Trabajo doméstico
Las trabajadoras domésticas desconfían de Prevención10

En el último día para hacer la evaluación de riesgos laborales de cada hogar en el trabajo doméstico, las asociaciones que han colaborado con el Ministerio de Trabajo en esta herramienta siguen teniendo las mismas dudas que hace seis meses. ““Hay preguntas en la evaluación como la de la revisión de enchufes o de electrodomésticos, por ejemplo, que si marcas que no se ha hecho, tienes que poner un plazo y el coste de la subsanación, pero como asociación vemos que cualquiera puede poner que sí se ha hecho sin que nadie lo compruebe”. Este es solo un ejemplo que desde AIPHC ponen sobre Prevención10, la web que permite hacer la evaluación obligada por ley sin coste para los empleados. 

“Nadie nos garantiza que el formulario se ha rellenado con la realidad de cada hogar”, explica a El Salto Lola Jacinto, coordinadora de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHC). Ellas, que forman parte de un colectivo de asociaciones de trabajadoras domésticas que están en contacto con el Ministerio de Trabajo, creen que se trata de “una herramienta muy bonita, pero si nadie lo verifica, no sirve. No hay una partida presupuestaria para ello. Es acogernos a la buena voluntad de los empleadores, como pasaba en el anterior decreto”, sentencia Jacinto.

Prevencion10 es una plataforma muy sencilla, diseñada por técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que por bloques y estancias, analiza los riesgo que pueden aparecer en el trabajo doméstico asalariado: trabajos en altura, exposición a sustancias químicas, exposición a situaciones de aislamiento o violencia, etc. Se trata de una manera de acondicionar el Real Decreto 893/2024, que por primera vez intenta igualar los derechos de las trabajadoras del hogar a la protección que tienen los demás trabajadores en régimen general con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Un derecho que se suma al de cotizar para el subsidio por desempleo, aunque, como en este caso, lleno de obstáculos. 

Este decreto daba seis meses, hasta este sábado 15 de noviembre, para rellenar la evaluación de riesgos laborales; también indicaba el derecho de las trabajadoras a recibir una formación en prevención y que fueran los empleadores quienes facilitasen los materiales que sirvan de protección para que las trabajadoras lleven a cabo sus labores profesionales. Algunas asociaciones dudan de que estas medidas protejan a las trabajadoras —el 90% mujeres, el 80% con más de 40 años de edad, el 69% de origen extranjero o con doble nacionalidad y la inmensa mayoría con jornada parcial o varios empleadores—.

“Los empleadores se acogen a la inviolabilidad del domicilio y, salvo que haya una denuncia previa, nunca va a ir un inspector”, denuncian las trabajadoras

“Hay empleadores que reducen la jornada por el aumento del salario mínimo interprofesional, o que reducen las horas cotizadas, aunque la empleada haga las mismas horas. ¿Cómo esa persona va a hacer arreglos para que la trabajadora no tenga riesgos?”, se pregunta Jacinto. Para la asociación existe un problema esencial: “Los empleadores se acogen a la inviolabilidad del domicilio y, salvo que haya una denuncia previa, nunca va a ir un inspector”. Ante esta falta de personal que analice y vigile el cumplimiento de estas obligaciones, AIPHC pide que haya una partida presupuestaria para este fin, ya que el real decreto “anuncia multas si no se rellena el formulario, pero el punto es ver si lo que ponen es congruente con la situación real”. 

Además, desde la asociación advierten que los propios empleadores no están teniendo facilidades. “Estuve hablando con una empleadora, que justo le había llegado la notificación de que tenía que hacerlo la semana pasada”, explica Jacinto, que lleva los dos últimos días comprobando que la web funcione. Según el Ministerio de Trabajo, Prevención10 ha sufrido el ataque de bots que han sobrecargado “artificialmente” la web. En concreto, en 24 horas se han bloqueado un total de 16.091 IPs sospechosas, que han mandado 49,4 millones de transacciones. Algo que dista mucho de las 378.000 empleadas que tiene registradas Trabajo. 

Las multas para quien no cumpla las obligaciones van desde los 2.451 euros hasta los 49.000, para quien no tenga la evaluación de riesgos laborales completada, y de hasta 800.000 en caso de lesión

Otra de las críticas que se han recibido desde los sindicatos es la tardanza en poner en marcha la formación que el real decreto fija como derecho de las trabajadoras y que, según la normativa, debe ser llevada a cabo “dentro de lo posible” en su horario laboral, y a través de la plataforma formativa “cuya gestión corresponderá a la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae)”. El real decreto estipula unas multas, para quien no cumpla las obligaciones, que van desde los 2.451 euros hasta los 49.000 para quien no tenga la evaluación de riesgos laborales completada, indicando como la máxima multa de 800.000 de producirse una caída o una intoxicación por no haber aplicado la prevención, en el caso de la inflación más grave.