Junta de Andalucía
La Junta se prepara para dar luz verde a una ley que asfixia a las universidades públicas

La Junta de Andalucía está pisando el acelerador para dar luz verde a distintas leyes antes de que la avalancha de la campaña electoral les impida aprobar proyectos. Una de las legislaciones más impopulares que el Gobierno andaluz pretende hacer realidad antes de que finalice febrero es la Ley Universitaria para Andalucía (Lupa), que desde 2024 le está llevando a tener grandes enfrentamientos con los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas, así como con sindicatos educativos, colectivos sociales y el ala izquierda de la oposición en el Parlamento andaluz.

Durante todo el año pasado, los rectores universitarios, agrupados en la  Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (Aupa), mostraron en diversas ocasiones el descontento que tienen con la gestión en esta materia de la Junta. A finales de 2025, las universidades exigen al Gobierno andaluz que cumpla “sus obligaciones y compromisos financieros” con el Sistema Universitario Público andaluz. La Aupa señalaba el incumplimiento por parte de la administración de los acuerdos presupuestarios durante 2024 y 2025 y de la normativa Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo, del Sistema Universitario (Losu). En diciembre de 2024, los dirigentes de las universidades andaluzas amenazaron a la Junta por no abonar a estas instituciones 50 millones de euros de la financiación estipulada. Las tensiones acerca de la “infrafinanciación” denunciada por la Aupa podrían aumentar cuando se apruebe la nueva ley universitaria.

Infrafinanciación

Uno de los puntos más controversiales de la Lupa es la falta de compromiso con la denominada “suficiencia financiera”, que obliga a la Junta a asegurar los recursos necesarios de la universidad pública. Un principio que sí recoge la hasta ahora ley vigente en esta materia. Además, otra de las críticas es que, a pesar del acuerdo de gobierno que en 2023 estipuló que el 1% del PIB andaluz iría destinado al sostenimiento de la red universitaria pública, la ley no hace referencia a ello.

“En cuanto al reparto del dinero, la Universidad está cogiendo el camino que cogió la sanidad; con las mismas herramientas se estrangula la pública y se invierte en la privada”, expone Antonio Frutos del sindicato Ustea.

La legislación sería la guinda a años de políticas basadas en la “asfixia” al sistema público universitario que ya está mostrando sus consecuencias en estos centros. “Hay departamentos en los que se ha prohibido imprimir a color, hay mucho profesorado con complementos que no los cobran desde 2024; en mi laboratorio antes había repuestos, pero ya no están reponiendo los repuestos y quizá si se rompe algo no pueda ser reemplazado. Es una parte anecdótica y muy visual de lo que está pasando”, explica Salvador Pineda de la plataforma UMAxLaPublica sobre la situación que está atravesando la universidad malagueña. “Aquí se ha dado la tormenta perfecta, es algo que ya estamos sufriendo, pero que tarde o temprano llegará al resto de universidades”, insiste. Desde el sindicato Ustea, Antonio Frutos expone la deriva privatizadora que está asolando el sistema público universitario: “En cuanto al reparto del dinero, está cogiendo el camino que cogió la sanidad; con las mismas herramientas se estrangula la pública y se invierte en la privada”. “El objetivo de la ley es no apoyar la universidad pública”, expone Raquel Almodóvar, profesora interina de la Universidad de Sevilla.

Antes de 2019, año en el que se inició el Gobierno de Moreno Bonilla, la presencia de la universidad privada en Andalucía era anecdótica, con tan solo una universidad, la Loyola. En estos años se han aprobado otras tres, entre las que se encuentran la CEU Fernando III y Utamed. Otros seis proyectos universitarios privados se encuentran en proceso.

“Si se invierte en la privada y se estrangula la financiación de la pública, no se puede contratar a profesorado o PAS; en algunos centros ya tenemos el discurso de que sobra gente, que hay que reducir plantilla; es un desprestigio para que la gente se vaya a la privada”, reitera Frutos. El texto de la Lupa además borra de un plumazo la palabra “pública” en su artículo 32, relativo a los derechos del estudiantado, una palabra que sí se muestra en la Losu y en la legislación andaluza anterior de 2005 como deber a salvaguardar por la institución.

Autonomía y derechos laborales

La Lupa incorpora al sistema universitario público la figura del interventor, que será obligatoria en todas las universidades, para, como expone la Junta “garantizar una gestión económica transparente”. Sin embargo el colectivo de rectores andaluces ha puesto el foco sobre esto exponiendo que podría tratarse de “injerencias” en la “autonomía” de la que deben disfrutar la institución universitaria. El presidente de la asociación, Francisco Oliva expone que se trata de una “restricción flagrante de la autonomía universitaria” y ha recordado que las universidades ya cuentan con varios organismos de fiscalización como el Consejo Social, compuesto por miembros externos a la entidad.

La autonomía universitaria está protegida por la Constitución española y la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Oliva expone que la ley andaluza se encontraría “en el límite de la inconstitucionalidad”. El artículo 38 de la LUPA expone que “se pueden hacer encargos docentes por encima de la asignación docente”. Es decir, el profesorado impartirá más asignaturas de las que tienen asignadas en un primer momento. “Se sobrecarga a los contratados para dar más clase porque no se contrata a más gente; es consecuencia de la asfixia”, matiza Pineda.

Desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas exponen que la Lupa supone una “restricción flagrante de la autonomía universitaria”.

Según datos de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, más de un 40% del profesorado universitario se encuentra en situación de interinidad. Una cifra muy por encima del 8% que establece la Lopsu. Este colectivo se verá afectado por la Lupa, que recoge que el profesorado solo podrá estar dos años en esta situación, pero no plantea un proyecto de estabilización. “La temporalidad se acaba cuando estabilizas a las personas; la calidad de la docencia va a bajar porque, si el profesorado se tiene que enfrentar continuamente a nuevos contratos, es difícil asentar los conocimientos”, sostiene Raquel US. Estas políticas universitarias llevan a que dentro de la institución se privaticen o se reduzcan servicios como la limpieza, la seguridad o las labores administrativas “en cuanto al PAS, el discurso es que sobra gente, el objetivo es reducir plantillas”, expone Frutos.

A pesar de la presión social, se espera que la ley obtenga la luz verde en el próximo pleno andaluz, a pesar de que en noviembre el ala izquierda de la oposición en el parlamento andaluz enmendaron en su totalidad el proyecto. Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida,  ha pedido a la sociedad “movilizarse” contra esta normativa que considera “una privatización descarada” del sistema público. Desde Adelante Andalucía denuncian que la Lupa no “blinda la universidad pública frente a la injerencia programada de fondos de inversión y otro tipo de 'chiringuitos' privados”.

Colectivos, trabajadoras y trabajadores y oposición coinciden en que la ley alejará de hacerse realidad el lema “el hijo del obrero a la universidad” y lo sustituirá por la presencia del capital privado.