Falsos autónomos
Riders x Derechos lamenta que la Ley Rider no vaya más allá de su sector

Llega el octavo acuerdo orquestado por la Ministra de Trabajo y Economía Social, la conocida como Ley Rider. En rueda de prensa, Yolanda Díaz ha anunciado que, tras la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, los repartidores de empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats deberán ser considerados siempre trabajadores asalariados. Ahora el texto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y, tras su aprobación, las empresas tendrán un tramo de adaptación de 90 días para “cambiar todo su modelo operativo y para que los trabajadores se puedan adecuar a las nuevas realidades”, según ha explicado la ministra.

Además, Díaz ha remarcado que la naturaleza de una relación laboral no es elegible, cerrando así el debate y los reclamos por parte de las empresas y algunos colectivos de repartidores que pedían que fueran ellos los que pudieran elegir entre ser autónomos o empleados asalariados por la empresa.

Victoria de los Riders

“Quien ha conseguido que se nos reconozca como trabajadores no ha sido el Gobierno sino todos los que nos hemos jugado el pellejo en huelgas, manifestaciones y más de 44 victorias judiciales”, han declarado en redes sociales Riders x Derechos, la organización sindical de repartidores que ha sido clave en la lucha por el reconocimiento de estos como personal asalariado en vez de como falso autónomo, tal y como se ha hecho hasta el momento.

Al ser preguntados por el actual acuerdo, Dani Gutiérrez, de Riders x Derechos, ha explicado a El Salto que su valoración no ha cambiado mucho a lo que llevan reclamando meses: “Es insuficiente y se queda corta, ya que no ataja el problema de los falsos autónomos, tan solo coge la sentencia del Supremo”. 

No solo riders

Sin duda alguna, los repartidores de comida de empresas como Glovo o Deliveroo han sido los que han puesto en el ojo mediático y político la realidad de los falsos autónomos, pero no son los únicos que sufren esta forma de explotación laboral que, tal y como ha declarado el Supremo, es ilegal. Pero el actual acuerdo parece que solo se fija en estos. “El Gobierno se ha quedado muy corto, no va más allá de los riders”, lamentan desde Riders x Derechos, “somos los más mediáticos, pero en España se calcula que debe de haber más de 500.000 falsos autónomos, por lo que si quieren hacer una ley debería ir más allá de nuestro colectivo”, afirman.

A este respecto, desde el Sindicato LAB, también lamentan que “establecer excepciones o regulaciones ad hoc no hace más que debilitar la aplicación general de los derechos laborales”, y exigen “acabar con el fraude de las y los falsos autónomos y la subcontratación en toda su dimensión”.

Algoritmos públicos

Otra de las medidas anunciadas esta mañana por la Ministra es la obligación de las empresas de plataforma a publicar los algoritmos que afectan a la organización del trabajo: “Con la nueva legislación, los representantes de las personas trabajadoras podrán acceder a la afectación laboral de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial de todas las plataformas”, ha declarado la ministra Díaz.

“Eso está bien, pero es que es algo que es lógico y que era claro que se tenía que hacer”, explica Gutiérrez en referencia a la medida. “Los algoritmos no los controlan unas máquinas, están hechos por personas, valoran, premian… y nosotros queremos tener el acceso al régimen sancionador, etc., toto lo que tienen que ver con los trabajadores”.

Aun así, desde Riders x Derechos se muestra cautos y saben que esto no acaba aquí. “Llevan cinco años saltándose la ley, o sea que no es de extrañar que lo seguirán haciendo”, explica el rider, que reclama más inspecciones de trabajo y un registro y control público de estas empresas, sus herramientas digitales y algoritmos.

Las empresas de reparto se enfadan con la patronal

La noticia del pacto no ha sido del agrado de Deliveroo o Glovo. La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que representa a las principales empresas de plataforma, se han referido al acuerdo como una “cesión de la CEOE” ante el Gobierno y lamentan en un comunicado que “ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta”.

Según explican, la noticia anunciada por la Ministra de que estas empresas tendrán que hacer públicos los algoritmos con los que organizan el trabajo de su empleados atenta contra “los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial”. Díaz ha explicado al respecto que solo se tendrán que hacer públicos aquellos que atañen a la organización del trabajo, competencia de su ministerio, tal y como viene recogido en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.