València
El abandono institucional deja sin techo a una familia en Alginet (València)
A las doce del mediodía del lunes 16 de noviembre, con la mayoría de los apartamentos de verano de Oropesa del Mar con las persianas bajadas, Teresa Ortiz guarda las últimas bolsas en el maletero y recorre los 134 kilómetros que la separan de Alginet para acudir a una citación del Ayuntamiento. En su cabeza ronda la idea de que, si de esa reunión no sale una solución habitacional, podría verse obligada a pasar la noche en el coche junto a su hijo de 13 años.
Teresa y su familia llevan dos años encadenando desplazamientos. Todo comenzó el 29 de octubre de 2024, cuando la dana —acompañada en Alginet por un tornado— dañó su vivienda en el barrio del Poble Nou. La situación se agravó el pasado 31 de octubre. Apenas llovía cuando, a la una y media de la madrugada, un estruendo sacudió el inmueble al desplomarse parte de la terraza superior y del tejado. En el interior dormían su hijo, cuatro animales de compañía y su madre, ciega desde los 21 años y en situación de gran dependencia. Teresa no pudo subir a comprobar el alcance del derrumbe porque la escalera de acceso a la primera planta llevaba colapsada desde el temporal de 2024.
Minutos después de llamar al 112, efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos inspeccionaron el inmueble desde el exterior con una escalera y ordenaron el desalojo inmediato por riesgo de colapso. “Me siento insignificante e invisible ante el desamparo institucional que estamos viviendo”, denuncia Ortiz.
Dos años de inestabilidad
La vivienda del Poble Nou, levantada en 1930 con muros de ladrillo y techos de cañizo y heredada de su bisabuela, ya arrastraba achaques antes de 2024, cuando la madre de Teresa apenas podía mantenerla. Sin embargo, la dana y el tornado de 2024 comprometieron su estructura: arrancaron parte de la cubierta, hundieron la escalera interior y arrojaron sobre el tejado restos de edificios colindantes —incluido un depósito de fibrocemento que aún sigue sin retirarse—. “Recuerdo que la casa temblaba. Intenté abrir la puerta, pero la fuerza del viento me lo impedía; se arrancó la persiana y el tornado rompió parte de la fachada”, rememora sobre aquella noche que, según explica, dejó a madre e hijo un trauma que se reactiva con cada alerta meteorológica.
El riesgo aumenta por la ubicación del inmueble, al sur de Alginet, donde confluyen las escorrentías de los barrancos de la Font del Senyor y del Calvari. Hace veinte años se construyó una rotonda elevada en la avenida que actúa como un dique: bloquea el desagüe natural y devuelve el agua hacia las plantas bajas cuando llueve con fuerza. Sin escalera, resultaba imposible acceder al piso superior en caso de inundación. Antes de la evacuación de octubre, la familia ya había huido tres veces: el 16 de septiembre salieron “con el agua por las rodillas” hacia la casa de una familiar; semanas después se refugiaron en Cullera ante un aviso rojo, y más tarde en Benicàssim durante la dana Adam. La ayuda de 5.300 euros de la Fundación Amancio Ortega y la indemnización del seguro permitieron reparaciones menores, pero resultaron insuficientes frente a un presupuesto de arreglo del tejado superior a 17.000 euros, y los fondos acabaron consumiéndose en realojos de emergencia.
El decreto municipal declaró el estado de ruina, pero tramitó el caso como una orden de ejecución forzosa: exigió a Teresa acordonar la zona y contratar a un técnico privado en 24 horas
Perder la vivienda supone también dejar atrás el hogar en el que Teresa creció y en el que, años después, crió a su hijo tras salir de una relación marcada por la violencia de género. “No hemos vivido nunca con lujos, pero era una casa cálida y segura, que era lo importante”, relata. “Ya no es quitarnos un techo, es arrancarnos una parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de nuestro arraigo familiar”.
