, han provocado humedades fuertes, no solo en las viviendas sino también en las zonas comunes”

Desde entonces, las vecinas han resistido contra viento y marea las amenazas constantes de este gran tenedor: “Empezaron taladrando tabiques para pasarse al tabique de la casa habitada, picando y provocando que se desprendieran cascotes, ha habido desprendimientos de techo, han picado en la cubierta y han provocado goteras, se han inundado viviendas y las personas que vivían en esas viviendas se han tenido que marchar porque la vivienda ha quedado inhabitable, han provocado humedades fuertes, no solo en las viviendas sino también en las zonas comunes…todo tipo de fechorías que de hecho constituyen un delito”, relata Cristina Gómez, vecina del edificio.

El mobbing como estrategia de expulsión inmobiliaria

Aunque pueda resultar llamativo que una entidad inmobiliaria utilice prácticas violentas, propias de empresas de desokupación, desde el Sindicato de Inquilinas y el Centro de Asesoría de Estudios Sociales (CAES) infieren que este acoso sistemático constituye el modus operandi habitual de los grandes fondos cuando encuentran oposición frente a sus apetitos rentistas y gentrificadores. “Este caso no es un caso aislado, se está repitiendo una praxis reiterada, están tomando la justicia por su mano para conseguir extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen. Se trata de hacerles la vida insoportable para hacer que no les merezca la pena seguir resistiendo en sus viviendas, que no les merezca la pena seguir residiendo allí”, desliza Alejandra Jacinto, abogada del caso y miembro del CAES.

“Este caso no es un caso aislado, se está repitiendo una praxis reiterada, están tomando la justicia por su mano para conseguir extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, explica la abogada

Es lo que se conoce comúnmente como mobbing inmobiliario, un término que se ha popularizado para hacer referencia a prácticas ilegales de intimidación contra inquilinos insumisos. En el caso particular de Élix, propiedad de la empresa inversora AltamarCAM (dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica del PP), la socimi también empleó diversas tácticas de presión tras formalizar la compra de su primer bloque en la calle Galileo 22, en el distrito de Chamberí. Una operación también con el objeto último de expulsar a las vecinas y alquilar los pisos a precio de oro. “Siguien la misma estrategia en diferentes puntos de la ciudad, propiciando cientos de desahucios de inquilinas a cambio de beneficios millonarios para unos pocos empresarios”, traslada el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado. Con su anterior proyecto, Elix Vintage, adquirieron 22 bloques en Madrid y Barcelona (que suman 421 viviendas) mientras estas grandes urbes sufren el resquebrajamiento creciente de sus tejidos barriales y la precarización de las vecinas obreras, ahora sustituidas por turistas adinerados.

Tras largos meses siendo víctimas de hostigamiento, muchos vecinos acabaron cediendo con resignación ante las imposiciones de la propiedad yéndose de las viviendas, inclusive quienes disponían de contratos de renta antigua y atesoran toda una vida de convivencia pacífica en el inmueble. Del los 50 inquilinos que habitaban en el bloque hace años, tan solo una decena de ellos ha sobrevivido a la presión y continúa resistiendo, mientras que ocho de ellos interpusieron en mayo oficialmente la demanda colectiva. Aunque la mayoría se han marchado, inciden desde el CAES, muchos que están dispuestos a prestar declaración como testigos porque también han sido víctimas del acoso.

Jorge Benjumeda, socio fundador de Elixir Rental Housing, Álvaro Guillén, director de inversiones, María José Jiménez, mediadora, y Javier Hernández, arquitecto responsable de las obras, han sido citados a declarar

En total cuatro personas han sido citadas a declarar como investigados como presuntos responsables, entre ellos altos cargos directivos de la socimi: Jorge Benjumeda Peñafiel, socio fundador de Elixir Rental Housing, Álvaro Guillén, director de inversiones de la empresa, María José Jiménez Cortinas, mediadora, y Javier Hernández Agüero, arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán comparecer en sede judicial como acusados de un delito penal el próximo 19 de febrero, mientras que el jefe de obra en Serrazar (empresa subcontratada por Élix para la realización de las obras del edificio), cuya identidad no ha trascendido, lo hará el 3 de marzo. Lo curioso y pionero de este caso, además, es que se cita a declarar como investigado a la propia persona jurídica, es decir, el propio fondo buitre.

En los artículos del Código Penal que reflejan el acoso inmobiliario y las coacciones agravadas sobre vivienda habitual, las penas incluyen de 6 a 2 años de prisión y también la posible disolución de la persona jurídica, en este caso el propio fondo buitre. El Sindicato de Inquilinas confía en que la justicia finalmente falle a favor de las afectadas, de hecho el mismo juzgado de instrucción ha considerado que con la abundante prueba documental aportada por la organización “hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes, así como una clara afectación en la salud física, mental y en su integridad moral”.

Una negociación encallada desde el primer minuto

Hasta que se conozca la resolución de este caso pionero en la lucha inquilina de nuestro país, las vecinas continuarán en sus casas como hasta ahora: pagando todos los meses religiosamente su cuota de alquiler pese a que sus contratos vencieron hace tiempo, una herramienta sindical que el Sindicato de Inquilinas ha denominado #NosQuedamos. Decenas de bloques en Madrid y Barcelona llevan años utilizando esta fórmula cuando sus caseros se niegan a renovarles para alquilar los pisos a precios desorbitados y así seguir mercadeando con un bien de primera necesidad. Las negociaciones con la propiedad se han basado en conseguir una renovación de contratos aunque ésta venga acompañada de un aumento de las rentas, siempre que éstas sean razonables. Hasta la fecha la única respuesta que han obtenido ha sido la negativa de la empresa ante cualquier tipo de formalización residencial. También trataron infructuosamente que el Ayuntamiento de Madrid adquiriera el edificio ya que al haberse efectuado la completa del inmueble por parte del buitre las vecinas no podían ejercer su derecho de tanteo o retracto. Todo ello ha quedado en agua de borrajas.

El actual marco legislativo genera inseguridad y desprotección de miles de familias cuando los propietarios deciden destinar los pisos a usos no residenciales negándoles las renovaciones

En última instancia, y con independencia de sus objetivos contractuales, las vecinas pretenden poner coto de una vez a la impunidad de los grandes tenedores inmobiliarios en España. Actualmente, destacan las organizaciones por la vivienda digna, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), permite a los caseros expulsar a las inquilinas tras expirar los cinco o siete años de contrato. Este marco legislativo genera inseguridad y desprotección de miles de familias que deben enfrentarse a mudanzas constantes cuando los propietarios deciden destinar los pisos a usos no residenciales negándoles las renovaciones.

“Es necesario sentar precedente y que este atajo deje de ser la opción viable que escogen muchas empresas para vaciar edificios a base de extorsión y acoso”, reivindica una vecina

“Desde Tribulete 7 queremos que el miedo cambie de bando y para ello es necesario poner el foco en la permisividad de la que gozan este tipo de empresas y hacer justicia para sentar precedente y que este atajo deje de ser la opción viable que escogen muchas empresas para vaciar edificios a base de extorsión y acoso, que son prácticas delictivas pero normalizadas”, reivindica Gómez. Un pequeño rayo de esperanza que ilumina a bloques afectados por situaciones similares, que demuestra que en ocasiones David puede poner contra las cuerdas a Goliat. “Hasta que un juez no diga que mi contrato se ha acabado o no, yo tengo todo el derecho del mundo a seguir permaneciendo en mi vivienda en condiciones dignas y no sufriendo este trato hostil y este hostigamiento constante”, concluye Jacinto.