Madrid
La lucha de Fátima, Kamal y sus hijas por quedarse en su casa
La familia de Fátima Daoudi vive desde hace once años en un piso en alquiler en el barrio de Vallecas, donde han hecho su vida. Sin embargo, ella, su marido Kamal Benledda, panadero de profesión, y sus dos hijas, de 13 y 10 años, se enfrentan a un desahucio promovido por un fondo de inversión, a pesar de haber pagado puntualmente el alquiler durante años y de querer seguir haciéndolo.
La familia se instaló en la casa en 2015. Lo que no sabían era que esta había pasado por un proceso de ejecución hipotecaria cuando el anterior propietario, y quien les alquilaba el piso, dejó de pagar la hipoteca. Subastada en 2008, la adquirió BBVA y terminó en manos del fondo de inversión Whitehead Invest SL, y gestionada por la inmobiliaria Hipoges. Mientras, la familia residía en la casa, convencida de que tenía un contrato válido.
En noviembre de 2025 intentaron consignar el dinero del alquiler en el juzgado, pero en julio el juzgado rechazó la consignación. “Aceptaba el pago hasta julio, los demás meses están ahí en el juzgado. Entonces cuando dejamos de pagar fue cuando mandaron el juicio”, cuenta Daoudi. Ahora, Whitehead Invest SL reclama el inmueble y los cuatro miembros de la familia se enfrentan al desahucio.
Desahucio parado por la presión social
“Yo tengo contrato y quiero que lo respeten, quiero pagar un alquiler”, dice Daoudi, que ha estado acompañada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. Su primer intento de desahucio, el pasado 6 de julio, se frenó gracias a la movilización vecinal y de varias plataformas de vivienda y se pospuso para el 18 de septiembre. También lograron que el juzgado anulara una vista previa en la que la familia no había dispuesto de un abogado de oficio, lo que les impidió defenderse en su momento, y con ello, se volvió a detener el segundo intento de desalojo.
“Me dijeron, como tienes dos menores no te vamos a sacar pero te vamos a dar otra fecha. Ese día la casa no debe tener muebles, tiene que estar vacía”, recuerda esta mujer. “Pues tendremos que ir a la calle, es que no hay alquiler, no hay pisos, está muy caro, yo no puedo entrar en un piso que vale 1.200 euros, 1.300, ¿qué comemos? ¿de qué vamos a vivir?”.
“Me decían te vamos a sacar, sois ratas, os vamos a sacar de ahí. Sufrí mucho, ataques de ansiedad, la presión, lo pasé mal cada vez que aparecían en la puerta”, cuenta la vecina de Vallecas cuando sufrió el acoso de una empresa de desokupación
Relata haber sufrido, además, visitas de empresas de desokupación en 2025: “Me hacían la vida imposible”, dice, y cuenta que varios hombres la esperaban en su puerta, llegando a aparcar una furgoneta en la acera frente a su casa e incluso a subir a la puerta de su vivienda, donde asegura que intentaron forzar la cerradura. “Estaba dentro con mis hijas, abrieron la puerta de abajo. Eran cuatro hombres. Primero llamaron al timbre, las niñas siempre corren porque piensan que es el padre, les dije que no abrieran. Entonces ellos intentaron abrir con una tarjeta. Les dije que iba a llamar a la policía, bajaron y se quedaron fuera”. En esa ocasión, miembros de la PAH acudieron a acompañarlas.
“Me decían te vamos a sacar, sois ratas, os vamos a sacar de ahí. Sufrí mucho, ataques de ansiedad, la presión, lo pasé mal cada vez que aparecían en la puerta”, cuenta. Sin embargo, aclara que cuando se lo comentaron a la empresa Hipoges, estos negaron haber contratado a ninguna empresa de desokupación. Hipoges ha sido contactada para conocer su versión sobre lo sucedido, pero no ha querido hacer comentarios sobre este caso.
Los juzgados, proclives a los propietarios
“Este no es un caso de ocupación o un desahucio por falta de pago, es un caso totalmente diferente”, dice la abogada de la familia, Conchi Freire San José. “La legislación que se aplica tampoco es la misma. Ellos hasta ahora ni siquiera se les podía aplicar el decreto. Cuando cogí el caso no había ningún decreto vigente, pero aunque hubiera estado vigente no se les hubiera podido aplicar”.
“Hay juzgados que incluso estando cualquiera de los decretos en vigor han dicho, al lanzamiento, y luego vas al Constitucional y lo ganas dentro de ocho años, pero ya te has ido de tu casa. Vete a reclamar”, sostiene la abogada de la familia
El 21 de octubre de 2026 se celebró un nuevo juicio para determinar si la familia puede ser considerada ocupante de buena fe. Ferie defendió que Daoudi debe ser considerada poseedora de buena fe al haber ocupado la vivienda con un contrato de alquiler y con el convencimiento de que este era válido, basándose en el artículo 433 del Código Civil. La propiedad trató de demostrar lo contrario. Según la abogada, Hipoges argumentó que, al haberse firmado el contrato de alquiler después de la constitución de la hipoteca, el arrendamiento no puede prevalecer frente a la ejecución hipotecaria. El juicio aún está pendiente de resolución.
“Los juzgados están siendo muy proclives a los propietarios. En general. Hay juzgados que incluso estando cualquiera de los decretos en vigor han dicho, al lanzamiento, y luego vas al Constitucional y lo ganas dentro de ocho años, pero ya te has ido de tu casa. Vete a reclamar”, explica Freire.
Sin opción a quedarse en su casa
El caso es un ejemplo del recorrido de algunas viviendas procedentes de entidades bancarias que terminan en manos de sociedades de inversión. También pone el foco en las sociedades de inversión que adquieren activos inmobiliarios. Whitehead Invest SL, propietaria de la vivienda, es una sociedad constituida en España cuyo socio único es Anfora Investing UK Limited Partnership, una sociedad británica. La estructura societaria dificulta conocer directamente quiénes son las personas físicas que están detrás de la empresa.
Hipoges figura entre las sociedades apoderadas para actuar en su nombre, según los registros. Es una empresa especializada en la gestión de activos inmobiliarios y financieros, que trabaja para entidades financieras e inversores. Su actividad incluye la gestión de préstamos impagados, inmuebles adjudicados y procesos de recuperación y comercialización de activos.
“Hemos dicho, vale, buscadnos otra vivienda, pero en el barrio, que mis hijas ya están aquí en el colegio, el trabajo de mi marido es aquí en Madrid”, explica Fátima
La familia ha tenido reuniones con mediadores y representantes de Hipoges, quienes les ofrecieron varias opciones, como la compra del piso (opción que queda fuera de sus posibilidades económicas), o el alquiler con derecho a compra. Sin embargo, según Daoudi, no les ofrecieron un alquiler social porque no disponían de un informe de vulnerabilidad. También les han ofrecido ayuda para buscar otra vivienda.
“Dicen que nos buscan otra vivienda, pero ¿por qué no nos pueden alquilar esta?”, dice Daoudi. “Hemos dicho, vale, buscadnos otra vivienda, pero en el barrio, que mis hijas ya están aquí en el colegio, el trabajo de mi marido es aquí en Madrid”. Lo que desean es poder quedarse en su casa. “Yo llevo muchos años, la casa la tengo amueblada, yo he gastado mucho dinero en ella, he tenido que pagar yo lo que se estropea y lo que se rompe”. En esa misma línea, la PAH de Vallekas exige a los propietarios que retiren la denuncia judicial y que se sienten a negociar un alquiler social que permita la permanencia de la familia en su hogar donde ya cuentan con arraigo.
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