No obtuvieron respuesta oficial hasta el 10 de noviembre, diez días después del desalojo. El decreto municipal declaró el estado de ruina, pero tramitó el caso como una orden de ejecución forzosa: exigió a Teresa acordonar la zona y contratar a un técnico privado en 24 horas, colocar redes y apuntalar forjados en 48 horas y presentar un proyecto técnico junto al Informe de Evaluación del Edificio en diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas y ejecución subsidiaria a su costa. A ello se suman los cobros pendientes de la Diputación: “Aún me están pasando los recibos del IBI y de la basura de una casa declarada inhabitable, que tuve que fraccionar y encima me los reclaman por vía ejecutiva”, lamenta. En un escrito de urgencia, Teresa advirtió de su imposibilidad material para asumir esos gastos, recordando además que no ostenta la plena propiedad libre de cargas, ya que el usufructo vitalicio de la vivienda pertenece a su madre.
Un piso turístico a 134 kilómetros para no separar a la familia
Sin alternativa pública ni red familiar que pudiera acogerlos a todos juntos, Teresa buscó en internet el alojamiento más barato que admitiera mascotas. Lo encontró a 134 kilómetros de Alginet, en Oropesa del Mar (Castellón). “Si no hubiese cobrado justo en ese momento, no habría podido pagarlo”, reconoce tras haber afrontado un gasto de más de 1.200 euros en apenas dos semanas.
Desde aquel apartamento blanco y frío, con apenas las pertenencias que habían podido rescatar la noche del 31 de octubre y las medicinas de la abuela, Teresa siguió las movilizaciones por el 11N. “Todos queremos lo mismo: un hogar digno y seguro”, convencida de que su situación refleja un problema estructural en el acceso a la vivienda y en la atención a las emergencias tras la dana. El desplazamiento ha impedido a su hijo de 13 años —operado días antes de urgencia de apendicitis en el Hospital Clínico de València— acudir presencialmente al instituto, obligándolo a seguir las clases a distancia. “Le han privado hasta del derecho a estudiar”, denuncia Teresa.
La situación también afecta a la salud de su madre, quien sufrió una crisis de asfixia en Oropesa que requirió movilizar una ambulancia. “Me pregunta todos los días: ‘Avui, on anem?’”. Es una persona ciega que depende de mí hasta para ir al baño”, explica Ortiz.
La respuesta municipal
Al acercarse el viernes 13 de noviembre (fecha en que vencía el plazo del Síndic) y agotarse los ahorros para renovar el alquiler en Castellón, Servicios Sociales planteó tres opciones que Teresa consideró inviables. Primero le sugirieron buscar un alquiler privado en Alginet para el día siguiente, algo “imposible por la falta de oferta y los filtros de los seguros de impago”. Después le propusieron un apartamento turístico en Alginet durante siete días, con un coste de unos 600 euros, de los que debía adelantar 300, y no admitían animales.
La concejala de Servicios Sociales, Carmen Ribera, sostiene que el Ayuntamiento carece de parque público de viviendas y de recursos propios para un realojo inmediato, aunque asegura que han tramitado de urgencia ante la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) una vivienda pública —con oferta en Algemesí o Silla— y gestionan acelerar una plaza residencial para la madre. Respecto a las mascotas, le propusieron dejarlas en un centro de acogida de animales.
Teresa rechaza esa condición porque considera que supone “romper la familia”, una unidad amparada por la Ley de Bienestar Animal y los protocolos de Protección Civil Convive con cuatro animales: dos gatos de dos meses en acogida, un perro de 17 años con insuficiencia renal y un soplo cardíaco que requiere medicación constante, y una perra catalogada como potencialmente peligrosa (PPP) de cinco años cuya tenencia está sujeta a requisitos legales específicos. “Parece que eres tú quien rechaza la ayuda, cuando lo que te ofrecen es un parche inviable. Sentí que me decían: 'Como no has querido abandonarlos, ahora te quedas en la calle'”, explica.
El lunes 16 de noviembre finalizó la estancia en Castelló. Tras dejar a su madre en casa de un familiar para evitarle dormir a la intemperie tras registrar un escrito advirtiendo de que no podía cuidarla sin un techo, Teresa acudió a la cita en Alginet en la que le comunicaron que seguían a la espera de una respuesta de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).
Desde entonces, ella y su hijo de 13 años dependen de la acogida puntual en casas de conocidos para pasar la noche. “Gobernar no es solo aceptar un cargo; es estar ahí cuando tu pueblo te necesita. No pedimos lujos, solo vivir en una casa digna y segura sin miedo a que se nos caiga encima”, reclama Teresa.
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