Opinión
Dieciséis años parando desahucios: lo que enseñan 1.303 casos de la PAH Barcelona

El desahucio de Maricarmen, echada a los 87 años del piso en Madrid en el que vivía desde 1956, ha llenado las calles y ha llevado al Gobierno a aprobar el llamado “Decreto Maricarmen”, el Real Decreto-ley 29/2026, que suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y que todavía tiene que convalidar la Diputación Permanente.

Desafortunadamente, el de Maricarmen no es un caso aislado. Cientos de miles de personas han pasado por la dramática experiencia de uno o varios desahucios. En Barcelona, Blanca, una vecina del Raval de 78 años, fue desahuciada en febrero de 2024 por una deuda de 88 euros. En septiembre, Olga se quitó la vida pocos meses después de haber sido desahuciada y en octubre Javier, un zapatero de 60 años, se suicidó ante el inminente desahucio de su tienda. La lista de personas desahuciadas desde 2008 es interminable y constituye el síntoma más evidente de una crisis de la vivienda que, a lo largo de los últimos 20 años, ha evolucionado y se ha transformado, pero que nunca ha terminado. Entre 2008 y 2025, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, en España, se registraron más de 870.000 desahucios. En 2025 fueron 24.540, el 74,6% en procedimientos de alquiler. 

De la hipoteca a la deuda de por vida

Con el estallido de la crisis financiera mundial, el sueño del modelo español de una vivienda en propiedad para todos y como “inversión segura” —que había alimentado una auténtica fiebre hipotecaria— se desvaneció de golpe. El rápido aumento del desempleo para muchas personas y familias pronto supuso la imposibilidad de pagar sus deudas. La consecuencia fue una oleada de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Buena parte de aquellas hipotecas se habían firmado sobre tasaciones infladas, así que cuando los precios cayeron, muchas familias perdieron la casa y siguieron debiendo al banco parte del préstamo. Miles de personas quedaron atrapadas en una deuda imposible de pagar, con la angustia, la culpa y el aislamiento que eso conlleva y que la PAH ha visto en casi todas las personas que cruzan las puertas de una asamblea. 

El 52,6% de los desahucios acompañados por la PAH se suspendió antes de la fecha y otro 34,7% se paró en la puerta

La PAH nació en Barcelona en febrero de 2009, en ese contexto. Desde el principio defendió que la responsabilidad de la crisis hipotecaria era de bancos y gobiernos y no de quien no podía pagar, y en 2013 llevó al Congreso una iniciativa legislativa popular por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social que reunió cerca de 1,4 millones de firmas. También apeló al derecho a la vivienda para justificar la desobediencia civil frente a los desahucios. Pero pasar de la teoría a la práctica no fue inmediato y nunca ha sido fácil. Para las activistas, de hecho, parar un desahucio conlleva no solo el riesgo de ser denunciadas y detenidas por la policía, sino también, potencialmente, de enfrentarse a acusaciones penales por obstrucción a la justicia, especialmente después de la aprobación de la ley mordaza. El argumento de la PAH es que, en un contexto de violación sistémica de los derechos de las personas afectadas por la crisis de la vivienda, las prácticas de resistencia como parar los desahucios u ocupar y recuperar pisos y edificios vacíos (como hizo el 7 de noviembre la PAHC Bages en Manresa, en un bloque vacío de la Sareb que, tras un intento de desalojo, la entidad ha acordado ceder al Ayuntamiento como vivienda pública) representan la única forma de garantizar su propio derecho a la vivienda. 

La Bisbal, noviembre de 2010

Pasaron muchos meses antes de que se intentara parar el primer desahucio. 

“Durante mucho tiempo no se daban las condiciones para intentar parar un desahucio, y mucho menos con desobediencia civil. La gente tenía vergüenza y miedo, muchos casi no hablaban de su problema delante de los demás”. 

Así recordaba en 2019, en una entrevista con los autores, una de las fundadoras y exportavoces de la PAH. La situación cambió cuando Lluís, vecino de La Bisbal del Penedès, explicó en una asamblea que él y su familia estaban dispuestos a resistir. El 3 de noviembre de 2010 la comisión judicial se presentó en su casa. 

