Madrid
Las operaciones especulativas de la Sareb amenazan de nuevo a 37 inquilinas vulnerables en Madrid

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como ‘banco malo’, nace en el año 2012 con 4.800 millones de capital y una misión muy concreta: quedarse con aquellos “activos tóxicos” de la banca española –fundamentalmente viviendas– tras la crisis financiera de 2008 para salvar a estas entidades y cajas de ahorros. “Su función única y exclusiva fue la ‘limpieza’ masiva de los balances de las entidades que iniciarían su resolución. Se trataba de préstamos e inmuebles constitutivos de la cartera de riesgo inmobiliario (las viviendas terminadas sin vender o desahuciadas y las no terminadas de promociones en curso y suelos en distintas fases de desarrollo y en localizaciones por todo el país)”, explica un estudio del Observatorio Funcas sobre la razón de ser de esta entidad.

La idea detrás de la creación de Sareb, que se ha servido parcialmente de fondos públicos, fue la de devolver la deuda de España a la UE a través de la venta de todo un patrimonio que antaño pertenecía a los gigantes bancarios. Este asciende a cerca de 38.316 viviendas, de las cuales 11.000 están alquiladas y 15.291 vacías.

Desde hace años, la fórmula estrella que ha seguido la Sareb en España ha sido vender bloques enteros a fondos buitres cuyo afán de compra es meramente especulativo, ya que desde que se constituyó ha ido acumulando pérdidas. Su objeto es hacer negocio con las viviendas en tiempo récord antes de volver a venderlas a otros fondos de inversión aprovechando ciclos cortos de rentabilidad. Las últimas víctimas de todo este reguero de operaciones de la Sareb han sido las vecinas del bloque en lucha José Bielsa 18, en el distrito madrileño de Usera.

Divarian Propiedad S.A., la cartera inmobiliaria del BBVA, acumula más de 7.000 viviendas en todo el Estado y hoy tiene en la cuerda floja las 20 inquilinas de Usera aún dentro de contrato mientras busca revender su bloque a otros inversores

El edificio pertenecía al banco malo, que lo vendió por un precio por debajo del mercado en 2022 a Divarian Propiedad S.A.. Esta sociedad acumula más de 7.000 viviendas en todo el Estado y hoy tiene en la cuerda floja las 20 inquilinas de Usera aún dentro de contrato mientras busca revender su bloque a otros inversores. Los vecinos temen que tras esa reventa los contratos no se renueven o lo hagan en condiciones pésimas.

Realmente Divarian no es sino la cartera inmobiliaria del BBVA, nació después de que en 2017 el banco firmara un acuerdo con el fondo buitre estadounidense Cerberus para crear una sociedad conjunta de negocio del ladrillo. Así, desde 2018, Cerberus posee el 80% del capital social de Divarian, mientras que el BBVA tiene el 20% restante. La mayoría de estos activos del BBVA provenían de ejecuciones hipotecarias, es decir, desahucios en su mayoría invisibles y silenciosos.

En esta línea, ya en 2020 el Sindicat de Llogateres denunció públicamente que el aterrizaje oportunista de Cerberus en España tras el estallido de la burbuja había venido de la mano de una “red de filiales situadas en países europeos donde la fiscalidad es más baja para evitar tener que pagar impuestos”. Todo ello desahuciando a familias “sin contemplaciones” para extraer enormes beneficios. Hoy, para acelerar las expulsiones forzosas con tal de vaciar cuanto antes el edificio, Divarian incurre en prácticas de mobbing inmobiliario como convertir en inhabitables las zonas comunes e imponer cláusulas abusivas.

Tal y como se describe en un escrito colectivo de denuncia lanzado por las vecinas del bloque, desde que las inquilinas entraron a vivir se han encontrado con grandes problemas como inundaciones, filtraciones, humedades, roturas de puertas de garaje sin que la propiedad haya llegado a solucionarlos. Esta dejación no es fortuita, sino deliberada: a menudo los fondos abandonan los edificios a su suerte, negándose a asumir las reparaciones necesarias o facilitando la proliferación de residuos en las zonas comunes para que su vida en el bloque se convierta en un infierno.

