Derecho a la vivienda
El PP, Vox y Junts tumban la prórroga del alquiler que beneficia a 2,7 millones de inquilinos

En la tribuna estaban presentes varias de las personas afectadas por las hipotecas y los precios abusivos del alquiler, que han protestado desde la tribuna hasta ser desalojados justo en el momento de la votación. Su presencia no ha convencido a la derecha del hemiciclo, que se había posicionado desde el comienzo con los especuladores del mercado de la vivienda y han tumbado el llamado “decreto del burofax” que pretendía aliviar la situación de 2,7 millones de personas. De poco sirvieron los intentos de negociación y concesiones a Junts o las advertencias de que entre los más de un millón de hogares afectados había votantes de todos los partidos.

En la tarde de este 28 de abril, el Congreso ha tumbado el segundo real decreto ley del escudo social de la guerra de Irán con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. La ausencia más reveladora de la tarde, sin embargo, ha sido la de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que estaba en el Senado.

Este real decreto, que ha estado vigente durante un mes, permitía ampliar dos años los contratos de alquiler con un límite de subida interanual del 2%, una cifra que está muy por debajo del aumento que tendrán que asumir los hogares a causa del aumento de la inflación.

Entre el 22 de marzo y el 28 de abril, miles de inquilinos han podido solicitar la prórroga, cuya aplicación es automática si se solicitó a través de burofax antes de la derogación de la norma. Estos hogares podrán ahorrarse entre dos mil y cuatro mil euros al año en unos alquileres que han aumentado cerca del 50% en el último lustro.

La defensa de la medida en el Congreso ha venido de la mano del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha comenzado recordando el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la vivienda. Bustinduy ha defendido el contenido del decreto que ha servido para que, en sus palabras, decenas de miles de hogares hayan accedido a la prórroga y muchas otras miles hayan podido renegociar sus contratos de alquiler. La prórroga ha servido para contener la espiral alcista de los precios y para lanzar un mensaje disuasorio a quienes “persiguen intereses contrarios a la de la mayoría de los españoles”.

Según el ministro, muchas personas han sido engañadas por las “mentiras” interesadas a favor de los fondos buitre y no han optado por pedir la prórroga, ello a pesar de que, según una encuesta de Ateneo del Dato, los electores de los partidos de derecha apoyaban la medida. “Lo que hoy se vota aquí es evitar que el expolio continúe”, ha defendido Bustinduy. Según su Ministerio, la medida aportaba un ahorro estimado de 2.000 euros al año para un hogar medio, que puede llegar a ser de 600 o 700 euros al mes en ciudades tensionadas como Madrid, Málaga o Sevilla.

Bustinduy ha sido crítico con la derecha, mientras que Agueda Micó (Compromís) ha señalado directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), por no “haber hecho nada para que saliera adelante” la votación de el Decreto. “Vuestros compañeros de Gobierno no han estado a la altura”, ha criticado Micó. Ione Belarra (Podemos) ha criticado igualmente al PSOE, al que ha acusado de trocear el Decreto para que cayera la parte relativa al alquiler. Según Belarra, al Gobierno “lo va a tirar” que el PSOE “no hace nada con el principal problema de los españoles”.

En su turno de réplica, Bustinduy sí se ha dirigido a los socialistas para pedir más voluntad política y que la medida vuelva a llegar al Congreso después de tumbar el Decreto. Para el ministro el voto negativo muestra una “desconexión radical” entre la mayoría hoy de la Cámara y la población. 

Oskar Matute, de EH Bildu, ha defendido la necesidad de un frente común de los partidos de izquierda y progresista en materia de vivienda. “Estamos apelando al sentido común de la gente para que entiendan que no van a perder dinero, que van a ganar un poco menos”, ha dicho al diputado abertzale en referencia a los arrendadores. 

Por su parte, Gabriel Rufián ha criticado a los partidos de derecha, muy especialmente a Junts por alinearse con PP y Vox bajo una bandera, la del billete de 50 euros que ha sacado en la tribuna del Congreso. “¿Qué intereses empresariales tienen con este voto?”, ha preguntado el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha pedido que se investigue a los diputados de Junts para saber si tienen intereses en el mercado del alquiler. “Son los responsables de que tres millones de personas hoy vivan un poco más angustiadas”, ha dicho Rufián, citando por sus nombres y apellidos a los diputados de Junts.

El Gobierno ha sido incapaz de mover a Junts

Sumar intentó convencer a Junts hasta última hora con “matizaciones” en el texto del decreto —compensaciones a los propietarios— y rebajas en el IVA a los trabajadores autónomos que menos ganan. Pero el partido de Carles Puigdemont ha mantenido su negativa a apoyar un real decreto ley que tampoco ha sido respaldado por el PNV, quien ha apuntado a la falta de seguridad jurídica para justificar su abstención.

“El PNV no cuestiona la buena voluntad de las medidas”, ha declarado Maribel Vaquero, que ha cuestionado que los inquilinos que ya han solicitado la prórroga puedan acogerse a ella una vez derogado el decreto. El resto de las derechas ha desarrollado el plan previsto: culpar al Gobierno de la situación de la vivienda y apelar a los votantes que se verán perjudicados por el decaimiento de este Decreto como víctimas de la mala gestión del Gobierno que ha promovido la medida.

Podemos, por su parte, ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto “mes a mes” para proteger de desahucios invisibles a las familias afectadas. El PP centró su discurso de rechazo en una supuesta “disminución de oferta” y de seguridad para los propietarios. “Ni siquiera el Partido Socialista está posicionándose a favor del fondo de este decreto, y quiere dejar a sus socios solos, como lo ha dejado en el Consejo de Ministros, donde a regañadientes el Partido Socialista lo aprueba”, declaró Alberto Núñez Feijóo poco antes de la votación. 

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado a la movilización social ante la alianza de la derecha en el Congreso: “No nos vamos a rendir”. El sindicato de inquilinos de Madrid ya había convocado un día antes una gran movilización de Atocha a Sevilla el 24 de mayo con el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.

El Sindicat de Llogaters de Catalunya ha llamado a la huelga general para protestar por la derogación de la medida y la incapacidad del Gobierno de encontrar soluciones para la gran crisis de la vivienda. El portavoz de este colectivo, Enric Aragonès, advirtió sobre los intentos de “desinformación” que vendrán y recuerda que “todas las prórrogas que se hayan solicitado mientras la medida estaba vigente son válidas”. El sindicat ha lanzado una web con modelos de respuesta para las inmobiliarias y arrendadores que quieran cuestionar las moratorias solicitadas.

La otra ausencia destacada de la tarde, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado marcada por sus palabras en el Bloomberg CityLab 2026. En ese foro, el presidente ha criticado que “hay capitales en las que las familias destinan más del 70% de sus ingresos a la vivienda” y lo ha catalogado como una ”fuente de injusticia". Sánchez se ha abierto a una mayor intervención en materia de vivienda, aunque no ha especificado ninguna medida concreta. La que estaba vigente, de hecho, ya no la está desde la tarde de hoy, 28 de abril.