Laboral
Primero de Mayo: de los avances del ‘Gobierno progresista’ a los trabajadores precarios olvidados

El 2023, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fue considerada la líder mejor valorada de todo el panorama político. Se trata de una subida de popularidad que no dejó de subir desde 2019 cuando el gobierno progresista llegó a gobernar tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. Otro estudio, esta vez del CIS en este mes de abril, ya relega a Díaz al segundo puesto como líder valorada ya después de Pedro Sánchez. ¿Esto significa que su paso por Trabajo no está valorado?

Lo cierto es que los expertos comentan los avances de los últimos seis años en materia de mejoras de derechos laborales, las cifras macro en el mercado laboral y soluciones para sectores más precarios. Por un lado, España no ha parado de romper récords históricos de personas afiliadas a la Seguridad Social y activas laboralmente. 2025 se cerró con la mejor cifra de desempleo desde 2007, antes de que estallara la crisis por la ‘burbuja inmobiliaria’. En el haber de Díaz también están las legislaciones que han hecho que las trabajadoras domésticas conquisten derechos que solicitaban desde hace décadas: como la ratificación del Convenio 189 de la OIT o el reconocimiento de algunos derechos básicos como el paro o la prevención de riesgos laborales. 

Las nuevas normativas y los buenos datos no siempre se traducen automáticamente en una mejora de su seguridad en el trabajo

Pasos encaminados a mejorar la realidad de estas trabajadoras que no siempre se traducen automáticamente en una mejora de su seguridad en el trabajo. Igual que ha pasado con la Ley Riders. Si bien por un lado apuntan a lo pionero de España con esta ley en Europa, las numerosas sentencias judiciales, los conflictos en los tribunales y las denuncias de los trabajadores han vislumbrado que la legislación no ha logrado un cambio automático. Para muestra la “histórica huelga” en Glovo que se convocó en abril a nivel estatal para denunciar cómo esta empresa sigue trampeando las leyes y su responsabilidad laboral por medio de empresas pantallas, subcontratas y cuentas alquiladas. 

Volviendo a la lectura macro, hay cuatro grandes hitos en Trabajo. “España ha resultado ser el país europeo que con mayor intensidad ha virado los postulados de política en materia laboral”, explican los profesores de Economía Mikel Barba y Jon Bernat Zubiri, en uno de sus últimos trabajos. Para respaldar esta opinión se centran en medidas que desde 2019 se han llevado a cabo por el Gobierno progresista: “el aumento continuado del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reducción de la temporalidad promovida por la reforma laboral y el decreto de estabilización del 28 de diciembre de 2021, el impulso permanente de la negociación colectiva mediante cambios normativos de la propia reforma laboral y, por último, por la política migratoria  en materia de acceso a la nacionalidad y permisos de trabajo, donde cabe destacar la última regularización de inmigrantes irregulares que se va a poner en marcha a lo largo de 2026”. 

“Todas estas medidas se han implementado, además, en un contexto de crecimiento económico y del empleo por encima de la media europea y no parecen haber tenido efectos negativos significativos sobre el tejido productivo”, indican los profesores de Economía. Para Barba y Zubiri algunos de los motivos de este efecto limitado ha sido la inflación o el coste de la vida, que ha reducido el impacto de la subida de salarios o la mejoría de la economía. Especialmente el problema de la vivienda, explican. “La caída de la temporalidad, aunque fue intensa en los dos años que siguieron a la reforma, parece haberse estancado en torno al 12% en el sector privado, y sigue siendo especialmente alta en el sector público, donde supera el 27%”, indican y aseguran que, pese a que la reforma laboral ha ayudado a proteger muchos contratos, los y las trabajadoras a jornada parcial, los subcontratados o externalizados siguen estando en condiciones pendientes de mejorar. 

Este análisis encaja con el que el Gabinete Socioeconómico Confederal de CGT hacía sobre los trabajadores “pobres”. Hace mucho que tener empleo no significa salir de la pobreza ni tener unas condiciones de vida dignas, empezando por la vivienda o el acceso a una alimentación completa. Pese a que “la precariedad está en mínimos desde 2008”, dicen desde el sindicato, “casi un tercio de la población activa, más de ocho millones de trabajadores, tienen unos ingresos anuales procedentes del trabajo menores del SMI”. Explican que “mientras que los sectores más desfavorecidos, con menos densidad de empleo y salarios más determinados por el SMI, han tendido a aumentar sus ingresos, otros sectores de la población activa, aquellos con trabajo a jornada completa todo el año y salarios medios más elevados, han disminuído sus ingresos reales debido a la inflación”. 

La precariedad, según CGT, son “salarios muy bajos, jornadas insuficientes, irregulares o excesivas, una contratación intermitente o de poca duración, o unas condiciones especialmente lesivas”

“Se habla del problema del empleo precario en nuestro país, de la precariedad que sufre la juventud, o de las formas precarias de los puestos de trabajo relacionados con las plataformas digitales, como los riders”, indican desde CGT y explican que este concepto va mucho más allá, ya que alude a todos los empleos que ofrecen “salarios muy bajos, jornadas insuficientes, irregulares o excesivas, una contratación intermitente o de poca duración, o unas condiciones especialmente lesivas”. Una descripción que amplía la visión a muchos trabajos como los sanitarios por su temporalidad, todo el sector de los cuidados, las jornadas partidas de la hostelería o el comercio y un largo etcétera. 

Por esta y otras reivindicaciones, pese a que las cifras macro del mercado laboral pueden ser buenas, al poner la lupa en lo micro se encuentran muchas cuentas pendientes a mejorar. Empezando por las pensiones, donde sigue habiendo una brecha laboral pese a los intentos de parchear la desigualdad con mecanismos como el de las cotizaciones ficticias por conciliación; muchos problemas en el acceso a la función pública que sigue teniendo una temporalidad muy alta y una barrera de clase especialmente importante en la Justicia: la reivindicación de un SMI propio por territorios, algo que generó una huelga general en Euskadi y Navarra este año; o las bajas laborales comunes, que muchas veces son por enfermedades laborales no declaradas o donde los trabajadores se reincorporan al trabajo antes de completar su recuperación por presiones de las mutuas y las empresas. 

Las reivindicaciones de los autónomos, los conflictos laborales que genera la desindustrialización, las huelgas y protestas por la situación de los profesionales de la Educación en todos los niveles. Algunas pinceladas de las luchas sindicales que quedan por completar y que estarán presente este Primero de Mayo en las manifestaciones que recorrerán todas las ciudades en el Estado español.