Madrid
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lanzan una avalancha de desahucios contra familias vulnerables

El 3 de julio la movilización vecinal convocada por el Sindicato de Vivienda de Moratalaz impedía el desahucio de Dulce y sus cinco hijos, uno de ellos con discapacidad, en la Avenida Doctor García Tapia, del barrio de Moratalaz. A ella le fue bien, porque en el anterior del 26 de junio, una familia también con menores era desalojada en el municipio de Ciempozuelos a pesar de la concentración que reunió a representantes de PAH Leganés, PAH Vallekas y la asamblea local de IU. Su casero era el mismo: Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Y sus casas, viviendas protegidas.

No son casos aislados. Actualmente las empresas públicas de vivienda de Madrid se han convertido en los mayores caseros desahuciadores de la región, cebándose especialmente en poblaciones vulnerables de viviendas sociales donde se realojó a vecinos de chabolismos entre los 80, 90 y 2000, y en concreto, de etnia gitana. Aunque no existen fuentes oficiales, algunas asociaciones del movimiento de vivienda y abogados especialistas estiman un desalojo al día desde primeros de junio.

La regional AVS —antiguo IVIMA— y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), dependiente del Ayuntamiento, llevan desde el pasado abril lanzando una avalancha de desahucios en viviendas sociales de su propiedad. El pistoletazo de salida fue la caída del ‘decreto antidesahucios’ del gobierno de coalición el pasado 21 de marzo.

Aunque existen múltiples casuísticas, el esquema es siempre similar: se envía a los afectados un escrito que indica que deben abandonar la vivienda, sin ninguna clase de validez judicial, pero que busca asustarlos y que lo hagan voluntariamente. Se judicializa vía Juzgados de Primera Instancia de Madrid —aunque hay algún caso que ha ido por la vía de lo Contencioso-Administrativo—. Otra característica que se repite en estos desahucios, y que ha constatado este medio, es que, cuando llega la fecha de los desahucios, al mismo tiempo que llega la comisión judicial le acompañan detrás los cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Municipal y se ejecutan los desahucios sin posibilidad de negociar nada en el momento. Ni siquiera cuando hay personas enfermas, mayores con aparatos, niños, etcétera, y casi sin mediar palabra, la policía entra a las viviendas y desaloja a la  gente.

Se ignoran los intentos de mediación de servicios sociales y se ofrece como única alternativa habitacional unos días de albergue del Samur Social, y se ignoran también los informes que certifican vulnerabilidad en la familia

Se ignoran los intentos de mediación de servicios sociales —a veces los del propio Ayuntamiento— y se ofrece como única alternativa habitacional unos días de albergue del Samur Social. Si existen informes que certifican vulnerabilidad en la familia, incluso casos de dependencia o discapacidad en miembros menores o ancianos, se ignora.

Lo que si constatan numerosas asociaciones del movimiento de vivienda, fuentes judiciales y de servicios sociales es la gran cantidad de viviendas públicas y de titularidad municipal o regional que permanecen cerradas. Ninguna de las instituciones implicadas ha querido responder a las consultas de El Salto, pero fuentes cercanas a uno de los casos estudiados han apuntado que la AVS puede tener más de 1000 viviendas vacías en toda la Comunidad de Madrid.

No hay cifras oficiales disponibles

El número de desahucios ejecutados desde el pasado abril es difícil de calcular, y la tarea de dar cobertura o contribuir a prevenirlos por parte de asociaciones, asesorías legales o servicios sociales se presenta como inabarcable.

Entrevistado por El Salto, un abogado (que prefiere permanecer anónimo)  explica que desde finales de marzo “me está llegando un caso a la semana, de diferentes municipios”. Ha representado a personas en Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares, además del mismo barrio de Moratalaz con el que abríamos esta información.

Los motivos de los desahucios son diversos, ya que según apunta este letrado “en ocasiones son gente que ha pegado la patada a la puerta, porque esas viviendas estaban vacías. Pero también hay casos en los que fallece la persona titular del contrato de arrendamiento y no se le subroga por ejemplo a la viuda. La AVS se suele cerrar en banda en estos casos”.