“No lo hacen de forma evidente, no dejan que el edificio esté decrépito, sino que van poco a poco y alegando que es por el uso. Por ejemplo, el termostato no funciona, las puertas de entrada al garaje no funcionan, el ascensor se inunda de agua cada dos por tres y se queda inutilizable habiendo una persona con movilidad reducida, etcétera”, relata a El Salto José David Carracedo, vecino del bloque en lucha organizado con el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

“Lo que hace Divarian es que contrata a un administrador intermedio, que en nuestro caso se llama Alquila tu Hogar, que es con la que nosotros interactuamos a través de un portal que funciona fatal para poner las incidencias”

Al estar constituidos estos buitres por un complejo entramado de sociedades pantalla y empresas intermedias, la propiedad rara vez se responsabiliza de los desperfectos en sus distintos bloques. “Lo que hace es que contrata a un administrador intermedio, que en nuestro caso se llama Alquila tu Hogar, que es con la que nosotros interactuamos a través de un portal que funciona fatal para poner las incidencias, y a su vez este administrador contrata a otro tipo de empresas para que hagan de administración y gestor. Ocultan su nombre verdadero para evitar que pongamos en común las diferentes situaciones de abuso que sufrimos”, expresan las vecinas a este medio.

A finales de 2022 Stop Desahucios de Euskadi se hacía eco del acoso inmobiliario que Divarian llevaba tiempo ejerciendo contra una madre sola, Jennifer, y sus dos criaturas en Otxarkoaga, también con el fin de precipitar su salida del piso: alegando 'impago' del servicio de luz y gas, el buitre cortó los suministros a la familia en su vivienda de alquiler social en pleno invierno.

Además, la imposición de cláusulas abusivas e ilegales como el pago del IBI, la tasa de basura o la comunidad es una práctica extendida tanto en este bloque como en otros que los grandes inversores han adquirido a partir de la Sareb. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tan solo permite la asunción de los gastos de comunidad por parte de las inquilinas si ello ha sido acordado tácitamente por ambas partes fruto de una negociación, algo que en este caso no se ha producido. “Nos lo metieron en el contrato y sabemos que lo hacen en muchos otros pisos, es una práctica que viola la ley y una forma encubierta de subir el alquiler”, añade Carracedo.

Los recibos de comunidad ascienden hasta los 250 euros pese a que ni siquiera cuentan con cubos de basura ni servicio de recogida, una cuantía que supone un sobrealquiler de entre el 10 y el 17%. Muchos vecinos firmaron el contrato de arrendamiento sin esa cláusula. Además, el artículo 20 de la LAU puntualiza que, para que los tributos que correspondan a la vivienda (como lo es la tasa de basuras) sean a cargo del arrendatario, “deberá constar por escrito en el contrato”.

Las inquilinas enviaron a Divarian una comunicación denunciando “diversos incumplimientos contractuales y legales por parte del arrendador”. Hasta ahora no han recibido respuesta

El pasado mes de abril enviaron a Divarian una comunicación firmada por el Sindicato de Inquilinas, en tanto organización representante, denunciando “diversos incumplimientos contractuales y legales por parte del arrendador” como la grave falta de limpieza básica de las zonas comunes o la acumulación de toneladas de basura en el acceso de verano. Las inquilinas solicitaron de este modo tanto una atención en tiempo a las incidencias como un informe detallado que incluya un desglose detallado de los gastos de comunidad de los últimos 4 años (abril 2022 – abril 2026), especificando las partidas que incluyen. Hasta ahora no han recibido respuesta, pero sí reiteradas coacciones para que retiren las pancartas que han colocado en la fachada denunciando su situación.