“Alquilamos un autobús viejo a un amigo y fuimos a La Bisbal. Cada uno tenía su papel, como ahora: unos hablaban con la policía y la comisión judicial, otros grababan y el resto nos quedamos con Lluís y su familia en la puerta para impedir que entraran. Se notaba la tensión. Queríamos parar el desahucio de forma pacífica, para demostrar que se podía hacer con la desobediencia civil. Lo grabamos todo y el impacto en los medios fue enorme. Fue nuestra primera gran victoria, la primera de muchas”.

Una cincuentena de activistas y vecinos impidió el paso a la comisión judicial, que se marchó sin ejecutar el lanzamiento. Aquel día se considera el inicio de la campaña Stop Desahucios, un modelo que desde entonces ha ayudado a frenar decenas de miles de desahucios en todo el Estado. Concentrarse ante la puerta para impedir un desahucio se ha convertido en una práctica habitual de sindicatos de inquilinas, sindicatos de barrio y asociaciones vecinales en toda España.

Hacia la burbuja de los alquileres

Mientras tanto, la prioridad de los gobiernos fue el rescate y la reorganización del sistema financiero. En 2009 se creó el FROB y en 2012 el Gobierno pidió a sus socios europeos una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca, de la que usó unos 41.300 millones. En su última fiscalización, dada a conocer el 30 de octubre, el Tribunal de Cuentas sitúa el coste del rescate bancario en 66.617 millones de euros, 43.272 de ellos procedentes del Tesoro Público. A finales de 2012 nació la Sareb, el llamado banco malo, que compró a los bancos rescatados unos 200.000 pisos por 50.781 millones de euros. Esas viviendas no sirvieron para ampliar el parque público y muchas acabaron en manos de fondos de inversión internacionales. 

Al mismo tiempo, la Ley 11/2009 había creado las socimis, sociedades de inversión inmobiliaria con ventajas fiscales pensadas para atraer nuevos capitales hacia el sector de la vivienda. Justo cuando el alquiler se convertía en una solución, a menudo obligatoria, para una parte cada vez mayor de la población española, el Gobierno del PP aprobó la Ley 4/2013, que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reduciendo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos.

En 2025 se ejecutó uno de cada cinco desahucios acompañados por la PAH; hasta 2019 nunca había pasado del 5%

La desregulación y la financiarización del mercado del alquiler tenían como objetivo crear nuevas oportunidades para los bancos, que poseían un número considerable de inmuebles adquiridos gracias a miles de ejecuciones hipotecarias efectuadas en los años anteriores, así como para los inversores internacionales. Consecuentemente, en un contexto de austeridad, reducción de la inversión pública y privatización de partes importantes del parque de vivienda pública, nuevos actores, como los fondos de inversión internacionales, han irrumpido con fuerza en el mercado inmobiliario español. Estos actores pueden adquirir miles de pisos, gracias a la privatización del parque de viviendas públicas o absorbiendo las hipotecas morosas de prestamistas privados o de “bancos malos”.

La evolución de la crisis hacia una nueva fase, caracterizada por los aumentos incontrolados de los precios de los alquileres, se refleja en los datos sobre desahucios. Según el CGPJ, entre 2013 y 2018, el 56% de los 386.101 desahucios estaban relacionados con el alquiler y el 39% con ejecuciones hipotecarias.

A lo largo de los años la composición de las asambleas de la PAH de Barcelona ha reflejado estos cambios. Ya desde 2014, el número de personas que han acudido al movimiento con problemas relacionados con el alquiler o que ya estaban ocupando no ha dejado de aumentar. También han vuelto a las asambleas decenas de personas que habían luchado con la PAH en los años anteriores obteniendo una dación en pago y un alquiler social que les había permitido seguir viviendo en sus casas y que ahora tenían que renegociar estos alquileres sociales con fondos buitre como Blackstone o Cerberus, que mientras tanto habían comprado sus casas.

Esto ha supuesto una serie de retos para la plataforma, que ha tenido que adaptar la estructura de las asambleas, los protocolos de intervención y los documentos útiles para poder abordar de forma eficaz también los casos relacionados con problemas de alquiler y ocupación. 

Estos cambios provocaron también un aumento en el número de desahucios gestionados por la PAH de Barcelona. Paralelamente, en la negociación para detener los desahucios han crecido los casos con pequeños propietarios y empresas inmobiliarias. Además, parar un desahucio en muchos casos solo significa aplazarlo y ganar un poco de tiempo para seguir negociando con la propiedad y/o buscar una solución de vivienda alternativa a través de los servicios sociales.

