Granada
El Ministerio de Infancia remite informe a Fiscalía por presunto maltrato institucional al hijo de Juana Rivas

El Ministerio de Juventud e Infancia ha elevado nuevamente un oficio a la Fiscalía General del Estado, informando sobre los hechos acontecidos en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, una entidad dependiente de la Junta de Andalucía, en relación con la entrega fallida del hijo menor de Juana Rivas el pasado martes. La decisión surge tras la recepción de un informe firmado por la psicóloga M.T.R.G. que acompañaba a los hijos de Rivas.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia alertan de la “profunda gravedad” de los hechos narrados en este informe. Según estas fuentes, el documento confirma y “testifica en primera persona el maltrato psicológico al que se está sometiendo al niño por parte de los profesionales del PEF y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Las mismas fuentes ministeriales han enfatizado que el rol del Ministerio en este caso es “garantizar la protección del menor, su derecho a la defensa y a ser escuchado”, aspectos que, según señalan, “hasta ahora ninguna institución de Granada ha garantizado”.
El Gobierno de España, a través de estas fuentes, ha manifestado su rotundo rechazo a “la violencia institucional que se está ejerciendo contra un menor” y ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” del conjunto de los poderes públicos.
“Es importante buscar y habilitar los espacios para que Gabriel y Daniel sean escuchados, hay mecanismos para que un panel de personas expertas atiendan a un niño y se evalúe correctamente”, Sira Rego.
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha declarado esta mañana en medios de comunicación en Barcelona informando de que “ha ido poniendo en manos de la fiscalía todo lo que ha ido conociendo de relevancia en este caso”. Sira ha vuelto a señalar que lo que le importa es “ese niño y los derechos de ese niño”, que es importante “buscar y habilitar los espacios para que Gabriel y Daniel sean escuchados, para que sean oídos” y que hay mecanismos “para que un panel de personas expertas atiendan a un niño y se evalúe correctamente, independientemente de todo lo demás”, incidiendo en la necesidad de que “los niños y las niñas tengan derecho a la defensa en un procedimiento cuando sea necesario”.
Querella de Gabriel, el hermano mayor de Daniel, por las actuaciones
Gabriel Arcuri Rivas, el hermano mayor de Daniel, de 19 años, ha presentado esta mañana de jueves una querella contra su padre y contra P.D.M, psicóloga que actuó en nombre del padre en la entrega prevista para el pasado martes en el PEF de Granada. La querella, a la que ha tenido acceso El Salto Diario, relata que la psicóloga ejerció una intensa y prolongada presión psicológica sobre el menor para convencerle de que “tiene que marcharse con su padre, eso es una realidad inevitable”. Algo que, según el querellante, “provocó una crisis aguda de ansiedad al menor que reclama asistencia médica y que la psicóloga abandone la sala”. Algo que no se produce.
La querella apunta a un supuesto delito de uso de intimidación para “tomar la decisión de volver con su padre a Italia, pese a que este manifestase claramente su voluntad de no hacerlo, valiéndose de un entorno intimidante y durante un periodo de tiempo extenso, de dos horas y treinta y siete minutos”.
La querella describe las diligencias de investigación a practicar que incluyen declaración de querellados, el volcado de la grabación de los hechos denunciados; además de solicitar una orden de protección para la víctima y dejar sin efecto la orden de entrega del hijo menor de Juana Rivas al padre.
Gabriel ya había compartido su propia experiencia en una carta dirigida a los medios de comunicación donde expone lo que considera “cinco años de abuso y maltrato tras ser entregado a su padre, Francesco, en 2017, cuando tenía la misma edad que Daniel ahora”. Gabriel expone ese momento con una dura afirmación, “no permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace 8 años”.
“No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace 8 años”, Gabriel, hijo mayor de Juana Rivas.
En la carta, Gabriel relata cómo sus derechos no fueron defendidos y cómo, tras años de sufrimiento, logró ser devuelto a España sólo por el hecho de tener la edad legal de decidir por si mismo. Ahora, Gabriel lucha incansablemente en los tribunales para proteger a Daniel, quien, según él, también es víctima de malos tratos por parte de su padre. El padre de ambos se enfrentará a un juicio en Italia por presuntos malos tratos continuados, y Gabriel confía “en una condena basada en pruebas irrefutables”. El joven hace un llamado desesperado a que se escuche a Daniel y no se le obligue a ir con su padre, temiendo que se repita la situación que él mismo vivió hace ocho años.
Garantizar la seguridad y los derechos de los menores
Por otro lado, la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, entidad con un enfoque prioritario en el estudio y prevención de la violencia vicaria, ha emitido un contundente comunicado en respuesta a lo que califican de “maltrato institucional” sufrido por el menor Daniel, de 11 años, el pasado 22 de julio de 2025, en dependencias de un servicio público en Granada. Bajo el lema “Actuar en la violencia vicaria habitual para no lamentar la violencia vicaria extrema”, la asociación busca alertar a la sociedad y a las autoridades sobre los graves riesgos que enfrentan los niños y niñas víctimas de esta forma de violencia.
La Asociación de Mujeres Psicología Feminista cuestiona duramente la profesionalidad de la intervención, la falta de protocolos claros y la cualificación del personal del centro que gestionó la entrega de Daniel en Granada.
Según la asociación, el menor fue retenido durante tres horas, durante las cuales expresó su miedo y denunció los malos tratos de su padre, mientras intentaban “convencerle” de que su padre era bueno. La asociación cuestiona duramente la profesionalidad de la intervención, la falta de protocolos claros y la cualificación del personal, alertando sobre el grave riesgo de amenaza de muerte o autolisis inducida que, según ellos, corre el menor. Exigen una investigación a fondo de lo sucedido y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan, con el objetivo de prevenir que la violencia vicaria habitual derive en un desenlace irreversible para Daniel.
Las psicólogas solicitan que se realicen “las investigaciones pertinentes a fondo de este episodio” en las dependencias del servicio público y que “se tomen las medidas oportunas por las autoridades competentes”, buscando además “evitar que esto pueda suceder con otros niños y niñas”, como ha declarado para este medio, Mariló Rubio, portavoz de la asociación.
Ambos relatos convergen en la urgencia de escuchar y proteger a Daniel, resaltando las graves consecuencias de la violencia vicaria y la necesidad de una actuación institucional que garantice la seguridad y los derechos de los menores.
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