Huelva
El ladrillo amenaza a El Rompido, de las playas menos urbanizadas de Huelva, pese a la advertencia ecologista

Hasta el día de hoy, la playa de El Rompido (Huelva) ha sido uno de los lugares menos urbanizados de todo el litoral onubense. Fe de ello dan las casitas bajas y blancas que componen el frente de la localidad, que deja muy atrás de las olas las urbanizaciones turísticas y los campos de golf que ejercen presión sobre la zona desde las afueras. El municipio ha conseguido contener la expansión inmobiliaria al estar rodeado del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. Una contención que lleva años extendiéndose y la llegada del proyecto Sagitta podría suponer un gran punto de inflexión.

El pasado febrero las excavadoras llegaban al terreno para construir este complejo urbanístico. Unas obras que se paralizaron a mediados de marzo tras que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva acordara la suspensión cautelar provisionalísima tras una solicitud presentada por la Federación Ecologistas en Acción de Huelva que ordenaba la paralización por la actuación de tala y arranque de vegetación que se estaba produciendo. 

Una suspensión que apenas duró unos días, ya que la misma institución decidió el 25 de marzo levantar la orden y que la construcción se siguiera ejecutando. A día de hoy, la maquinaria pesada, excavadoras y bulldozers siguen trabajando para que el proyecto de la filial de la constructora vasca Altuna y Uría se haga realidad.

El proyecto construirá en 130 hectáreas de espacio natural junto a los Pinares de Cartaya para construir, además de cientos de apartamentos, “un hotel, campo de golf, áreas deportivas, wellness, shopping y un beach club”.

Además de cortar vegetación y “devorarla”, la maquinaria está “abriendo amplias franjas totalmente devastadas y modulando las lomas del terreno para el inicio de la construcción propiamente dicha, como si se tratase de un avance destructor imparable, a las ‘fieles órdenes de don dinero'”, exponen desde Ecologistas en Acción. Desde la organización insisten en que el avance de la obra “busca aparentar y publicitar la fuerza imparable del proyecto inmobiliario, obviando la demostrada riqueza natural de la zona, y actuando al margen de la ley con apariencia de legalidad”.

Afectará a zonas naturas

Loiola, la promotora parte de Altuna y Uría, define el proyecto como “eco-consciente” y “respetuoso con el entorno”. A pesar de que vaya a utilizar más de 130 hectáreas de espacio natural junto a los Pinares de Cartaya para construir, además de cientos de apartamentos, “un hotel, campo de golf, áreas deportivas, wellness, shopping y un beach club”.

Los ecologistas sostienen que el proyecto afectará a zonas naturales como el monte público Campo Común de Abajo, el Estuario del Río Piedras, un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y las Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, una Zona Especial para Protección de Aves (Zepa). Además, la organización ha catalogado más de doce plantas protegidas en peligro, así como distintos hábitats de interés comunitario (HIC) protegidos por la Unión Europea. 

La promotora reconoce que se trata de “un enclave privilegiado de la costa atlántica andaluza, entre marismas, océano y pinares”.  Ecologistas señalan que las palabras de promoción “son un indicador del valor del patrimonio natural condenado a sufrir esta agresión, porque no cabe duda del impacto que la nueva urbanización, su campo de golf y los usos náuticos y de playa de sus habitantes van a suponer para estos espacios protegidos, sus poblaciones de avifauna y sus hábitats en un entorno ya más que saturado”.

La organización ha presentado un nuevo recurso de apelación para que se paralicen las obras del proyecto. El proyecto tiene una aprobación ambiental que se aprobó en 2007 y el proyecto tuvo la luz verde en 2012, hace catorce años, pero la crisis del ladrillo de 2008 lo paralizó. El pasado 2024, la Junta de Andalucía le emitía una nueva autorización ambiental unificada. Los expertos insisten en que no sería aprobado con las legislaciones de protección ambiental actuales.

Desde la coalición Por Andalucía han mostrado su “firme oposición” al proyecto, ya que consideran que se trata de “un modelo de desarrollo que no responde a la realidad del territorio y que incrementa la masificación”. En la localidad se “sufren continuos cortes de agua y electricidad” que afectan a la población que allí vive todo el año; la formación considera que este impulso inmobiliario agravaría la situación.