Afortunadamente en estos años han surgido y crecido otros colectivos que también acompañan a familias y organizan piquetes. En 2017 nació el Sindicat de Llogateres, y en muchos barrios se han organizado sindicatos de vivienda y asambleas que paran los desahucios de su territorio. Quien se enfrenta hoy a un desahucio en Barcelona, en Cataluña o en España tiene más puertas a las que llamar que hace diez años.

Resultados y límites de la moratoria de desahucios

Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia de covid-19, el Gobierno español declaró el estado de alarma en todo el territorio y decretó el confinamiento. Mientras el eslogan “quedaos en casa” se convertía en un mantra repetido por los medios de comunicación, el acceso a una vivienda de repente era una cuestión de seguridad y salud para todas. El Gobierno de coalición formado entonces por el PSOE y Podemos, pocos días después del inicio del confinamiento, aprobó una serie de medidas de apoyo al derecho a la vivienda, entre ellas una moratoria parcial sobre los desahucios. La moratoria se ha ido prorrogando, con algunos cambios, de año en año gracias a la presión de los movimientos sociales hasta diciembre de 2025. En 2026 los tres intentos por parte del gobierno central de reintroducir una nueva moratoria sobre desahucios a través de diferentes decretos han fracasado por los votos contrarios en el Parlamento del PP, Vox y Junts. 

Según los últimos datos del Observatori DESCA, la moratoria entre 2020 y 2025 permitió paralizar hasta 70.000 desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, en esos mismos años, el CGPJ contabilizó 187.794 lanzamientos practicados.

La eficacia de la moratoria ha sido limitada por algunos problemas nunca resueltos. El primero es que se exigía a las personas que demostraran su vulnerabilidad mediante toda una serie de documentos, a pesar de que los servicios sociales ya elaboraban un informe. Otra limitación es que la norma deja bastante margen a los juzgados para decidir si aplicar o no la moratoria. Además, con el paso del tiempo en muchos casos los jueces han decidido no aplicar la moratoria. Y luego está el problema fundamental de la falta de alternativas de vivienda y de mecanismos y recursos para crearla. 

En 2025 se ejecutaron siete de cada diez desahucios tramitados en Barcelona, frente al 40-52,5% de 2016-2021

Como muestra el gráfico, mientras que los desahucios hipotecarios disminuyeron progresivamente, creció constantemente el peso de desahucios por alquiler. Tras la pandemia, el número total de desahucios disminuyó. No obstante, entre 2020 y 2025, España siguió registrando más de 187.000 desahucios, con una media de más de 31.000 casos al año, a pesar de que la moratoria estaba en vigor.

Lo que cuentan 1.303 desahucios gestionados por la PAH en Barcelona

Desde 2016, la PAH Barcelona apunta en una base de datos cada desahucio que llega a la asamblea de bienvenida de los lunes: el tipo de problema (hipoteca, alquiler u ocupación sin título), cómo termina y dónde estaba la vivienda. Entre 2016 y 2025 suman 1.303 casos, que se han analizado detalladamente.

Los datos reflejan cómo ha cambiado la crisis. Los desahucios por hipoteca, que fueron el origen de la PAH, son el 14,4% de los casos gestionados por el movimiento entre 2016 y 2025. Casi la mitad (47%) tienen que ver con el alquiler y el 38,6%, con la ocupación de una vivienda sin título.

Los casos alcanzaron su máximo en 2018 y 2019, con 230 cada año, la mayoría por alquiler. A partir de 2020, con la moratoria, el volumen bajó, pero creció el peso de la ocupación, que en 2020 y 2021 fue el principal motivo. Las medidas aprobadas durante la pandemia protegían sobre todo a quien tenía una hipoteca o un contrato de alquiler y dejaban más expuestas a las familias que, sin otra opción, habían ocupado un piso.

Casi nueve de cada diez desahucios que llegaron a la PAH (el 87,3%) se pararon. En el 52,6% de los casos el desahucio se suspendió antes de la fecha, después de negociar con la propiedad, el banco, el Ayuntamiento o los servicios sociales, y en otro 34,7% se paró en la puerta. Solo se ejecutó el 6,8%.