La Sareb rechaza una vez más la firma de alquileres sociales

Unos kilómetros más al sur de Madrid y también a causa de las praxis especulativas de la Sareb, las 17 vecinas de la calle Pinto número 19 en Fuenlabrada viven al borde del desahucio invisible. Hoy se han constituido como bloque en lucha con el Sindicato para defender su comunidad frente a la inacción institucional. En el inmueble conviven con dificultades familias con niños, algunos de ellos con distintos grados de discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo, personas dependientes, pensionistas y madres solas.

La mayoría perciben salarios mínimos y por ende no pueden acceder a una vivienda en el mercado. Pese a que llevan más de 10 años habitando el inmueble y aunque la comunidad lleva desde abril de 2025 tratando de regularizar su situación, la Sareb ha decidido rechazar la formalización alquileres estables para las vecinas para poder echarlas a la calle y comerciar con los pisos a su antojo.

Inicialmente el bloque lo componían 19 familias, pero varias marcharon al verse al borde del desalojo ya que el banco malo solo ha ofrecido en febrero de este año siete contratos para las 17 viviendas, deslizan en un comunicado de prensa. “La gente tenía un contrato de alquiler con el antiguo dueño. En la anterior crisis de vivienda el casero pierde la propiedad, quiebra la constructora y durante un tiempo se quedan en limbo. Después aparece la Sareb y desde entonces las vecinas organizadas han intentado firmar contratos”, explican desde el Sindicato de Inquilinas. Se encuentran, pues, en situación de okupación impuesta.

Estas mismas fuentes alegan que muchas de las familias llevan viviendo ahí hasta 15 años y tienen allí toda “su vida, los colegios de sus hijas y sus trabajos”. Una situación prácticamente idéntica a la que sufrieron inicialmente durante años las vecinas de Casarrubuelos, antes de que la acción sindical del nodo de la Zona Sur del Sindicato lograra presionar para conseguir finalmente contratos dignos en mayo de 2025.

En Fuenlabrada también apelan al modus operandi que suele utilizar la Sareb para deshacerse rápidamente de las vecinas para poder mercadear con las viviendas: “Se trata de provocar ansiedad, crear un estado general de incertidumbre y miedo en el que se te hace insostenible vivir, actúa como una gran empresa e ignorando que somos personas de carne y hueso de clase trabajadora”, trasladan las inquilinas en lucha, que no cuentan con alternativas habitacionales dada su vulnerabilidad.

Solo dos viviendas sociales por cada 1.000 habitantes en Madrid

Una ansiedad colectiva que comparten con las 14 familias residentes en María Guerrero 1, edificio del barrio de Comillas, en Carabanchel. Tanto estas vecinas como las de Calle Pinto llevan años tratando de negociar en balde la firma de alquileres sociales. Algunas de estas familias han accedido por necesidad a aceptar contratos con cláusulas abusivas con tal de evitar nuevos intentos de desahucio, tal y como ha transmitido estos meses el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC).

En España, la mercantilización de los inmuebles propiedad del Estado ha acabado por reducir al mínimo el parque de vivienda social: según Provivienda, solo el 3,3% del parque de vivienda corresponde a este tipo de alquileres para inquilinas vulnerables (en torno a 318.000 viviendas), una cifra notablemente inferior al 8% de la media europea. Madrid, pese a ser la que tiene el mayor parque, cuenta sólo con dos viviendas por cada 1.000 habitantes.

En 2025, Casa 47 acordó absorber 40.000 viviendas de la Sareb progresivamente hasta 2028, pero desde la campaña Plan Sareb continúan a día de hoy denunciando la ausencia de negociaciones para que los bloques del banco malo obtengan alquileres sociales.

También ponen sobre la mesa los sucesivos cortes de suministros que estas vecinas sufren día sí día también y la inclusión de cláusulas abusivas cuando las casas caen en manos de fondos como Divarian (así como otros megatenedores como Coral Homes o Ahora Asset Management).

Además, en esta transferencia de viviendas a Casa 47 han estado aplicándose criterios de licitación puramente económicos que dejan atrás los derechos sociales, privilegiando una vez más la rentabilidad, tal y como señala un estudio de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y el Plan Sareb.