De la EMVS es el caso Sombrerería 16, en el barrio de Lavapiés, donde una anciana de más de 80 años, su hija y sus dos nietos fueron desahuciados el pasado miércoles 23 de junio en base a una deuda que ya habían reconocido judicialmente y abonado. El proceso comenzó tras la muerte del marido de la mujer mayor, tras la cual la empresa se negó a subrogar el contrato a la viuda y la hija, e incluso denunció a esta última por okupación. El Ayuntamiento se negaba incluso a que le pagasen el alquiler, a pesar de que ellas querían hacer y disponían del dinero.

“Nos estamos encontrando con una gran cantidad de viviendas públicas vacías mientras se echa a otra gente de su casa. Se han ocupado algunas de esas viviendas por cuestión de necesidad...”: Sindicato de Vivienda de Carabanchel

Miren Beriain, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), explica que en zonas como el Camino Alto de San Isidro “nos estamos encontrando con una gran cantidad de viviendas públicas vacías mientras se echa a otra gente de su casa. Se han ocupado algunas de esas viviendas por cuestión de necesidad, y la administración no ofrece alternativas”.

Desde el movimiento de vivienda admiten que algunos de sus cálculos son “estimaciones” y que hay desalojos que no llegan a conocer, pues dependen de los que llegan a sus asambleas o les avisan las vecinas. En el caso de San Isidro, o vías vecinas como la calle Tejares, están solicitando una regularización de los residentes similar a la que ya se produjo en 2014 y 2015.

En el barrio han llegado a ver despliegues de más de siete unidades de antidisturbios, y algún agente con arma de alto calibre, para desalojar a familias con niños, como el pasado 5 de junio en la calle Recesvinto, u otro en la misma calle de  Camino Alto de San Isidro, el 13 de mayo, coincidiendo con las fechas. El sindicato también constata la cerrazón de la AVS a negociar fragmentaciones de la deuda en los casos de familias con vulnerabilidad reconocida y que han sufrido subidas del alquiler (en algunos caso de 400 a más de 1200 euros).

Se trata de viviendas construidas entre finales de los 90 y primeros 2000 para realojar a los habitantes del antiguo chabolismo. El SVC ya ha denunciado en anteriores ocasiones “la casualidad de que estos desahucios masivos y abandono de pisos que no se rehabilitan se produzca en una zona cuyo valor inmobiliario está subiendo y en la que sabemos que ya se han traspasado viviendas públicas a inversores particulares o fondos”.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a preguntas de El Salto, constatan que “la AVS está llevando a cabo políticas de desahucios masivos. Esto lo sabemos porque en las asambleas cada vez vienen más gente con carta de anuncio de desalojo cuando antes no eran tan habituales. Algo que delata su voluntad de desahuciar es que a muchos inquilinos les llega la carta cuando ellos han tratado de solucionar el asunto en las propias oficinas. En vez de tratar de arreglarlo o darle facilidades, les llega la carta de desalojo a los pocos días”.

“Está habiendo una política clara de degradación de las viviendas y de los bloques de la AVS, los inspectores visitan estas casas y dicen que van ayudarles, pero cuando llega a las oficinas aprovechan toda esa información para desalojarles”: Sindicato de Inquilinas

Desde el Inquilinato creen que “está habiendo una política clara de degradación de las viviendas y de los bloques de la AVS. La gente lo que dice indignada es que en su bloque hay varias viviendas con las puertas antiokupa y mientras echando a gente. Los inspectores de la AVS, la gente que va a ver el estado de los bloques y demás, dicen que van ayudarles cuando llaman al timbre ( y puede ser cierto que esos trabajadores sea su voluntad) pero cuando llega a las oficinas aprovechan toda esa información para desalojarles”.

“Las mismas instituciones que dieron vivienda a estas familias para acabar con los poblados de infravivienda se están dedicando a dejarlas en la calle”, apunta una fuente judicial consultada para esta información. “Parece que quieran que vuelvan los chabolismos”, remata.