Los desahucios por hipoteca, que dieron origen a la PAH, son solo el 14,4% de los casos acompañados entre 2016 y 2025

Esa media esconde un cambio. En 2018 y 2019, con más casos que nunca, también se pararon en la puerta más desahucios que nunca, alrededor del 45%. Entre 2020 y 2023 aumentaron las suspensiones sin necesidad de ir a la puerta, en parte por la moratoria. Desde 2022, en cambio, crecen los desahucios ejecutados en la PAH de Barcelona: el 13,3% en 2022, el 15,3% en 2024 y el 21% en 2025, cuando hasta 2019 nunca habían pasado del 5%.

Los datos oficiales apuntan en la misma dirección. Según el CGPJ, de los lanzamientos que tramitó el servicio común de los juzgados de Barcelona, se cumplieron entre el 40% y el 52,5% en 2016-2021 y el 71% en 2025. Si es verdad que los desahucios han disminuido, cada vez es más difícil pararlos.

También influye quién es el propietario. Con los bancos, en los casos hipotecarios, los procesos son más largos y generalmente hay más margen de negociación. El resultado es que solo se ejecutó el 3,7% de esos desahucios. Con pequeños propietarios y fondos la negociación es más difícil y los procedimientos van más rápido: se ejecutaron el 8,2% de los desahucios por alquiler y el 6,2% de los de ocupación.

Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc

Los casos están geolocalizados. La mayoría se concentran en barrios obreros y de rentas bajas: Sants-Montjuïc suma 262 casos, Ciutat Vella y Nou Barris 153 cada uno y Sant Martí 110. En Sarrià-Sant Gervasi solo hay 18, y en Les Corts, 9. Los desahucios por alquiler aparecen por toda la ciudad, mientras que los de ocupación se agrupan en los barrios más pobres, donde muchas familias que no pueden entrar en el mercado de alquiler ni acceder a vivienda pública acaban ocupando. Los hipotecarios, herencia de la primera fase de la crisis, están más repartidos en los barrios periféricos de Barcelona.

El análisis por barrios muestra también lo que llamamos “efecto Leiva”. Alrededor de la sede de la PAH Barcelona, en la calle Leiva, en Sants, hay más casos y, sobre todo, más desahucios parados en la puerta. Estar cerca y bien comunicado facilita que la gente llegue a la asamblea, y las acciones de parar en puerta funcionan mejor donde hay red vecinal, porque cuanta más gente hay en la puerta más difícil resulta ejecutar el desahucio. Las suspensiones negociadas, en cambio, se reparten por toda la ciudad, y los desahucios ejecutados aparecen dispersos, también en zonas con menos tejido organizado.

Mucho más que parar desahucios

Los datos confirman el valor de la campaña Stop Desahucios. De los 1.303 desahucios que llegaron a la PAH Barcelona entre 2016 y 2025, casi nueve de cada diez se pararon. Detrás de cada uno hay asesoramiento y empoderamiento colectivo, acompañamientos a los juzgados y a los servicios sociales, negociaciones con bancos y propietarios, acciones, y, cuando hace falta, decenas de personas en la puerta. La asamblea convierte un problema que se vive en soledad y con vergüenza en una lucha colectiva, y a menudo es el único lugar donde las personas afectadas encuentran apoyo y tiempo para buscar una salida. Y son sobre todo mujeres: en la última encuesta de la PAH y la Aliança contra la Pobresa Energètica (2023-2024), el 71% de las personas encuestadas eran mujeres y más de la mitad había nacido en países de renta media o baja. Como explicaba Julieta Lechini en estas mismas páginas, frente a la especulación que nos violenta, defender el hogar es una lucha feminista.

En muchos casos suspender un desahucio solo da algo de tiempo a una familia que sigue sin alternativa: en mayo, 754 familias esperaban un piso de la Mesa de Emergencia de Barcelona, su máximo histórico.

Por eso no basta con suspender desahucios. Hacen falta realojos dignos, que ningún desahucio se ejecute sin alternativa habitacional y, sobre todo, un cambio de modelo de vivienda: regular y bajar los alquileres, contratos indefinidos, prohibir las compras especulativas de vivienda, expropiar los pisos de fondos buitre y bancos e invertir de forma decidida en vivienda pública. Es lo que se reclamará en la huelga general del 11 de noviembre, dieciséis años después de aquel primer desahucio parado en La Bisbal.